Artxibo rtf
(30 - 2004ko Urtarrila)

SOBRE LA PROPUESTA DE NUEVO ESTATUTO VASCO

El Gobierno Vasco, con fecha 25 de octubre de 2003, ha dado forma jurídica articulada a la propuesta del Lehendakari Ibarretxe.

Las perspectivas a la hora de abordarlo son múltiples. Vaya por delante anunciar que el presente artículo se va a centrar en comentar los aspectos jurídico-constitucionales más relevantes del documento presentado, acentuando aquellos aspectos que hacen más difícil su aceptación por los, erróneamente llamados constitucionalistas, y que entorpecen su encaje en el texto constitucional español del 78. En definitiva se trata de observar, no la conformidad del autor con el contenido ideológico, incluso jurídico, del documento, sino si el nuevo estatuto político que se propone tiene virtudes suficientes para convertirse en un instrumento de consenso y, en qué medida, sus preceptos son susceptibles de encaje en la Carta Magna española. A este respecto debe recordarse que, este último texto, si bien nunca sido compartido por el nacionalismo vasco, sí se ha aceptado su acatamiento, desde su conceptuación de instrumento útil para la convivencia en el seno del estado y, mientras no atentase, en su aplicación práctica, al irrenunciable derecho a la libertad de nuestro pueblo.

Quede claro también, desde un primer momento, que no voy a abordar la impugnación llevada a cabo por el gobierno del PP a la citada propuesta ante el Tribunal Constitucional, por la vía del artículo 161.2 de la Constitución y los artículos 76 y 77 de la LOTC. Ha habido notables y buenos artículos periodísticos que han analizado aquella, por lo que incidir sobre esta cuestión sería reproducir lo que algunos ya han hecho, con mayor autoridad y sabiduría jurídicas. Destaca sobre todos ellos, por su rigor técnico, el elaborado por la diputada del EAJ-PNV, Margarita Uría, en el diario EL PAIS, del que no soy capaz de precisar su fecha en estos momentos. En general, lo que cabe concluir, como opinión generalizada de la doctrina constitucionalista mayoritaria y más independiente, es la improcedencia del recurso interpuesto por el gobierno de Madrid. Expresión paradigmática de la misma es la posición de Rubio Llorente

Quede constancia también que el presente artículo hay que insertarlo en un esfuerzo de racionalizar el debate entorno al llamado Plan Ibarretxe. Y digo bien esfuerzo, ante el salvaje, sectario y manipulador tratamiento de que ha sido, es y, desgraciadamente seguirá siendo objeto, se comparta o no su contenido y el procedimiento empleado. En este contexto crease que resulta harto difícil tratar de seguir manteniendo la mesura frente a los que satanizan el proyecto, tergiversando su contenido. La apelación a la vía del diálogo, la negociación y la racionalidad políticas, como las únicas vías posibles en un modelo democrático, apelación que lidera nuestro Lehendakari y que muchos compartimos, resulta muy difícil de ser mantenida ante tanta manipulación informativa. Sin embargo es la única posible.

Se trata, por tanto, -a diferencia de lo que sostiene Jorge de Esteban-, de emitir una opinión, -encorsetada por las limitaciones del medio, el procedimiento y el lenguaje empleados: el artículo periodístico- acerca de, en qué medida el texto tiene cabida en la Constitución española. Es sectaria y llena de prejuicios ideológicos una posición frente a la propuesta que la descalifique, a priori, por el hecho de que se interprete como un documento dirigido a prestar cobertura "para dar un paso decisivo en el intento de separación de un territorio de España". Nunca me ha parecido lo sustancial la unidad política, sino la libertad de personas y pueblos. Los vascos hemos sabido vivir en estructuras políticas diferenciadas sin perder la conciencia de nuestra condición. Tenemos el principal factor que mantiene viva nuestra identidad y que nos singulariza de otras comunidades: el euskera. El que todos los pueblos, incluso los supuestos, -permítaseme la ironía-, en cada momento histórico y, en función de su realidad sociológico-demográfica puedan establecer libremente las relaciones jurídico-políticas que estimen convenientes es un principio democrático fundamental. Esta opción ni se opone ni excluye la independencia, entendida en el sentido de la configuración de un nuevo estado, porque éstos son realidades históricas que, definitivamente, se conforman en la modernidad y que no tienen por qué permanecer como realidades políticas inmutables. Sin embargo, es el temor a la quiebra de la integridad territorial del Estado el que subyace en la mayoría de las opiniones vertidas en contra de la propuesta de reforma. El desgajamiento de la sacrosanta unidad de España, así como el dogma de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, son los dos grandes "totems" de los que, con mayor radicalidad, se han colocado frente al plan. Tienen, además, la gran ventaja de que pueden disfrazar su intransigencia bajo el paraguas constitucional.

Finalmente debe partirse de dos presupuestos. En primer lugar que el texto se somete el procedimiento de reforma previsto en el artículo 46 del Estatuto de Gernika, salvo en la consulta que se plantea a los ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, haya o no acuerdo con las Cortes Generales. Debe recordarse a este respecto que la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado, tal y como se fija en el artículo 149.1, 32 de la constitución española y, en su desarrollo, en el artículo 2.1 de la LO 2/1980, de 18 de enero de regulación de las distintas modalidades de referéndum. La convocatoria de la consulta es, por consiguiente, difícilmente compatible con la legalidad vigente. Se ha tratado de solventar esta cuestión mediante la aplicación de distintos mecanismos. Por un lado, utilizando la nomenclatura del termino consulta frente al de referéndum. Por otro, sosteniendo que el resultado del mismo carecerá de efectos jurídicos, cuando nada impide la celebración de referenda consultivos. En tercer lugar apelando a principios democráticos, al derecho que tienen los ciudadanos de la CAV a dar expresión directa de sus ideas. Finalmente, contraponiendo la legitimidad a la legalidad, vía extremadamente peligrosa en casos como el vasco en los que su realidad sociopolítica no da lugar a mayorías cualificadas que posibiliten el recurso a la primera. Por último, desde una perspectiva política se ha condicionado su celebración, a la existencia de un escenario de ausencia de violencia y coacciones. Simplificando: si desde el derecho se ha buscado, con escasa fortuna, la alegalidad que no la ilegalidad; atendiendo a criterios políticos, se ha creado una ambigüedad deliberada en cuanto a las posibilidades de su celebración porque la interpretación de que se den las condiciones que posibiliten la consulta queda en manos del promotor de la misma. La primera se encuentra, sin embargo, en estos momentos con el obstáculo jurídico insalvable de que es competencia exclusiva del estado por disponerlo así el texto constitucional. Y la segunda convierte a ETA en juez de la voluntad de los vascos. De la misma manera que resulta inasumible la posición de los socialistas consistente en que pacificación y normalización son incompatibles, de manera que hasta que no se dé la primera no es posible profundizar en el autogobierno, también resulta poco gratificante que se condicione el que los vascos podamos opinar, a que cese cualquier expresión de violencia.

