Artxibo rtf
(29 - 2003koUrria)

¿QUO VADIS LEHENDAKARI?

En el debate de política general del pasado año el Lehendakari, en representación del Gobierno, se comprometió a elaborar y presentar, en el plazo máximo de doce meses, un borrador de texto articulado, desarrollado a partir de las bases aprobadas por el Parlamento y tomando en consideración las aportaciones sociales y políticas que se hubieran producido en este intervalo temporal.

El debate del presente año hay que situarlo, por tanto, dentro de lo que constituye la propuesta de un nuevo pacto político con el Estado, en desarrollo de las 10 bases que se adelantaron en aquél debate de política general, proceso que culminará, en esta primera fase, con la aprobación de un nuevo Estatuto el próximo 25 de octubre, en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno y, que será remitido al Parlamento como Proyecto de Ley de reforma del Estatuto de Gernika.

Los problemas fundamentales con los que se encuentra el llamado Plan Ibarretxe son, a juicio del autor, tres:

1º) Una errónea valoración de la correlación de fuerzas, en relación con la situación política del momento.

2º) El que de su desarrollo estratégico pudiera concluirse en la situación de confrontación que propugnan el PP y ETA.

3º) El que se ha construido, a diferencia de lo que aconteció con el Estatuto de Gernika, sin conseguir implicar en su proyecto a los que, sintiéndose vascos, no comparten una concepción del País, similar a la que pudiéramos ostentar los que nos sentimos nacionalistas.

En relación con la primera de las cuestiones toda acción política debe plantearse sobre un análisis sustentado en la fuerza de los adversarios y en la existencia de condiciones que permitan atisbar una mínima posibilidad de éxito. Desde esta perspectiva, el problema del plan propuesto por el Lehendakari es que tiene enfrente, como un tótem infranqueable, gentes que mantienen una concepción de su España, como un estado autoritario, rancio, chulesco e impositor. Ante esta situación de hecho, siempre se plantea la pregunta de qué hacer y esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil cuando el poder político, jurídico, económico, y mediático se encuentra justamente del otro lado, y es un poder árido, que no duda en acudir a la mentira, la descalificación y la tergiversación. Hay quienes frente a esta situación han decidido estratégicamente replegarse a la espera de tiempos mejores: Pujol. El Lehendakari y su gobierno han decidido no resignarse. Por ello al plan del Lehendakari hay que reconocerle la valentía de enfrentarse a un amplio sentimiento de frustración, que se había extendido en muchos nacionalistas, ante el sistemático incumplimiento del Estatuto de Gernika que se había venido operando por los gobiernos socialistas y, con mucha mayor arrogancia, por los populares. Esa es su principal virtualidad: se ha convertido en referente del debate político y está liderando una estrategia que mantiene desconcertado al MLNV. Pero aquélla referencia se está operando a costa de la devaluación y abandono del Estatuto de Gernika. Se está dando así la paradoja de que, los que en su día peleamos por nuestro Estatuto parecemos antiestatutistas y, los que mantuvieron una oposición frontal al mismo, o lo consintieron, léase AP y UCD-PSOE, hoy PP-PSOE, se presentan como sus principales defensores. En este teatro de la confusión tampoco falta el cinismo, como el que sostiene el PSOE que, llevado del deseo de diferenciarse del PP, dice que la solución está en más Estatuto, tras años de someterlo a degüello, sin que desde el socialismo vasco se haya oído, para su vergüenza, ni una sola voz crítica a este incumplimiento. "Sumaremos nuestros votos a los del PP en el rechazo al plan de libre asociación y la defensa del actual entramado político-jurídico", nos dicen ahora. El temor de siempre a la pérdida de votos en el resto del estado. Tibieza y falta de criterio en un partido incapaz de convertirse, hoy por hoy, en alternativa de gobierno.

Pero Ibarretxe ha formalizado un plan de naturaleza institucional, como un documento de laboratorio, que tiene más de documento de partido que de gobierno, sin crear las condiciones de relación con los poderes políticos y fácticos del estado que posibiliten un mínimo de aceptación, o siquiera compresión, en los sectores democráticos que existen en el seno de este último. Plantear un cambio estructural, como el que se propugna en el documento del Lehendakari, sin generar el sustrato que posibilite su acogida en el resto del estado, tiene un componente voluntarista construido al margen de la realidad política, que hace que sus posibilidades de éxito sean escasas.

