Las comunidades de los territorios forales de la Vasconia peninsular, con Navarra a la cabeza, a lo largo de la historia moderna de la que tenemos noticia, se resistieron a que ningún Rey o sus Cortes del Reino al que se hallaren vinculadas o unidas, decidiesen unilateralmente sobre sus usos, costumbres o leyes. La disposición adicional del Estatuto de Gernika (1979) y la interpretación netamente pactista del Amejoramiento del Fuero (1980) revelan la actualidad del rechazo a decisiones unilaterales por parte del Parlamento y Gobierno españoles en cuestiones que afectan a la CAV o a Navarra.

Precisamente la conciencia del incumplimiento del espíritu y de la letra del contenido pactado en el Estatuto de Gernika de 1979 ha provocado en quienes hace 25 años fueron sus promotores y defensores más exigentes (con inclusión de aquella disposición adicional) con el refrendo de los ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, la necesidad de hallar nuevas fórmulas que garanticen el respeto a la voluntad de la sociedad vasca en las decisiones políticas que le incumben.

El debate sobre el incumplimiento del Estatuto y la necesidad de actualizar un nuevo pacto discurre, además, mezclado con la discusión sobre el modo de hacer frente a la violencia ilegítima de ETA:

• según unos, mientras exista ETA no puede plantearse ni el cumplimiento cabal del Estatuto y mucho menos su desarrollo en el sentido de tener más en cuenta la voluntad de la sociedad vasca en las políticas que le afectan, porque podrían interpretarse como una concesión a la acción de la misma ETA, que pretende legitimar sus acciones de terror como derecho de resistencia contra los poderes que le impiden al Pueblo Vasco ser y decidir libremente;
• según otros, mientras no se cumpla íntegramente el Estatuto y no se respete la voluntad presente y futura de los vascos, ETA seguirá alimentando la cantera de nuevos jóvenes que se opongan al sistema vigente de los estados y estén dispuestos a combatirlo con todas las formas de lucha, incluida la armada.

Mientras haya ETA no se hallan todos los vascos en condiciones de decidir libremente. Mientras los vascos no decidan libremente sobre su futuro no podrán combatir eficientemente a ETA. Ambos asertos contradictorios se complementan, en el momento actual del debate sobre la libre decisión de los vascos.

En este contexto, en el tránsito del año 2004 al 2005, están planteadas varias iniciativas políticas, cuyo debate va a condicionar el futuro institucional de los ciudadanos vascos. Entre ellas la más elaborada es la Propuesta del Gobierno Vasco para la Convivencia en Euskadi, discutida en la Comisión del Parlamento Vasco y lista para ser votada en su pleno del 30-12-2004. Pero como alternativas con vocación de sustituirla deben citarse la presentada por la Izquierda Abertzale en Anoeta el 14-11-2004 y la formulada por el PSE-EE como Bases para la actualización y reforma del Estatuto de Autonomía en diciembre de 2004. Tampoco deben olvidarse las iniciativas del PP para consolidar el frente constitucionalista en términos de mononacionalidad española, o el empeño de UPN para impedir la profundización de la colaboración y unión entre Navarra y la CAV.

En el debate sobre todas estas iniciativas late una pregunta básica: ¿Quién o quiénes son competentes para decidir qué –sobre qué asuntos o cuestiones- y de qué manera en relación a los vascos?

En dicho debate hay mil cuestiones que se solapan entre sí. Y entre ellas hay cuestiones netamente éticas que, a mi juicio, están en la base de algunos de los desencuentros más profundos.

El desarrollo y desenlace de la Propuesta de Nuevo Estatuto para la Convivencia promovida por el Gobierno Vasco bajo el liderazgo del Lehendakari Ibarretxe está condicionado en su misma raíz por la inexistencia de unos principios éticos compartidos entre quienes expresan las diferentes opciones o líneas políticas principales en Vasconia.

Para comprender la trascendencia de los presupuestos éticos en la política deben tenerse en cuenta puntos como éstos:

1. Los principios y criterios que guían el modo de actualizarse personalmente en la historia conforman la identidad ética de los sujetos.
2. Las instituciones políticas (conformadoras de las condiciones públicas de relación social entre personas y pueblos) son, a la vez, efecto y causa de las identidades éticas de sus actores.
3. La ética política tiene como su contenido principal el modo en que las personas son sujetos responsables al enfrentarse al reto de su realidad histórica concreta, lo que incluye el modo de ejercer la libertad de decidir y el modo de asumir los deberes que se derivan de las decisiones asumidas.