Ahora bien, el hecho de que en ese momento no se den las condiciones legales, ni políticas –falta de un mínimo consenso entre los partidos vascos- que permitan la celebración de un referéndum, no implica que no se puedan dar en el futuro, ni que el Lehendakari no pueda proceder a la convocatoria anticipada de elecciones asociando el voto emitido al apoyo a su propuesta. En este sentido, las tesis políticas sostenidas por el nuevo gobierno catalán abren un horizonte que veremos en qué cuaja, en relación con la propuesta de reforma estatutaria y la consulta a sus ciudadanos.

En relación con la primera cuestión, la de la legalidad, debe tenerse presente que la atribución de la competencia al estado en el texto constitucional no impide su transferencia a la Comunidad de Euskadi, ni la previsión estatutaria de su incorporación. Sostener otro criterio llevaría a la inconstitucional conclusión de que los estatutos únicamente pueden contemplar en su articulado aquellas competencias que el texto del 78 recoge en el artículo 148, cuando existe la previsión de la transferencia de competencias estatales por la vía del artículo 150.2. Preceptos constitucionales que contemplan la existencia de referenda para la aprobación de los Estatutos de Autonomía son: el artículo 152.2 para aquellas comunidades autónomas que accedieron a su autogobierno por la vía del artículo 151; y la disposición transitoria segunda, que contempla el acceso a la autonomía de aquellos territorios que en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto: el caso vasco, catalán y gallego.

La previsión que contempla el proyecto presentado por el Lehendakari, en el artículo 13, de que corresponda a las Instituciones de la Comunidad de Euskadi la potestad para regular y gestionar la realización de consultas democráticas a la ciudadanía vasca, por vía de referéndum puede tener perfecto acomodo en el texto constitucional previo acuerdo con la administración central y, nada impide que sea objeto de discusión y negociación. Lo que a uno le llama la atención es el terror que tienen algunos analistas a que esta competencia pase a manos vascas. Es paradigmática a este respecto la posición sostenida por Antonio Elorza. Puedo compartir la crítica de la falta de cobertura legal de una consulta celebrada sin la previa cesión de la competencia por el estado, lo que rechazo es su calificación de antidemocrática: por un lado, poniendo de manifiesto la fragilidad de todo procedimiento de democracia directa y, por otro, manteniendo a "machamartillo" la competencia en manos del estado. La consulta a los ciudadanos, con todos los inconvenientes que de la misma se pudieran derivar, es, al final, la última ratio del modelo democrático. Una cosa es que los vascos conviniéramos lo que pactamos con el estado en el Estatuto de Gernika y, otra bien distinta, es que de ese acuerdo se derive la negación de nuestro derecho a emitir nuestra opinión sobre nuestro modelo de relación con otras comunidades –expresamente salvaguardada en la disposición adicional única- y la imposibilidad de que la iniciativa de la consulta se encuentre en manos de nuestras instituciones. Por tanto, lo que es justamente antidemocrático es la negación, como principio, de que los vascos podamos exponer directamente nuestra voluntad. Tendremos oportunidad de seguir con esta cuestión en posteriores líneas.

Sostenida la inviabilidad legal de una consulta "ad hoc" sin el previo acuerdo con las Cortes españolas, lo que en modo alguno es ilegal es asociar la opinión al voto a una opción política. Es más, resulta ser una práctica que se ha ejercido con una relativa frecuencia: la hilazón de un resultado electoral con la aprobación de un determinado y concreto proyecto de ley. Este supuesto, que es el que parece estar en la estrategia política diseñada por el Lehendakari, es perfectamente legítimo y legal, siempre y cuando se explique de una manera diáfana y transparente a los ciudadanos vascos, de manera que sepamos, cuando vayamos a depositar nuestro voto, no sólo a quién sino a qué se lo damos. Lo que es preocupante, de llevar el conflicto político a estos extremos, es el día después. Ya manifesté mi opinión en un artículo anterior recogido en este mismo medio y no voy a insistir sobre esta cuestión. En cualquier caso recordar lo que Batasuna plantea en el documento "Línea política para el curso 2003-2004", aprobado recientemente en su última asamblea clandestina: "los elementos de la ecuación está ahí pero hay que componerlos adecuadamente [...]Nuestro objetivo es aprovechar la ola generada por dicho plan –se refiere al plan Ibarretxe- para fijar las bases de la solución democrática que necesita Euskal Herria".

Analizado el primero de los presupuestos contemplados, el del acomodo del proyecto de reforma a la previsión específica estatutaria, voy con el segundo el de la posibilidad de su ajuste a la constitución del 78. Una de las virtudes y al mismo tiempo una de las fragilidades del texto español es la de su ambigüedad. El consenso constitucional trajo consigo la elaboración de un corpus normativo en el que pudieran tener cabida interpretaciones que permitieran, desde la construcción de un estado unitario hasta su conformación en parámetros cuasiconfederales. De ahí la gran importancia política del Tribunal Constitucional y, de ahí la estrategia no disimulada del PSOE y, con mucho mayor descaro del PP, de judicializar los conflictos políticos, sabedores de que el árbitro está de su parte.