El Plan hace una constante referencia a la voluntad de los ciudadanos vascos. Ni el PP ni el PSOE se atreven a hincarle el diente a esta afirmación que les colocaría en una difícil situación ante sus electores en Euskadi. Sin embargo, la obligación de estos partidos, más allá de esconderse detrás del paraguas de la constitución, es explicar a los vascos que les votan, que lo que vaya a ser de ellos no lo pueden decidir por sí mismos, sino conjuntamente con todos los españoles; que el destino de Euskadi, no está en sus manos, sino en lo que decidan las Cortes Generales; que, por poner un ejemplo, los vascos no somos dueños de nuestro trabajo porque el reparto de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social debe decidirse desde Madrid: que son el Gobierno y el Parlamento español los únicos depositarios de la solidaridad. Esta es su verdad, legítima sí, pero tienen el deber de explicarla con claridad a su electorado.

Ahora bien, nuevamente este voluntarismo democrático del Lehendakari se quiebra cuando deja al margen la legitimidad jurídica derivada del Estatuto de Gernika.

En efecto, el Gobierno presenta su propuesta apoyándose en una triple legitimidad: la jurídica, la política y la social. El plan rompe con la primera en su fase final, al contemplar las previsiones procedimentales del artículo 46 del Estatuto, salvo en lo referente a la ratificación por referéndum por la sociedad vasca: "Aprobados los trámites anteriores, se procederá a la ratificación definitiva en referéndum, por parte de la sociedad vasca, del Pacto Político alcanzado con el Estado o, en su caso, del proyecto aprobado por mayoría absoluta del Parlamento Vasco, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones". Vaya por delante la discrepancia del autor con que se establezca, como condición suspensiva, el que el referéndum se celebre en un escenario de ausencia de violencia. ¿Qué se quiere decir con ello?, ¿significa que ha de hacerse en una situación de tregua por parte de ETA?, ¿en un estado de abandono definitivo de las armas por parte de la organización terrorista?. ¿Se quiere manifestar que todas las elecciones democráticas que ha habido hasta la fecha, carecen de legitimidad, por el hecho de que ETA haya continuado asesinando, amenazando, extorsionando a muchos ciudadanos vascos?. En definitiva, ¿qué legitimidad tiene ETA para condicionar la celebración de un referéndum?.Las respuestas a las preguntas que se formulan al Lehendakari para aclarar esta cuestión, que aparecen en la página web del Gobierno, tampoco revelan nada nuevo. Ibarretxe contesta así a la siguiente pregunta:

Usted se ha comprometido a celebrar el referéndum en un escenario de ausencia de violencia, ¿no supone dejar en manos de ETA la solución?

Ciertamente, la sociedad vasca nunca ha conocido un escenario completo de paz para tomar decisiones y, a pesar de ello, hemos celebrado numerosas elecciones democráticas. Pero, sinceramente, creo que es mi obligación hacer todo lo posible para que la propuesta de un nuevo estatus de libre asociación con el Estado sea ratificada en un escenario que no esté mediatizado o condicionado por la existencia de violencia. No se trata de darle la llave a ETA, sino de quitársela definitivamente para que seamos nosotros los que abramos la puerta de nuestro futuro.

Sólo así nuestra decisión tendrá un plus de legitimidad democrática y será incontestable en el Estado español y en Europa. Si no alcanzamos la Paz, cualquier propuesta de convivencia seguirá siendo rehén de la violencia.

A la luz de lo expuesto, a uno le da la impresión que la citada condición suspensiva se va a convertir en el instrumento para dar cobertura a cualquier decisión última que se tome, en relación con la celebración del referéndum o no, lo que dependerá de las circunstancias políticas del momento y del calendario electoral previsto, en atención a los tiempos fijados para la consulta propuesta.

