MUTATIS MUTANDIS

 El 22 de marzo del 2006 un comunicado de ETA anunciaba un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo, con el objetivo de impulsar un proceso democrático en Euskal Herria, para construir un nuevo marco en el que fueran reconocido los derechos que nos corresponden como pueblo. El proceso debe terminar, según ETA,  mediante la decisión de los vascos sobre su propio futuro y, el reconocimiento por los estados español y francés de los resultados, sin ningún tipo de limitaciones.

 

El 23 de marzo ETA elaboraba un segundo comunicado en el que aclaraba que el objetivo del citado proceso, es un cambio político que supere el actual marco de negación, partición e imposición, marco, añadimos, que viene definido política y jurídicamente por la constitución española del 78.

 

En definitiva ETA volvía a reproducir, como los nudos a desatar para la resolución del llamado conflicto vasco, sin aludir expresamente a ellos, lo que en la anterior tregua de 1998 definía como mínimos democráticos: el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la territorialidad, mínimos que ha vuelto a reproducir en el número 111 de  Zutabe.

 

Para ETA no existe alternativa entre lo que define como el autonomismo divisor y la soberanía en la autodeterminación y la territorialidad, por lo que resulta necesario superar  el actual marco político-constitucional y superar la división institucional y estatal. Superar significa generar un proceso que vaya más allá de la Carta Magna, mediante el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la unidad política de Euskal Herria, y más allá del Estatuto de Gernika, el Amejoramiento Foral navarro y la división política de nuestro pueblo entre los estados español y francés. Se trata de soberanizar desde la integridad territorial de Euskal Herria el conflicto vasco y de negar el pactismo, que favorece los intereses del autonomismo divisor.

 

El 21 de junio del 2006 ETA volvía a emitir un comunicado exigiendo que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución sea un obstáculo o limite, en el desarrollo de la decisión que, mayoritariamente, adopte el Pueblo Vasco.

 

Este comunicado era respondido por el presidente del Gobierno español Jose Luis Rodríguez Zapatero, a través de una declaración institucional emitida el 29 de junio en la que el Gobierno en la que, tras manifestar  que los vascos decidieron libremente de su futuro, se comprometía a respetar las decisiones que los ciudadanos vascos adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos, en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción, expresando el compromiso absoluto del Gobierno, con los valores, principios y reglas de la Constitución de 1978.

 

De este juego de sutilezas semánticas, cuando no de proyecciones de imágenes distorsionadas al conjunto de ciudadanos vascos, se concluye que  ETA mantiene las mismas claves que las contenidas en la Alternativa KAS, que también condicionaron la tregua que anunció el 16 de septiembre de 1998 y el Gobierno español, que sigue aferrado al título preliminar del texto constitucional, está encorsetado entre su propio electorado, que no va aceptar ninguna cesión autodeterminista para los vascos  y la presión que ejerce el PP, deseoso de aparecer como el único garante de la unidad de España.

 

En ambas posiciones hay, sin embargo, un elemento común: si los mimbres para ETA parten de la negación de la voluntad de los vascos, libremente expresada y consensuada en el Estatuto de Gernika, los mimbres para el Gobierno español parten del encorsetamiento de esa voluntad en un texto constitucional que no fue avalado por la mayoría de los vascos, lo que Zapatero definió en la expresión “si vivimos juntos decidimos juntos”. 

 

Sobre semejantes bases, del todo irreconciliables, no es posible construir un proceso dirigido a las llamadas pacificación y normalización de Euskal Herria, términos que, a pesar de haber hecho fortuna en el lenguaje político, distan mucho de la realidad sociológica de nuestro país, pacífica, salvo por la intransigencia, el fanatismo y la actuación violenta de unos pocos y normalizada, pese al incumplimiento estatutario por parte de los sucesivos gobiernos habidos en el estado, que decidieron proceder al incumplimiento sistemático del Estatuto vasco, cuando llegaron a la convicción de que dejaba de ser un instrumento útil para acabar con ETA.

 

La pacificación de Euskal Herria vendrá por tanto, no por el libre juego de las voluntades de los actores que han asumido el protagonismo negociador, sin llegar al pesimismo del “...uomini non fanno mai buon a meno che la necessità le guidi ad esso”, sino por la imposición democrática de la ciudadanía vasca.

 

El único beneficiado del fracaso del  proceso negociador, único, porque aunque haya dos mesas de negociación, ETA condiciona los acuerdos habidos en una a los resultados existentes en la otra, es la organización terrorista, que hará responsable del mismo al Gobierno español, con la complicidad del PNV, por su política represiva y la negación de ambos mínimos democráticos, con lo que su pretensión de convertirse en portavoz y  garante de la voluntad de los vascos saldrá nuevamente reforzada.