El proyecto del Lehendakari, en la mayoría de sus preceptos, es perfectamente constitucional porque no afecta a aspectos sustanciales específicamente previstos en el texto constitucional, sino al desarrollo legislativo de los mismos. Esto es meridianamente claro en la distribución competencial prevista, en la que se ha querido ser tan transparente, que incluso se ha empleado, -de manera poco hábil en mi opinión,- la misma terminología que la contemplada en los artículos 148 y 149 de la Constitución. El título IV del proyecto de estatuto, es el que contempla, básicamente, esta distribución competencial y es perfectamente compatible con la Carta Magna, salvo en lo que hace referencia al artículo 43.1 que se configura como cláusula residual para atribuir a la Comunidad de Euskadi la potestad legislativa en todas aquellas políticas públicas y ámbitos competenciales no atribuidos expresamente al Estado en el proyecto de Estatuto. La citada cláusula, que obedece a principios propios de una estructura confederal, es contraria a lo dispuesto en el artículo 149.3 de la constitución española que atribuye el estado la competencia sobre aquellas materias que no hayan asumido expresamente los estatutos de autonomía. Como se puede observar, ambas responden a criterios de distribución competencial de naturaleza piramidal, pero mientras el proyecto residencia las mismas en las Comunidades Autónomas que hacen cesión de sus competencias al Estado, la previsión constitucional adopta el criterio justamente contrario, al arrancar sus cimientos de una estructura previa del estado de naturaleza unitaria y centralista. Pero más allá de esta observación nada impide la atribución competencial a la Comunidad de Euskadi del núcleo sustancial de las propuestas estatutarias. Apoyo esta opinión en la mayor autoridad académica y moral de Herrero de Miñón , -en su condición de haber sido uno de los padres de la Constitución- que, textualmente, ha dicho:

"Cuando en septiembre de 2002 el lehendakari Ibarretxe hizo público su plan de reforma radical del Estatuto de Autonomía, afirmé, y he insistido en ello a lo largo de estos meses, que dicho plan, con independencia del juicio político que mereciera, no podía ser tachado de inconstitucional por tres razones fundamentales. Una, porque se trataba de una propuesta de reforma estatutaria de acuerdo con las cláusulas de revisión previstas en el propio Estatuto (artículo 46). Dos, porque la casi totalidad de las propuestas cabían perfectamente en el marco constitucional y afectaban más bien a leyes de desarrollo constitucional. Tres, porque, incluso si la propuesta suponía reforma de la Constitución, el Parlamento vasco, al que el lehendakari presentaba su propuesta, está formalmente legitimado por la Constitución para instar su reforma, según prevén expresamente los artículos 166 y 87.2 de la Constitución"

En relación con esta materia se han realizado afirmaciones sin fundamento. La primera la de los servicios jurídicos del Estado que, partiendo del prejuicio de que el proyecto estatutario no tiene cabida en la Constitución y supone un intento de abierta ruptura de la misma, niegan la posibilidad de su admisión a trámite. Esta tesis llevaría al absurdo de negar la discusión de cualquier texto legal apoyándose en el apriorisma de su inconstitucionalidad. Aparece así un nuevo legislador negativo más allá del Tribunal Constitucional: el abogado general del Estado. No teníamos suficiente con uno y "parió la abuela".

Me ha llamado mucho más la atención la posición de Diego López Garrido. El autor parte de una premisa que comparto, la del carácter pactado del Estatuto. Nuestra posición pactista está definida desde hace ya muchos años y no parece necesario reproducirla. Uno de los vértices de esta tesis, es la imposibilidad de reforma del Estatuto de Gernika unilateralmente, ni por el Parlamento de Gasteiz ni de Nafarroa, por un lado, ni por las Cortes Generales, por otro, necesitándose el acuerdo de ambas voluntades como depositarias de la voluntad de vascos – al menos de los cuatro territorios de hegoalde- y españoles, respectivamente. El aforismo del "pacta sunt servanda", en cualquier caso tendrá validez jurídica en tanto ambas partes permanezcan leales a los acuerdos formalizados y en cuanto el derecho pactado se acomode a la realidad sociopolítica a la que sirve. El problema político se plantea cuando una de las partes contratantes ha sido desleal, mediante la aplicación de una legislación básica reglamentista y la no culminación de las transferencias previstas estatutariamente. En tal caso la parte cumplidora tiene dos opciones, según la teoría general de los contratos, o bien exigir el cumplimiento del pacto u optar por su resolución. El Lehendakari ha optado por presentar un nuevo proyecto de Estatuto por los cauces procedimentales expresamente previstos en el pacto actualmente existente. No hay deslealtad alguna en dicho planteamiento. Todo lo contrario. Lo que si me parecen desleales son posiciones como la sostenida por el citado autor que niega cualquier posibilidad de negociación porque "...la aceptación del plan obligaría antes a una reforma de la Constitución Española que la haría irreconocible. Habría que derogar los artículos 1º (soberanía del pueblo español) y 2º (unidad del Estado y autonomía de nacionalidades), y todo el Título VIII, dado que el proyecto del Gobierno de Vitoria proclama en su artículo 12 un poder constituyente permanente para el "pueblo vasco" que podría cambiar unilateralmente en el futuro su relación con el Estado, sin contar con éste". A vueltas con la unidad de España. La voluntad de asociación, lo que algunos llamamos como dependencia voluntaria, es una voluntad que necesariamente debe permanecer en cada uno de los sujetos que pactan. Dos no se juntan ni permanecen unidos si uno no quiere. Podremos discutir acerca de las consecuencias jurídicas, políticas y económicas que se deriven de una resolución unilateral, tendremos que ponernos de acuerdo en relación con el árbitro o árbitros y los procedimientos para solventar nuestra diferencias, pero lo que no me podrá Ud. obligar es a permanecer en la unidad por la fuerza, ni a que mi voluntad como vasco se diluya en la voluntad del pueblo español. Si planteamos la discusión en términos dogmáticos resultará imposible el acuerdo. El autoritarismo aflora cuando incluso se llega a negar la negociación. Resulta mucho más tolerante y democrática la posición de su compañero de partido Odon Elorza que, en una reciente entrevista en un diario, sostiene: "...el PSE debiera reflexionar sobre si no es necesario y lógico desde el punto de vista de los principios democráticos que el Plan Ibarretxe se pueda discutir en el Parlamento Vasco. Es hora de replantearse esa negativa y defender que el Plan se discuta en su foro natural que es el Parlamento Vasco"