Pero dejemos a un lado las especulaciones. La que no lo es, es la decisión de celebrar el referéndum, cualquiera que sea la posición que tenga el Parlamento español en relación con el proyecto aprobado por nuestro Parlamento. Para los que tenemos una concepción nacional de Euskalherria, la legitimidad del Parlamento Vasco y del Parlamento Foral Navarro, en lo que hace referencia a Hegoalde es, si no la única, la fundamental. Pero desde el punto de vista de la legalidad, el artículo 46 del Estatuto es claro: "El Gobierno Vasco podrá ser facultado por delegación expresa del Estado para convocar los referendums a que se refiere el presente artículo". La citada delegación se opera por la falta de competencia de nuestras instituciones para la convocatoria de referenda. Cuando se le pregunta al Lehendakari por esta cuestión responde:

Si el Estado español rechaza la propuesta y además no autoriza la celebración de un referéndum oficial, ¿qué salida nos queda?

Estaremos legitimados democráticamente para apelar a la sociedad vasca y consultarle. Esta consulta tendrá un evidente valor político y democrático, no sólo para nosotros mismos, sino para todo el mundo occidental.

En un anterior artículo, publicado en este mismo medio, advertía del peligro de contraponer legalidad con legitimidad en un sistema democrático o, al menos, equiparable a los modelos de esta naturaleza de los estados occidentales. No procede repetirse. Lo que parece evidente es que una consulta planteada al margen de la ley, nos introduce de lleno en la estrategia de desestabilización del MLNV y en un escenario de confrontación total, cuyo alcance y consecuencias resultan impredecibles: desde la cobertura política a la derecha española para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, hasta el enfrentamiento civil entre vascos.

Siguiendo con las suposiciones: se celebra la consulta y sale el sí al proyecto Ibarretxe, que por muy optimista que se sea parece que siempre sería con una mayoría exigua. Nos encontramos con una situación de abandono del Estatuto de Gernika y de aprobación testimonial del nuevo status de asociación. Pretender que el mundo occidental, constituido por realidades estatales fuertemente consolidadas, va a entender la causa vasca y va a recibirnos con los brazos abiertos parece de una ingenuidad extrema, tanto por la experiencia histórica -¿o es que hemos olvidado la posición que tuvieron los gobiernos occidentales democráticos con nuestro gobierno en el exilio en tiempos de la dictadura franquista?-, como por la actual proyección de lo vasco en el mundo y su asociación a la violencia de ETA, además de por el temor de los estados actuales a introducir cualquier referente que pueda atentar contra su integridad territorial. Supongamos que sale el no. ¿Cuál sería la situación?: un estatuto, un parlamento y un gobierno con serios problemas de legitimación.

De las muchas virtualidades que tuvo el texto de Gernika fue la de que, los que entonces lo defendieron supieron sumar al proyecto a personas que, sin tener ninguna sensibilidad hacia el autogobierno vasco, hicieron de la necesidad su virtud. En estos momentos, el proyecto Ibarretxe se está construyendo al margen de la voluntad de esa mitad de vascos que bien por origen, bien por tradición, bien por sensibilidad, no contemplan la profundización de nuestro autogobierno como una de sus prioridades. Nuestra construcción nacional no se puede alcanzar con criterios puramente matemáticos.

Planteada mi crítica fundamental que, como se observa, tiene que ver más con el procedimiento que con el contenido, vayamos al análisis de este último, en sus aspectos dogmáticos, puesto que, en lo que hace referencia a las competencias, el juego de los artículos 148,149 y 150 de la Constitución y las disposiciones adicionales: primera constitucional y única estatutaria, permiten cualquier abanico competencial. Como dice muy bien el texto: "No hay dificultades jurídicas que no puedan superarse si existe voluntad política". Lo que se escapa a la imaginación del autor es como podemos soñar con que, quien ha incumplido lo menos vaya a respetar lo más o, en cualquier caso, lo acepte.

En un comentario ligero, tanto en la forma como en el razonamiento, los aspectos más novedosos serían los siguientes:

  1. Reconocimiento de la nacionalidad vasca para todos los ciudadanos vascos con la misma validez que la nacionalidad española y, siendo compatibles una y otra.
  2. A mi juicio nada impide llevar adelante esta propuesta, en la medida en que la adquisición, conservación y perdida de la nacionalidad está sujeta al principio de legalidad, sin tener una regulación estricta desde una perspectiva constitucional. Basta para comprobar este aserto con acudir al artículo 11 de la Carta Magna.