 

Son dos los factores que están retrasando esa  ruptura:

 

a)      Por un lado su convicción de que la oferta de tregua está agudizando las contradicciones en el seno del nacionalismo vasco, al existir sectores que entienden que estamos en una nueva fase, en la que no se trata de avanzar en el autogobierno vasco a través de un proceso de reforma estatutaria, con un incremento de nuestro nivel competencial,  sino que el derecho a decidir y la asunción de la realidad de que hay un problema territorial, que puede tratarse con fórmulas conciliadoras por parte de todos, son puntos ineludibles y si no es posible el consenso político habrá que ir a un proceso de “rompe y rasga” con el estado español. Lo que ETA ha definido en alguna ocasión como ruptura democrática [1] .

b)      Por otro lado, la interiorización de que hay sectores de su base social, que en la actualidad se muestran dubitativos con el ejercicio de la violencia como método de acción política y que la única forma de acabar con su debilidad revolucionaria y su actitud revisionista, es reideologizándoles en la convicción,   de que todos los intentos de cese de la violencia por parte de la organización han tenido como respuesta una estrategia represiva por parte del estado, con la complicidad nacionalista,  para doblegar a la izquierda abertzale o acabar con ella. Esto es: la búsqueda de una nueva legitimación para el ejercicio de la lucha armada.

 

El fracaso de este proceso al que le va a traer costes electorales es al gobierno socialista, especialmente en el electorado del resto del estado, porque más allá del voluntarismo que ha demostrado hasta la fecha, no va a poder justificarlo si permanece anclado en posiciones inmovilistas. Creer que con la aproximación  de los presos a las cárceles de Euskal Herria y la concesión de excepcionales medidas de gracia, además de la legalización de Batasuna ,se va a acabar con el ejercicio de la violencia por parte de ETA es no entender su planteamiento estratégico. El PP que ha hecho del proceso negociador, un injustificable y demagógico “casus belli” le estará esperando.

 

La cuestión ante este escenario es que debe hacer el nacionalismo vasco, cómo canalizar, sobre bases democráticas, un acuerdo construido en claves de enfrentamiento.

 

Las bases para el camino adecuado, no se encuentran lejos de las que está sosteniendo EAJ-PNV que, -aunque puntualmente pudiera parecer que hace un ejercicio excesivo de prudencia, al no reclamar una mayor participación en el proceso de pacificación, del que, no debe olvidarse que sus principales víctimas han sido ciudadanos vascos, a los que nuestros poderes públicos tienen  la obligación de tutelar-, está acreditando una notable responsabilidad política. Así, el presidente del EBB, Josu Jon Imaz ha planteado la necesidad de un acuerdo político [2] primero entre vascos, acerca de cómo nos construimos desde el pluralismo de la sociedad vasca –el respeto a los diferentes sentimientos identitarios, tratando de integrarlos en un esquema de pacto y compromiso- y el respeto a nuestra libre decisión, desde un principio de no unilateralidad, a través de un pacto con el Estado, pacto basado en la aceptación de las reglas del juego democrático, el respeto a los marcos legales actuales, así como la posibilidad real de su modificación.

 

Frente a los que creen que la transversalidad esconde un derecho de veto, más allá de las legítimas aspiraciones que los nacionalistas vascos podamos tener a la libertad como sujeto colectivo, se nos impone la actual realidad sociopolítica  de nuestro país, en la que de cumplirse los augurios del fracaso del proceso negociador, el socialismo español se va a ver en la obligación de tener que dar cobertura a sus expresiones de respeto a la voluntad de los ciudadanos vascos y, el nacionalismo vasco, si sigue manteniendo el sentido de país que ha acreditado hasta la fecha, tendrá que evitar caer en la estrategia de confrontación y conflicto social que tiene a ETA como su vanguardia.

 

Contribuir al llamado proceso de pacificación en clave democrática requiere, por consiguiente:

 

a)     La desoberanización [3] del debate político vasco sobre bases más democráticas: el desarrollo de la libertad y  el incremento de la justicia social para el conjunto de los ciudadanos de Euskal Herria, en una sociedad cada vez con tics más autoritarios, con una progresiva pérdida de valores y con un desigual reparto de la riqueza.

b)     Un esfuerzo didáctico, dirigido a exponer con claridad al conjunto de los ciudadanos vascos, las posiciones político-estratégicas que están adoptando los actores principales en este proceso.

c)      Un proceso participativo por medio de la movilización democrática frente a ETA, como organización enemiga del Pueblo Vasco.

d)     El refuerzo de la legitimidad democrática del Estatuto de Gernika, -de todo el estatuto, incluida su disposición adicional única-, que constituye hasta el día de hoy, el único pacto jurídico-político refrendado por la mayoría de los ciudadanos vascos de tres de nuestros territorios históricos.

e)     Un proceso de profundización democrática mediante la adecuación estatutaria a nuestras justas aspiraciones a un mayor autogobierno, aspiraciones que anhela la base social del nacionalismo vasco y aceptan los vascos que comparten su sentimiento identitario con el español, al comprobar la mayor eficacia de un sistema descentralizado horizontal y verticalmente. 

 

Kepa Bilbao Gaubeka

Deustu 2006/11/05

 

 

[1] Para ETA en la transición democrática democrática española se produjo una encrucijada entre «la reforma basada en el constitucionalismo español o la ruptura democrática sustentada en el derecho de autodeterminación». El triunfo de la primera apuesta, según remarca, ha provocado «la prolongación del conflicto y la multiplicación de sus desgraciadas consecuencias en todos estos años». Ahora, considera, «es tiempo de intentar la segunda opción, es hora de hacer un esfuerzo firme por recuperar todos los derechos que se le niegan a Euskal Herria y por superar el conflicto».

 

2  DEIA, 29 de junio de 2006

 

3 Patxi López: defendemos una única soberanía con dos ámbitos de decisión. Deia, 22-10-2006