Vayamos ya al contenido concreto del plan. Venía a decir en una reciente entrevista en Deia, Atutxa, -que con tanta dignidad está defendiendo el principio de separación de poderes y la voluntad de los vascos residenciada en nuestro parlamento- que los pueblos pequeños tienen el deber de ser más inteligentes. Yo creo que la propuesta, con independencia de aspectos técnico-constitucionales harto discutibles, ha adolecido de ella en su formulación. Lo digo con humildad pero también con firmeza, desde el convencimiento, de que su redacción ha dado una fácil cobertura retórica a los que, cualquiera que hubiera sido su contenido, se hubieran posicionado en contra de la profundización del autogobierno vasco.

Lo primero que se encuentra el lector cuando acude a la llamada propuesta de estatuto político de la Comunidad de Euskadi es su preámbulo que tiene una notable carga ideológica, capaz de generar el mismo grado de adhesión en un nacionalista vasco que de rechazo en un nacionalista español:

  1. El Pueblo Vasco o Euskal Herria [...] se asienta geográficamente en siete Territorios actualmente articulados en tres ámbitos jurídico-políticos diferentes ubicados en dos Estados
  2. El pueblo vasco tiene derecho a decidir su propio futuro[...] de conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos reconocido internacionalmente.
  3. El ejercicio del derecho de autodeterminación se materializa desde el respeto que tienen los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes ámbitos jurídicos-políticos en los que actualmente se articula a ser consultados para decidir su propio futuro
  4. Los ciudadanos de la actual C.A. de Euskadi, manifiestan su voluntad de formalizar un nuevo pacto político para la convivencia [...] en virtud del respeto y actualización de nuestros derechos históricos recogidos en el Estatuto de Gernika y en la Constitución española

El que suscribe, que comparte íntegramente este doctrinario, salvo en la referencia a los derechos históricos recogidos en la Constitución española, por lo que luego explicaré, difícilmente podría pensar en una introducción más desafortunada, si lo que se trataba de buscar era un texto de consenso. Las razones de la oposición son de método y de contenido.

En relación con la primera, siempre he considerado un error introducir dogmas en los textos jurídico-políticos que buscan el acomodo de sensibilidades identitarias diversas, que, por definición, se conceptúan como proposiciones innegables, no sujetas a discusión. Los dogmas se presentan como verdades absolutas, como principios de fé, no sujetos a demostración empírica y forman parte del sustrato íntimo de los que los suscriben.

En el terreno de las identidades colectivas, resultará extraordinariamente complicado el poder poner de acuerdo a aquél que manifiesta su adhesión a una nación española, de la que formarían parte los vascos, que al que entiende a Euskal Herria como un pueblo con identidad propia y diferenciada, sobre todo, si éste último no comparte una concepción de España que parece haber hecho fortuna últimamente, como nación de naciones y que, en mi opinión, es ciertamente desafortunada en su nomenclatura. La misma legitimidad subjetiva tiene un sentido de pertenencia que el otro y, ambas, pueden tener la misma raíz democrática. Los comportamientos antidemocráticos afloran cuando una no deja expresarse libremente a la otra, bien mediante el uso de la violencia física, bien mediante la compulsión jurídico-constitucional, en la lectura que de la constitución hacen algunos constitucionalistas conversos. En este sentido resultan inaceptables posiciones como las de Recalde que, por un lado, califica como un disparate la legitimidad política en la que se basa el plan, al construirse sobre la base de un sujeto titular, el Pueblo Vasco, que pretende haberse construido a lo largo de la historia y, por otro lado, esa misma legitimidad histórica le sirve para aceptar la existencia de España como unidad social y cultural. La historia que le vale para construir su España, no la acepta para Euskal Herria. Desde esa misma aproximación histórica pero en tesis de contenido democrático, se sitúa Garmendia, en su análisis de la relación existente entre soberanía y pueblo vasco:

"Quienes partes del dogma de la unidad y de la soberanía nacional al establecer las condiciones públicas comunes en las que deben relacionarse ciudadanos pertenecientes a una sociedad plurinacional están haciendo inviable todo intento de unión democrática entre ellos en cuanto ciudadanos individuales y grupos sociales que se identifican a sí mismos como adscritos preferentemente a nacionalidades diferentes, independientemente del ámbito territorial del que estemos hablando"

El mismo componente dogmático que para los que somos nacionalistas vascos tiene la existencia de un Pueblo Vasco, como sujeto político con identidad propia, con capacidad para decidir por sí mismo su futuro, en base al ejercicio del derecho de libredeterminación, lo tiene para un nacionalista español, la existencia de un pueblo español, del que forman parte los vascos y la negación del derecho de autodeterminación, salvo en situaciones de opresión colonial. Un ejemplo de esta última posición, llevada a posiciones totalitarias, podrían serlo perfectamente las declaraciones de Michavila que aseguró que el ejecutivo español "pretende garantizar el derecho de todos los españoles a decidir su futuro y el de todos los ciudadanos del Pais Vasco a vivir en libertad", sosteniendo que el Plan Ibarretxe "invoca un supuesto pueblo vasco con el objeto de que una minoría del pueblo de un Estado se arrogue el derecho de imponer cambios constituciones extensos y hondos a la abrumadora mayoría de ese mismo pueblo, mayoría a la que se desprecia como su para nada hubiera de contar". Las declaraciones del ministro, -que repugnan en la duda que plantea sobre la existencia del pueblo vasco-, únicamente reconocen la existencia de un único pueblo español del que forman parte los vascos, único legitimado, aquél, para decidir su futuro y que, a modo de concesión graciosa, tutela nuestra libertad individual. En claves como la de este nefasto ministro de justicia todos los esfuerzos por encontrar caminos de entendimiento se derrumban cual castillo de naipes, al hacer gala de un autoritarismo antidemocrático inaceptable.