  3. Libertad de relaciones con la Comunidad Foral de Navarra y con los Territorio vascos de Iparralde.
  4. Dejando al margen la carencia de legitimidad del Gobierno de la CAV y el Parlamento Vasco para referirse a lo que los ciudadanos navarros o de Iparralde decidan con su futuro, existen previsiones constitucionales: disposición transitoria cuarta y artículo 145 de la Constitución y, el artículo 2 del texto de Gernika, para establecer cualesquiera tipo de relaciones con Nafarroa. En relación con Iparralde no existe ningún tipo de limitación jurídica que impida la formalización de acuerdos bilaterales de cooperación.

  5. Configuración de un poder judicial vasco autónomo.
  6. Contrariamente a lo que han sostenido algunos operadores jurídicos, entre ellos algún que otro constitucionalista, en mi humilde opinión no existe limitación constitucional alguna para la proposición del Lehendakari. El título VI de la Constitución no fija las atribuciones ni del Tribunal Supremo, ni del Ministerio Fiscal, ni del Consejo General del Poder Judicial, esta es materia de la que se ocupa la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aunque la proposición que se sostiene contiene algunos planteamientos maximalistas que pueden plantear tensiones constitucionales, puede tener perfecta cabida, en una interpretación abierta y flexible de la Carta del 78. Saludo con especial simpatía la asunción de las competencias de la Audiencia Nacional, por tres razones: por un lado por el excesivo poder que han acumulado sus Juzgados, singularmente los de instrucción; en segundo lugar, por la, en mi opinión, extrema ligereza, de algunas decisiones adoptadas por éstos en los últimos tiempos y, finalmente, porque siempre he entendido que todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades, también los jueces y magistrados vascos, por cualesquiera delitos, incluidos los de terrorismo que se comentan en sus demarcaciones territoriales. En relación con la fiscalía, sobran los comentarios, ante las actuaciones llevadas a cabo por el Fiscal General del Estado y su dependencia gubernativa. En cualquier caso los principios de unidad de actuación y jerarquía que inspiran su actuación y estructura, no se quiebran con la creación del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia del Euskadi, ni aunque su elección se lleve a cabo por la nueva figura gubernativa que se propugna del Consejo Judicial Vasco. Siempre a la espera de concretar sus relaciones con la fiscalía general del Estado.

  7. Desarrollo competencial.
  8. Comparto la filosofía que inspira la distribución competencial pergeñada, de evitar supuestos de concurrencia o dualidad competencial, que no son sino el caldo de cultivo para conflictos entre las distintas administraciones intervinientes. La distribución propuesta va, en definitiva, en el camino de la administración única y, por tanto racionaliza, el ejercicio del poder político y, genera confianza y seguridad en el ciudadano que puede conocer, con facilidad, cual es la administración responsable en cada caso.

    Tiene mayores dificultades de encorsetamiento constitucional la cláusula residual propuesta. En efecto, el artículo 149.3 de la Constitución establece que las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las CCAA en virtud de sus respectivos Estatutos, pero, llegado el caso de que esa asunción no se haya operado, corresponderán al Estado. Se trata de una cláusula residual mixta, entre la propia de los estados federales y la de los llamados estados regionales. El proyecto Ibarretxe mantiene que las políticas públicas no reservadas, expresamente, al Estado en el nuevo Estatuto político serán competencia de las instituciones vascas. La filosofía que inspira esta base va más allá de la propia de un modelo federal, para situarse en la confederabilidad, al fijar como el elemento principal en la asignación competencial el propio Estatuto, por encima del texto constitucional. Tiene, por tanto, serias dificultades de encaje constitucional.

    No puedo evitar hacer un comentario a la atribución de la competencia de la Seguridad Social a Euskadi, con la inclusión de la recaudación de las cotizaciones sociales, reivindicación que se ha mantenido con firmeza desde los tiempos del Lehendakari Garaikoetxea. Tradicionalmente se ha venido sosteniendo por la Administración de Madrid y, en general, por los partidos constitucionalistas, que ceder dicha competencia, en los términos, propuestos rompería el sistema de caja única y atentaría al principio de solidaridad. Curiosamente lo que no se ha dicho es que la fórmula propuesta por las autoridades vascas es inconstitucional, ciertamente porque no lo es. Discrepo frontalmente de la posición sostenida por los llamados constitucionalistas. Primero, porque la titularidad de la solidaridad no reside ni en el gobierno ni en el parlamento español, en una especie de designio divino, al estilo del absolutismo monárquico. Y, en segundo lugar, porque la solidaridad solo es posible desde la libertad y, resulta mucho más solidario un sistema en el que a cada cual se le hace responsable de su esfuerzo de contribución a las arcas públicas en el lugar en el que desempeña su trabajo, de manera que el resultado del mismo redunde, prioritariamente, en beneficio de dicho ámbito territorial y de las personas que han contribuido a su desarrollo.