Por ello resulta importante la recuperación de un suelo ético común entre sujetos afectados por las decisiones mutuas. Y en tal sentido son retos urgentes de la sociedad vasca:

• Reconocer como sujetos de decisión a todas las personas
• No negar a unas personas el derecho constituyente que se les reconoce a otras (por ejemplo para garantizar institucionalmente su identidad lingüística o libertad de pensamiento y de creencias o su autopertenencia [uni- o pluri] nacional o su religión) al organizar la convivencia social.
• No subordinar las condiciones públicas de desarrollo de las identidades personales a una única dimensión (nacional, estatal, religiosa, ...) y menos aún a una única de las formas posibles de vivir cualesquiera de dichas dimensiones (p.e. identidad nacional vasca, española, francesa, ...).
• Incluir en el reconocimiento de los derechos el deber de solidaridad activa para hacerlos efectivos en la convivencia comunitaria (superando la tentación "democrática" de ignorar a las minorías en cualesquiera de los ámbitos decisorios de los que se trate).

Pero no basta la declaración de principios abstractos en un papel "ajeno" o "neutro" que no vincula realmente, sino que es preciso acertar en la formulación ética de los principios y de las propuestas en torno a los cuales debe girar la reflexión deliberativa y el proceso decisorio, de modo que la formulación de cada iniciativa y propuesta política (así como el argumentario de su defensa) debe preservar el suelo común ético.

Ello es posible si se comparten valores y principios éticos desde los cuales se juzga sobre la legitimidad ética de las ideas e instituciones propuestas en razón de su funcionalidad para hacer efectivos de una manera concreta aquellos valores y principios.

Con el ánimo de contribuir a la crítica ética del actual momento deliberativo, me atrevo a formular las siguientes observaciones:

• Crítica ética a los pronunciamientos del frente constitucionalista

1. Justificar el incumplimiento de pactos suscritos y democráticamente refrendados en lo que hagan o dejen de hacer quienes declararon la guerra a dichos pactos, es abandonar la suerte de la convivencia a la voluntad de saboteadores sociales o militares.
2. No debe condicionarse el debate sobre el ordenamiento vigente y sobre los posibles cambios del mismo (en cualesquiera de los sentidos) a lo que haga o deje de hacer una persona o un grupo que se opone al ejercicio de la libertad de todas las personas para participar en dicho debate
3. Tanto los que quieren mantener como quienes quieren cambiar las condiciones públicas que afectan a las relaciones sociales de los vascos tienen el mismo derecho de iniciativa en el debate sobre los sujetos, contenidos y métodos de decisión que afectan a los vascos.
4. Cualesquiera de las decisiones que afecta a la convivencia de los vascos, institucionalizada contra la voluntad libremente expresada por éstos en sus ámbitos actuales de decisión, conllevará un déficit de integración democrática.

• Crítica ética a los pronunciamientos del MLNV

1. La sociedad vasca ha tenido en el conjunto de los últimos 25 años la posibilidad de optar entre las diferentes propuestas políticas que se han ido definiendo desde partidos y grupos distintos hasta el antagonismo, por lo que la oposición revolucionaria armada contra los resultados institucionales derivados de aquellas opciones no tiene ninguna justificación ética o democrática.
2. No puede éticamente apelar a la voluntad popular futura, quien no respeta la voluntad popular presente.
3. A la sociedad, en sus diferentes ámbitos, corresponde, no sólo responder a la preguntas, sino definir el contenido de éstas.
4. Quien pospone el respeto a los resultados electorales a que su contenido coincida con la propia voluntad particular es totalitario (al modo en que lo fueron Hitler, Stalin o Franco).

• Crítica ética a los pronunciamientos del nacionalismo histórico

1. Los vascos no seremos lo que decidamos sólo los vascos, aunque los vascos tenemos el deber de oponernos a las decisiones que anulan nuestra condición de sujetos en procesos decisorios que afectan a nuestro desarrollo personal y comunitario.
2. Nadie llega a ser lo que desea o quiere ser en su totalidad, por lo que abundar en el discurso de que un nuevo pacto nos va a permitir a los vascos ser lo que queramos resulta engañoso y puede, por ende, ser fuente de frustraciones graves.
3. Hay cuestiones en las que debemos llegar a acuerdos con los que, no siendo vascos, pertenecen al universo actual de nuestras relaciones sociales.
4. En cualesquiera de las opciones políticas que prosperen, para que sean éticamente justas, debe garantizarse el ejercicio de las libertades personales (de lengua, nacionalidad, religión, educación, ...) por parte de todos los ciudadanos afectados.