El talante dogmático, radical y autoritario, de muchos de éstos últimos, cuenta, además, con el título preliminar de la constitución que, por definición, constituye su parte dogmática, y da cobertura jurídica a sus postulados políticos. Ahí están los artículos 1 y 2 del texto constitucional español, que responden al modelo jacobino francés diseñado en la constitución de 1958, el cual dedica un título específico a la soberanía –basta para ello comparar el artículo 1.2 de la constitución española: "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del estado" con el artículo 3 de la francesa: "la soberanía nacional reside en el pueblo...".

Sobre esta única base, la de tratar de encontrarnos con aquellos que, desde su legítimo sentido de pertenencia colectiva, mantienen posiciones más tolerantes, me parece claramente improcedente, además de inadecuado desde una perspectiva estratégica, el haber introducido en el preámbulo las afirmaciones anteriormente citadas e incluso haberlo formalizado. Solemos caer en el error de imitar modelos de definición ajenos a nuestra tradición foral que a lo único que nos llevan es a introducir elementos de conflicto, al asentarse sobre los mismos postulados que niegan nuestros opositores políticos. En este sentido me parece mucho más afortunado acudir a ejemplos de constituciones como la belga, en el ámbito de la Unión Europea, y la primera de todas, la norteamericana de 1787 que, en la búsqueda del consenso ante sensibilidades identitarias diversas, como las existentes con ocasión de la Unión americana o las vigentes en la actualidad en Bélgica, rehuyen el acudir a principios dogmáticos que puedan atentar a las distintas sensibilidades habidas o que pudo haber, -en el caso norteamericano-, en el interior de los estados respectivos

Algún prestigioso autor ha sostenido, desde posiciones abertzales, que la inclusión del derecho de autodeterminación en el preámbulo de la propuesta debiera de ser aceptada por el constitucionalismo español, por un lado, porque carece de naturaleza normativa al no formar parte del articulado del mismo y, por otro, porque, si el derecho de autodeterminación únicamente es reconocido para su aplicación a pueblos sometidos a la opresión colonial, en nada perjudica su inclusión en el texto vasco. Ambos argumentos me parecen coherentes con una concepción del actual autogobierno vasco como algo que se ha otorgado, que obedece a la voluntad de la Constitución y, al actual Estatuto de Gernika, como una ley estatal otorgada, interpretando la propuesta del Lehendakari como una vía soberanista. Sin embargo me parecen de una gran fragilidad. En primer lugar, porque los preámbulos de los documentos de naturaleza jurídico-política, si bien ni forman parte de la parte orgánica ni dogmática de los mismos, se interpreta que informan todo su articulado y se conceptúan como el "espíritu" que impulsa su redacción. En segundo lugar, porque si, por definición, el estado español no reconoce ninguna situación de opresión colonial, la misma lógica que lleva a que, en tal caso, no existe ningún inconveniente a la inclusión del derecho de autodeterminación conduce a la situación contraria de la no necesidad de su introducción. El que escribe, que comparte la concepción de la autodeterminación como derecho, discrepa, por tanto, por razones de estrategia política de su inclusión.

Esta falta de necesidad de insertar cualquier tipo de preámbulo podemos incluso observarla desde una perspectiva histórico-comparada, poniendo, en líneas paralelas, el Estatuto de Gernika con la ley de reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la conocida vulgarmente como la LORAFNA. Mientras los representantes vascos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, mayoritariamente nacionalistas, tuvieron la habilidad, supongo que consensuada, de no introducir en el pacto estatuyente preámbulo alguno, el estatuto navarro comienza con "Navarra se incorporó al proceso histórico de formación de la unidad nacional española manteniendo su condición de Reino, con la que vivió, junto con otros pueblos, la gran empresa de España... y finaliza.... Es, pues, rango propio del Régimen Foral navarro, amparado por la Constitución que, previamente a la decisión de las Cortes Generales, órgano del Estado en el que se encarna la soberanía indivisible del pueblo español, la representación de la Administración del Estado y la de la Diputación Foral de Navarra, acuerden la reforma y modernización de dicho Régimen. Dada la naturaleza y alcance del amejoramiento acordado entre ambas representaciones, resulta constitucionalmente necesario que el Gobierno, en el ejercicio de su iniciativa legislativa, formalice el pacto con rango y carácter de proyecto de ley orgánica y lo remita a las Cortes Generales para que éstas procedan, en su caso, a su incorporación al ordenamiento jurídico español como tal ley orgánica. El espíritu que decía líneas arriba.

El preámbulo también me parece un error desde una perspectiva técnica. Si acudimos al Estatuto de Gernika, el artículo 1 del mismo da expresión de la existencia de un Pueblo Vasco o Euskal Herria, sin definir cuál era su situación política en el momento estatuyente y, únicamente, manifiesta en su artículo 2.1 que Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, así como Nafarroa tiene derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma en la que se constituye. La habilidad en la definición se une a la lógica jurídica en la fijación de los sujetos jurídicos que pueden forman parte de la Comunidad Vasca, puesto que, únicamente, prevé la incorporación de aquellos que jurídicamente tenían y tienen, por el caso navarro, posibilidad de hacerlo. No entiendo el por qué se introduce en el texto de Ibarretxe la expresión de cual es nuestra realidad geográfico-jurídico-política, cuando la posibilidad de una eventual incorporación de los territorios de Iparralde es hoy utópica y la propuesta del Estatuto no serviría como cauce jurídico para su incorporación.

Discrepo, radicalmente, de la apelación a la disposición adicional primera de la constitución cuya referencia se sitúa en la misma perspectiva de los que entienden que el principio de la autonomía vasca fue la integración del nacionalismo en la Constitución y que ese es el sentido del Estatuto de Gernika, que se incorporó por la vía estatutaria al consenso constitucional.

