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(40 - 2006ko Abendua)

LAS INSTITUCIONES Y EL JUEGO ESTRATÉGICO DE LA PAZ

 Decíamos en otra ocasión que este proceso político se iba a desenvolver como todos, como un ‘gran juego’ de estrategias, manifestando los actores en el escenario una gran capacidad de movimientos de posición tácticos de acuerdo con lo que conviene a la línea estratégica que representan. Cada uno de estos actores busca influir, aportar y, si puede, determinar el programa de la paz. La sociedad, que desea abrumadoramente la paz, quiere también verse reflejada en ella a través de sus representantes políticos a los que quieren ver activos y con ideas claras, con iniciativa y sin retraimiento. O sea que participar en ese ‘gran juego’ no supone nada deshonesto.

 

No obstante, la integridad democrática y la fidelidad a ese clamor de la sociedad exigen tener en cuenta al menos dos condiciones: uno, que el ‘gran juego’ se desarrolle como un proceso democrático, y dos, que la disputa entre estrategias e intereses diversos obligue a pactos y no derive en un choque de antagonismos. Bajo estas condiciones, y al contrario de lo que comúnmente se piensa, la acción y el contraste públicos de las diversas estrategias protagonistas pueden ayudar a incrementar la cohesión democrática de la sociedad.

 

Hegemonismo. Desde hace algún tiempo, ciertos analistas se valen de un triángulo para representar los vértices en torno a los que se configuran las líneas estratégicas que buscan protagonizar este proceso. Pero, la figura del triángulo no da cuenta de la pluralidad política real del país. En primer lugar, porque deja fuera de juego a los conservadores que, aunque no quieren participar en el proceso de paz, son una fuerza que incide realmente en él. En segundo lugar, porque la cartografía política vasca es tan diversificada que hasta los más pequeños matices juegan un importante papel. Y, en tercer lugar, porque, entre los agentes políticos que actúan ‘intramuros’ del proceso, las líneas estratégicas que más se han empeñado hasta ahora en exhibir su dominio son dos.

 

¿Quiénes mantienen esta conducta hegemonista? Es claro: ETA y la izquierda radical por un lado, y Zapatero y el Gobierno del Estado por el otro. Para los primeros no hay otro método que el de Anoeta. El alto el fuego no supone la renuncia inequívoca a las armas, ya que la actual situación es reversible, y se trata de crear condiciones de desarrollo para un proceso que colme sus aspiraciones finales. Zapatero quiere el final de ETA y ofrece un diálogo en los términos en los que resolvió el Congreso de Diputados en mayo de 2005; es decir, un diálogo en el marco de la ley como resultado de la previa afirmación por parte de los terroristas de su voluntad inequívoca de dejar las armas. La continuidad de la Kale Borroka, del aprovisionamiento de armas,... rompería las ‘reglas de juego’.

 

La realidad, por lo tanto, es que una ecuación en la que unos se creen dueños del método y otros determinan las reglas de juego no puede traer más que una crisis tras otra. De esta manera, cada paso preludia un conflicto (o bloqueo) que habrá de resolverse a través de un nuevo acuerdo (Olarra, Gara 2006-11-07). Un acuerdo que, a falta de un norma compartida, siempre podrá venir por la vía del apremio o, dicho más llanamente, del chantaje. Pese a este hecho, ambos contendientes mantienen dos importantes puntos de coincidencia. A saber, se reconocen recíprocamente como protagonistas principales del ‘juego’ y, a la vez, buscan que los demás actores de la política vasca no jueguen más que un papel subordinado a la polaridad que representan: instituciones del Estado/organización terrorista ETA.

 

Instituciones. Pero, tanto la paz como la normalización forman parte de la ‘res publica’, cuya racionalización y gestión corresponde a las instituciones políticas y sociales. En la medida de que dicha paz y normalización se refieren fundamentalmente a la esfera social vasca, han de ser objeto y deben ser resueltas en el ámbito de la sociedad y la política vascas. Así, es inexcusable reconocer que la sociedad vasca, más allá de su diversa disposición territorial, ha priorizado su condición de sujeto activo contra la violencia y a favor de la política normalizada. Y es, al mismo tiempo, inútil creer que la política vasca, que representa a aquella sociedad, discurre en un vacío institucional. Porque la política, sea con, contra o simplemente sobre las instituciones, debe acabar siempre concretándose en éstas. Por eso lamentábamos, en un artículo anterior, que esta omisión del papel de las instituciones vascas podría conllevar el efecto de sacrificar en el ara de la paz la representación presente de la capacidad de decidir de los vascos de todos los territorios.

 

En Euskadi, el polo institucionista no está organizado, se mantiene en una reserva prudente, a merced de esa bipolaridad dominante. Ante ésta se han posicionado con una estrategia propia los partidos políticos. Pero, los partidos son algo cuando representan, en las instituciones. Por eso, Imaz (PNV) puede tejer complicidades con Zapatero sin tener posibilidades de discutir su liderazgo, pero éste último e Ibarretxe no podrían hacer lo mismo sin que el presidente español reconociera el protagonismo de las instituciones de Euskadi en un plano de igualdad y respeto recíproco. De la misma manera, la ‘mesa de partidos’ no será nada si no encauza su acción deliberativa y resolutiva a través de las instituciones o si, en su caso, no contrasta la representación política de cada una de las fuerzas aspirantes a la mesa en una convocatoria democrática.

 

La verdad es que, hasta ahora, las instituciones vascas han quedado inexplicablemente al margen de la actividad de autentificación de la voluntad de desarme de ETA, cuestión en torno a la que se han desarrollado los primeros meses del proceso. Además, no es buen augurio la indeterminación que se mantiene acerca del papel de las instituciones en la configuración de la mesa de ‘representantes políticos’, que es la otra materia trascendental del proceso.

 

Lehendakari. Ciertamente, la izquierda radical no quiere a Ibarretxe en este proceso. Tampoco, por lo que se dice, lo desea el Partido Socialista. El lehendakari por su parte ha resuelto liderar el acompañamiento del proceso a través de las instituciones locales. La participación social está muy bien. Pero, acompañar es muy poca cosa. Es cierto que supone un nivel de implicación. Pero la implicación manifiesta diferentes dimensiones. Un acompañante puede manifestar interés y preocupación por un tema, puede incluso hacerse con toda la información generada en torno a él, pero acompañar es participar poco, no es dirigir, no es asumir responsabilidades estratégicas, es desistir de la iniciativa política.

 

La política, sin embargo, es acción y dinámica de fuerzas. El lehendakari (como expresión institucional de la voluntad popular) debería llegar más lejos de lo que hasta ahora ha llegado, fortaleciendo con su liderato la posición de la centralidad vasca, sumando fuerzas a la posición más popular, que es la institucional. Ibarretxe tiene el deber institucional de arbitrar el ‘gran juego estratégico’ de modo que discurra en condiciones democráticas. Y para ello, puede recurrir a las herramientas que tiene a mano: su potestad para aportar iniciativas a la agenda política, su facultad de organizar la participación popular –incluso la más genuinamente política, la electoral- y toda su autoridad para garantizar que este mismo proceso sea democrático y no esté al albur de la tutela de sujetos que no tienen legitimidad democrática de la sociedad vasca.

 

Joxan Rekondo