  9. Representación en la Unión Europea.

A lo largo de este intervalo temporal se han operado situaciones surrealistas en esta materia. Más allá de las políticas agrícolas y pesqueras comunitarias, y el abandono al que la administración española ha sometido a nuestros arrantzales, el que aquellos que manifestaban una posición contraria al Concierto, fueran sus defensores ante la Unión, resultó ser, además de contrario a elementales principios jurídicos, de un absurdo total. Resulta obvio señalar que no existe ninguna limitación constitucional que impida tanto el reconocimiento del carácter oficial de las delegaciones y oficinas que Euskadi mantiene en el exterior, como el que nuestro país pueda defender, directamente, sus intereses ante los órganos de la Unión Europea.

f) Establecimiento de un sistema bilateral de garantías con el Estado.

Esta es una cuestión sumamente atractiva y compleja al mismo tiempo. El poder político que acumula el Tribunal Constitucional, por el carácter vinculante de sus interpretaciones; su pérdida de imparcialidad, unido a su competencia para resolver los conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA, constituye a mi juicio uno de los mayores problemas políticos del estado: la falta de referencia de una instancia de naturaleza judicial imparcial, independiente de las partes y en la que se puedan residenciar, con garantías de neutralidad los conflictos jurídico-políticos. De ahí que no falten los que piensen que éstas últimas garantías sólo pueden encontrarse ya en las instancias judiciales europeas.

La propuesta consiste en la creación de una sala específica del Tribunal Constitucional que conozca de los conflictos en los que sean parte las instituciones vascas. Los miembros de esta sala específica serían designados de forma paritaria por el Tribunal Constitucional y por el Parlamento Vasco, y nombrados por el Rey. La solución ideada, además de llevar a efecto una confusión en los poderes, está radicalmente condenada al fracaso, por requerir necesariamente una reforma del Título IX de la Constitución. Comparto, sin embargo, la filosofía que la inspira que responde al concepto de pacto y la necesidad de la conjunción de voluntades para solucionar los conflictos jurídico-políticos. El problema reside en cómo dar respuesta a una situación de divergencia.

No quiero aburrir más al hipotético lector. El enfrentamiento que vive nuestro país en su clase política, -porque ciertamente no se percibe en la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos que permanecen, en su mayor parte, ajenos al mismo-, no se va a solventar, antes al contrario se va a agravar, a mi juicio, por el plan propuesto por el Lehendakari, no tanto por su contenido, -que muchos suscribiríamos íntegramente, incluso, como un texto de mínimos-, sino, por su falta de adecuación a la realidad política, por la contraposición que pudiera derivarse entre legalidad y legitimidad, y por construirse de espaldas a la otra mitad de los ciudadanos, que tienen identidades y sensibilidades distintas en la forma de entender Euskalherria. Los que somos nacionalistas no tenemos el patrimonio de lo vasco por mucho que nos pese. Pero, desde este reconocimiento, también tenemos derecho a reclamar que lo que los vascos decidamos hacer con nuestra vida no puede ser obstruido por autoridades con legitimidades democráticas más diluidas. El PSOE sostenía como propuesta propia la de la profundización del Estatuto de Gernika. Más que un planteamiento que nace del convencimiento parece dirigido a la galería. Sin embargo parece que pudiéramos pedir a nuestros representantes algo de cintura política. Si el PSOE quiere diferenciarse del seguidismo que ha tenido respecto de la estrategia sostenida por el PP por su temor a la perdida de voto español, tendrá que plantear en que consiste su estrategia de profundización del Estatuto de Gernika. No parece que se pierda mucho por efectuar un adecuado planteamiento táctico, en relación con su aparente pretensión.

Kepa Bilbao Gaubeka

Deustu 2003-10-13