Una de las muchas virtudes que tiene el Estatuto de Gernika es que ha posibilitado una doble lectura para nacionalistas españoles y vascos. Para los primeros, el Estatuto surge de la Constitución del 78, de manera que sólo puede encontrar explicación y acomodo a partir del texto constitucional. Todo surge de la constitución y nada existe al margen del texto constitucional. El Estatuto sería una de las leyes orgánicas previstas en el artículo 81.1 del texto constitucional, que, a lo sumo, tendrían un plus de legitimitidad por su refrendo. El nacionalismo vasco, sin embargo, siempre ha entendido al Estatuto de Gernika como la expresión de un pacto político entre el Parlamento español y una parte del Pueblo Vasco, por el cual este último, encontraba un acomodo concreto en las circunstancias en las que se gestó. Esta teoría política tiene también su expresión jurídica, que deriva del diferente contenido resultante de las disposiciones adicionales primera de la constitución y única del estatuto, que me parece que, en muy pocas ocasiones, ha llegado a ser diferenciada con claridad y que tienen un contenido sustancial diferente.

La disposición adicional primera de la Constitución hay que ponerla en relación con el preámbulo constitucional y con la parte dogmática de la misma contenida en el título preliminar, singularmente con los artículos 1 y 2, y constitucionaliza, valga la redundancia, los derechos históricos de los territorios forales. Lo hace al ser la Nación española la que, en uso de su soberanía, se da a sí misma una constitución, en virtud del ejercicio de su poder constituyente, que ampara y respeta aquellos, y exige que su actualización se lleve a cabo en el marco de la constitución y de los estatutos. Ciertamente se plantea el problema del encaje de la constitucionalización de los derechos históricos con la disposición derogatoria 2º del mismo texto, que deroga las leyes de 25 de octubre de 1839 y de 21 de julio de 1876. Ahora bien, el reconocimiento de la legalidad constitucional para la derogación de las antijurídicas leyes abolitorias, conduciría al mismo reconocimiento para la novación sustantiva de la foralidad. En este sentido resulta mucho más coherente con el doctrinario nacionalista, la no aceptación de legitimidad constitucional alguna para dar validez jurídica a una foralidad que antecede al texto constitucional y de la que no es depositaria la asamblea constituyente española.

Por otro lado nos encontramos con la disposición adicional única del Estatuto y la que, en defectuosa copia, lleva a cabo la LORAFNA, al concretar que la incorporación al ordenamiento jurídico de los derechos históricos de Navarra debe de llevarse a efecto por la vía del artículo 71 de su Estatuto. En virtud del primero de los preceptos citados: "la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico". Esta disposición hay que ponerla en relación con el artículo 1 del texto de Gernika por el que "El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado Español, bajo la denominación de Euskadi o Pais Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto que es su norma institucional básica", debiendo señalarse de antemano que, a excepción del caso navarro, -con las limitaciones anteriormente dichas-, no existe en el resto de los estatutos de autonomía actualmente vigentes, ninguna norma similar a la reiterada disposición adicional. Hay casos de evidentes exageraciones retóricas como en el andaluz, en el que esta Comunidad Autónoma, que accedió al autogobierno, recuérdese que por la vía del artículo 151 de la Constitución, lo hace "en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Debe tenerse presente también, que el Estatuto de Gernika fue el primero que se aprobó y el que, en gran medida, ha servido de referente a todos los demás. La cuestión que se plantea es la singularidad que se deriva de esta disposición adicional que se redacta como cláusula de salvaguardia y resolutoria.

Según el artículo 1 del Estatuto, es el Pueblo Vasco el que se constituye, él, a sí mismo, en Comunidad Autónoma. La constitución del Pueblo Vasco como expresión de su nacionalidad precede a su conformación de acuerdo con el texto constitucional. El reconocimiento del carácter preconstitucional de Euskal Herria, por las Cortes Generales, aparece recogido en la disposición adicional única estatutaria. Nos encontramos ante un acto constituyente, que resulta de un acto de voluntad, en el que el sujeto titular es Euskal-Herria –una parte de la misma para ser más exactos-. Ese acto de voluntad constituyente o estatuyente, como se quiera, de naturaleza paccionada, tiene un espacio geo-político, adopta una determinada forma y se acoge a un ámbito normativo. El espacio es el estado español y la forma es la de la Comunidad Autónoma: el Pueblo Vasco se constituye en Comunidad Autónoma dentro del estado. El ámbito normativo, es la Constitución para cuyo acomodo se busca el modo adverbial de acuerdo, esto es, de conformidad. Por tanto, el que el Pueblo Vasco se constituya de acuerdo con la Constitución no implica que el derecho a constituirse en Comunidad Autónoma derive de la Carta Magna sino que, en uso de su voluntad constituyente, acomoda su forma y su desarrollo competencial a lo dispuesto en dicho marco normativo: la doctrina del acatamiento constitucional. Obsérvese que estamos hablando de tesis diametralmente opuestas. Una cosa es la teoría del constitucionalismo tradicional español en virtud de la cual, todo está en la constitución, todo surge de ella y nada existe al margen de la misma. Y otra es la tesis foralista, en virtud de la cual, la libertad precede al texto constitucional y existe un sujeto político, el Pueblo Vasco, que en ejercicio de esa libertad, acomoda su modo de relación con otra colectividad a lo dispuesto en un determinado corpus legal.

Si este es el "a priori" el "a posteriori" viene determinado por la disposición adicional única en la que se acepta, expresamente, por el estado que la aceptación del régimen autonómico, diseñado en el título VIII de la constitución, no implica renuncia alguna a los derechos que, como tal, le hubieran podido corresponder en virtud de su historia al Pueblo Vasco.

En el texto estatutario, a diferencia del constitucional, se acepta la novación subjetiva del sujeto constituyente foral, novación que fue refrendada por alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. Mientras la disposición adicional primera constitucional se refiere a los territorios forales, la disposición adicional única estatutaria se dirige, exclusivamente, al Pueblo Vasco y, mientras aquella encorseta la actualización del régimen foral al marco constitucional, la segunda emplea el denominador mucho más genérico de ordenamiento jurídico. La disposición adicional del estatuto que constaba en el texto aprobado por la Asamblea de parlamentarios vascos, era mucho más clara, en la medida que sostenía que la aceptación del régimen autonómico no implicaba renuncia a los derechos que al Pueblo Vasco le correspondiesen en virtud de su historia y de su voluntad de autogobierno, se decía. Pero el Estatuto de Gernika es hijo de su tiempo y de una determinada correlación de fuerzas. Si la actualización debe operarse de conformidad con el ordenamiento jurídico, ¿cuál es éste?. La respuesta es compleja. Lo que no cabe, en pura lógica jurídica, es que lo sea el marco constitucional, puesto que si la voluntad constituyente vasca es previa a la constitución y ésta solamente es el referente normativo al que acomodar las relaciones jurídicas con un Pueblo Vasco preconstitucional, tal y como se le reconoce en la disposición estatutaria, la quiebra de éstas, en modo alguno pudiera continuar sujeta a un marco que es únicamente aceptado como marco legal de referencia por uno de los sujetos contratantes, con independencia de que la otra parte le dé para sí misma, el carácter de pacto constituyente.

Dicho de otro modo, tal y como no es posible la definición de España, como nación de naciones, porque el concepto de nación es único: se es o no se es nación, -tanto se acuda al concepto revolucionario francés de nación política, como al concepto etnicista alemán de nación cultural-, tampoco es posible entender al pueblo español, como pueblo de pueblos, de manera que la voluntad de pueblo vasco quede subsumida en la más amplia del pueblo español. Cuestión distinta son los conceptos de nacionalidad o ciudadanía, de manera que son perfectamente posibles supuestos de doble nacionalidad y se es, al mismo tiempo, ciudadano español y europeo. Conviene recordar, a este respecto, que tanto la nacionalidad como la ciudadanía son, estrictamente, conceptos jurídicos de los que se derivan derechos y deberes previstos en los respectivos ordenamientos y que se asocian a su titularidad concreta. Conviene recordar, también, para los que hacen de la nacionalidad prevista en el proyecto estatutario causa de conflicto, que en la Constitución española no existe una norma similar al artículo 6 de la Constitución Federal austriaca que imponga una nacionalidad única para todo el estado.

En relación con la nacionalidad, los supuestos de doble nacionalidad están expresamente previstos en el artículo 9 del código civil, que lleva, en su desarrollo normativo, a lo que expresamente se prevea en las leyes españolas y lo que determinen los tratados internacionales . En relación con la ciudadanía, el artículo 17 del Tratado de Roma, en la redacción dada por el Tratado de Maastricht de la Unión europea, crea una ciudadanía de la Unión, que se concede a toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro y que tiene naturaleza complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional.

En definitiva a la doble legitimidad por la cual el Pueblo Vasco es un sujeto político diferenciado: la histórica, derivada de la tradición foral y la popular, surgida de la voluntad que sucesivas generaciones de vascos han tenido de mantener sus señas de identidad que les diferencian como pueblo, se une el principio de legalidad derivado de los artículos anteriormente citados, que han sido sujetos a un acuerdo pactado con las Cortes Generales.

Me quedo aquí, en los dos aspectos del preámbulo que he comentado. El texto se está alargando en exceso y el tiempo también impone su inexorable ley.

Leía estos días de Navidad la primera parte de las interesantes memorias de Hans Küng. Este autor cita una frase de un eclesiólogo, Yves Congar, que pudiera ser aplicable al caso que nos ocupa: "se puede condenar una solución si es falsa, pero no es posible condenar un problema". Ciertamente, en la humilde opinión del que escribe, la propuesta de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi se ha presentado de manera poco hábil y tiene aspectos claramente criticables, pero también es verdad que ha sido la única aportación que se ha realizado hasta la fecha, en orden a resolver el problema de la convivencia política en Euskadi y a avanzar, en las legítimas aspiraciones que tenemos la mayoría de los vascos a más autogobierno. El Lehendakari ya ha manifestado que no se trata de debatir de soberanías originarias y ha expuesto su voluntad de negociar hasta la última palabra del texto. Es, por consiguiente, muy poco democrática la posición de aquellos que se niegan al debate en el foro en el que está residenciada la voluntad de los vascos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y, al mismo tiempo, no aportan solución alguna, más que la del inmovilismo y la confrontación.

 

Kepa Bilbao Gaubeka

Deusto, 2003-12-29

 

RUBIO LLORENTE, Francisco, "Una impugnación equivocada", EL PAIS, 8 de noviembre de 2003

2 ESTEBAN DE, Jorge, La impugnación, EL MUNDO, 14 de noviembre de 2003 "Aquí no se trata de saber si un artículo u otro del citado Estatuto político de Euskadi está de acuerdo con la Constitución. No es ese el problema. El problema es que todo el Estatuto no es más que una cobertura para dar un paso decisivo en el intento de separación de un territorio de España..."

3 idem

4 El informe del Servicio Jurídico del Estado, en el recurso presentado contra el plan Ibarretxe, arranca del artículo 2 de la Constitución española, que establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

5 ZARZALEJOS, Jose Antonio, Las tres cuestiones básicas, ABC, 7 de diciembre de 2003, "...Y lo que pretenden los nacionalistas vascos con su traído y llevado plan es, justamente, afectar de lleno al núcleo duro de la Constitución, desvencijar el Estado e inaugurar un nuevo ciclo histórico que ponga en solfa de principio a fin la naturaleza nacional de España y de su macroestructura jurídica y política que es el Estado. ¿Por qué? Es sencillo: la Constitución refleja -pero no crea ex novo- , en su Título Preliminar, tres pronunciamientos esenciales. El primero es el de la soberanía que «reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (artículo 1.1.), lo que conlleva que el poder constituyente está en el conjunto de los españoles y no en una parte de ellos. Uno de esos poderes es el judicial, que es único y no puede trocearse. El Plan de Ibarretxe, por su contenido literal, además de por el procedimiento factual, contradice palmariamente el principio de la soberanía nacional. El segundo límite es que la Constitución -ésta y cualquiera- se «fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» compatible con la autonomía de «las nacionalidades y regiones» (artículo 2), de lo que se deduce que cualquier autopronunciamiento nacional del País Vasco o de Cataluña colisiona frontalmente con este precepto. El Plan del PNV y, eventualmente, el que desde Cataluña pretenda otro similar, no son admisibles

 

6Ratificación en referéndum por la sociedad vasca. Agotados los trámites anteriores, se procederá a la ratificación definitiva en referéndum, por parte de la sociedad vasca, del Pacto Político alcanzado con el Estado o, en su caso, del proyecto aprobado por mayoría absoluta del Parlamento vasco, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones. Intervención del Lehendakari en el debate de política general de 26 de septiembre de 2003

7 ELORZA, Antonio, Referéndum: una razonable cautela. Los constituyentes evitaron tanto la dimensión de democracia directa como la deriva plebiscitaria,EL PAIS, 30 de noviembre de 2003, "Siempre dentro de una estricta lógica democrática, al reforzar el régimen representativo por medio del voto directo de los ciudadanos, el referéndum desempeña un papel central en los procesos de aprobación y reforma de la Constitución y de los estatutos de autonomía (artículos 168.3, 151.3, 151.5...), si bien el artículo 147.3 deja bien claro que la reforma propuesta de un Estatuto requerirá la aprobación de las Cortes generales mediante ley orgánica. En consecuencia, toda pretensión de reformar el régimen autonómico o de crear una nueva situación política, como es el caso de la "propuesta" de Ibarretxe, prescindiendo de la aprobación de las Cortes, es, desde su planteamiento, estrictamente contraria a la Constitución. Y a pesar de la oleada de palabras que pretenden probar lo contrario, por lo mismo, antidemocrática, dado que el cauce para la reforma existe dentro de nuestro ordenamiento constitucional y en modo alguno niega la manifestación de la voluntad de los ciudadanos de las autonomías".

8 Quo vadis lehendari

9 HERRERO DE MIÑÓN, Miguel, Lo crudo y lo cocido, EL PAIS, 13 de noviembre de 2003

10 LOPEZ GARRIDO, Diego, El Plan Ibarretxe no se puede negociar. EL PAIS, 14 de noviembre de 2003

11 Entrevista a ELORZA, Odón, EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO, 29 de diciembre de 2003

12 "Yo diría que este pueblo, que es un pueblo pequeño, tiene que actuar de manera más inteligente que el grande para poder prosperar en su quehacer cotidiano. Y en esta ocasión también debe actuar de forma inteligente".Entrevista a ATUTXA, Juan Mª, DEIA, 14 de diciembre de 2003

13 PÉREZ ROYO, Javier, Las tripas jurídicas del plan Ibarretxe, EL PAIS, 28 de octubre de 2003, "La propuesta rechaza, pues, que el poder constituyente del pueblo español pueda extenderse al Pais Vasco y reclama no el ejercicio del derecho a la autonomía, sino del derecho de autodeterminación, para integrarse libremente en el Estado español". DE CARRERAS, Francesc, Las tripas jurídicas del plan Ibarretxe, EL PAIS, 28 de octubre de 2003, "Tal y como se formula en el preámbulo del Proyecto y, especialmente, en su artículos 1,12 y 13 no se trata de un proceso de reforma estatutaria sino del inicio de un auténtico proceso constituyente mediante el cual el Pueblo Vasco, como soberano, establece una nuevas bases jurídicas de su ordenamiento, entre las cuales cabe destacar una determinada relación –de libre asociación, según su texto- con el Estado español..." CORCUERA, Javier, Las tripas jurídicas del plan Ibarretxe, EL PAIS, 28 de octubre de 2003, "Pero es verdad que la propuesta del Gobierno Vasco pone en duda, incluso, la unidad, pues niega la soberanía nacional del pueblo español y descansa en un acuerdo entre entes co-soberanos. La legitimidad con la que se quiere apoyar la propuesta se expresa en un preámbulo que habla del pueblo vasco como pueblo con identidad propia en el conjunto de los pueblos de Europa, con derecho a decidir su propio futuro, de acuerdo con el derecho de autodeterminación de los pueblos..."

14 JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael, La defensa de la Constitución, EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO, 13 de noviembre de 2003. Rafael Jiménez Asensio utiliza esta expresión en una reflexión sobre cómo están defendiendo la Constitución los que se presentan como adalides de la misma y lo hace para criticar "...la decisión del Gobierno central de impugnar ante el Tribunal Constitucional «la resolución» por la que se remite al Parlamento vasco el plan Ibarretxe, utilizando para ello una vía absolutamente inapropiada y forzando la interpretación de la Constitución y de las leyes hasta más allá del límite de lo que es razonable".

15 RECALDE, Jose Ramón, Formas necesarias y juegos prohibidos, EL PAIS, 10 de diciembre de 2003, "Cuando el Gobierno vasco presenta la propuesta del Plan Ibarretxe está en su derecho. Es un disparate la legitimidad política en la que lo basa, la de un pueblo definido desde los albores de la historia [...] España, como unidad social y cultural, ha sido una construcción histórica, en la que han participado mucho los vascos del hoy Pais Vasco y de Navarra. Y el Estado español es el resultado histórico de un proceso político colectivo..."

16 GARMENDIA, Francisco, La soberanía en relación al Pueblo Vasco: dos siglos de confrontación (1802-2002) Aproximación histórica, en Pueblo Vasco y Soberanía. Aproximación histórica y reflexión ética, Garmendia, Francisco y Setién, Jose María, Ostoa, S.A. Lasarte-Oria, 2003, pag. 47

17 Agencias, DEIA, 14 de noviembre de 2003

 

18 "NOSOTROS, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, estatuimos y sancionamos esta CONSTITUCION para los Estados Unidos de América", dice el preámbulo constitucional norteamericano.

19 En esta tesis se sitúa LASAGABASTER, Iñaki, en "La experiencia estatutaria y la vía soberanista", Estudios sobre la propuesta política para la convivencia del Lehendakari Ibarretxe, VV.AA. I.V.A.P., 2003, pags. 303-331.

20 PÉREZ ROYO, Javier, Naturaleza y Principio, EL PAIS, 3 de octubre de 2003

21 CONGAR, Y, Témoignage chrétien, citado por KÜNG, Hans, Libertad conquistada, Editorial Trotta, S.A., Madrid, 2002, pag 139,

22 Ibarretxe desecha la soberanía originaria como motor de su debate, EL PAIS, 19 de diciembre de 2003