Artxibo rtf
(28 - 2003ko Ekaina)

BURUJABETZA VS. SOBERANÍA

(IV)

PERSPECTIVAS

 

Lo que hagamos o dejemos de hacer no va a cambiar el curso pasado de los acontecimientos que han sacudido la historia de los vascos desde la revolución francesa y a los que de forma sucinta y precipitada nos hemos referido. Pero el futuro, a pesar de las inercias del pasado, puede conjugarse en formas y contenidos muy diferentes. Y ello depende fundamentalmente –aunque no totalmente- de los ciudadanos vascos actuales.

Las formas jurídico-institucionales a través de las cuales los vascos expresan su realidad política actual es diversa. Pero su futuro dependerá principalmente del desarrollo tanto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como de la Comunidad Foral de Navarra, cuya sexta merindad o Baxenafarroa –al igual que Laburdi o Zuberoa- evolucionará, sin duda, muy condicionada por la experiencia de las primeras.

El Estatuto de Gernika fue políticamente posible gracias a un doble compromiso pactado entre representantes de la CAV y la representación del Estado Español: a) compromiso sobre un proceso de desarrollo estatuyente vasco dotado de facultades y recursos definidos y b) la no renuncia del pueblo vasco a lo que por su realidad histórica y voluntad popular le corresponde.

El hecho cierto es que el desarrollo de ese doble compromiso ha estado profundamente condicionado por la violencia de ETA y la interpretación soberanista que de aquel pacto ha tratado de imponer la dirección del Estado en España.

La transición se inició con la efervescencia de mil proyectos alternativos al franquismo. Sin embargo, por lo que afecta a la cuestión vasca, se consolidaron tres líneas políticas dominantes: a) la línea que daba primacía a la institucionalización democrática de España en términos estatal-nacionales, estimando que la solución de los problemas de las nacionalidades y regiones debía alcanzarse considerando a éstas como dependientes de la voluntad general de la unidad nacional española; b) la línea rupturista revolucionaria de ETA, que no estaba dispuesta a aceptar ninguna situación –ni siquiera formalmente democrática- que no le garantizase el liderazgo de las reivindicaciones vascas al servicio del rupturismo revolucionario; c) la línea del nacionalismo vasco clásico, contrario a reducir la personalidad política de los territorios vascos o de la comunidad de los mismos, a sujetos políticos dependientes de la voluntad unilateral de las mayorías de las Cortes de Madrid, pero contrario igualmente a convertir Euskalerria en un campo de ensayo antidemocrático.

La lucha entre estas tres líneas ha sido real y constante. Y los intentos para resolver los efectos negativos que se derivan de esa lucha han sido muy variados. Pero es obligado reconocer, que, después de 23 años, nuestras instituciones comunes padecen la presión negativa que deriva del modo en que se está desarrollando la confrontación entre las tres líneas.

En la salida del franquismo los demócratas estábamos convencidos de que sólo con fórmulas de libertad podían resolverse los problemas –incluido el de la violencia ilegítima- que se habían generado en un contexto de falta de libertades. Y así emprendimos el camino del proceso democrático, que, por lo que atañe al contencioso histórico de la cuestión vasca, tuvo su punto de mayor encuentro en el pacto político que se sustanció en el Estatuto de Gernika. Pero bastaron dos años para que este proceso empezase a encallar por el error de no distinguir y, a la vez, de no combinar simultáneamente la normalización política y la pacificación democrática.

La estrategia de supeditar el desarrollo del Estatuto de Gernika a la desaparición previa de ETA ha sido un gravísimo error democrático. Igual de grave que supeditar la unión de todos los demócratas vascos contra ETA o contra el GAL al desarrollo previo de todas las potencialidades del Estatuto de Gernika o a la derrota de ETA. La activación de cualesquiera de esos planteamientos reactiva su contrario, seguramente porque despierta una sospecha previamente arraigada en cada lado.

Desde una de estas partes se argumenta que el desarrollo del Estatuto de Gernika, sin haber desaparecido previamente ETA, equivaldría a generar nuevas condiciones para una negociación favorable siempre al nacionalismo. Esta argumentación se sustenta –a mi entender- en una doble apreciación de partida: a) que la sustancia de ETA es radicalismo nacionalista y b) que quienes negociaron en nombre del Estado español el pacto estatutario de Gernika con los representantes vascos, aceptaron su contenido no por estimarlo de justicia democrática, sino como un precio a pagar para que ETA desapareciera.

Desde la otra parte, se argumenta, que solo el desarrollo de todas las potencialidades del Estatuto puede crear las condiciones de normalidad democrática, para que todos los ciudadanos vascos –incluidos los que se opusieron a su aprobación desde extremos bien antagónicos- comprueben la inutilidad del recurso a la violencia ilegítima; el respeto activo a la voluntad presente y futura de los vascos, garantizando sus deberes y derechos, tanto cuando forman parte de la voluntad mayoritaria como cuando se hallen en minoría, reduciría el riesgo de que nuevas generaciones se integrasen en organizaciones como ETA –o en cualesquiera otras que hagan de la violencia ilegítima arma de lucha para condicionar la libertad de personas y grupos. Este modo de argumentar arranca, por su parte, de los siguientes presupuestos: a) la convicción de la coincidencia entre la forma de liberación nacional y el contenido de transformación revolucionaria de la sociedad a cuyo servicio practica ETA la lucha armada; y b) la seguridad de que a sectores importantes de la dirección del Estado, más que ETA, les preocupa el respeto a la voluntad presente y futura de los vascos, como fundamento irrenunciable de su desarrollo democrático en los ámbitos en que intervienen políticamente.

ETA encuentra en la explotación de esas contradicciones un humus más que propicio para desestabilizar el proceso de normalización e intentar, una y otra vez, la creación de un escenario adecuado para transformar a los vascos, bajo la iniciativa del MLNV, en actores de un teatro revolucionario alternativo, que niegue al Estado –también al emergente Estado vasco- y a lo que ellos estiman su causa fundamental, al capitalismo.

Hay, por todo ello, tres cuestiones que, a mi juicio, son retos urgentes para la normalización y pacificación democráticas:

 

  1. Quienes siguen teniendo fe en fórmulas coactivas y practican la violencia ilegítima para imponer su proyecto de sociedad, persiguen crear en sus oponentes –a través de la socialización del sufrimiento- el anhelo de una paz o de un arreglo a cualquier precio. La acción y la reacción en tales casos –se mire por donde se mire- persigue el mismo fin: generar tal sufrimiento en los "otros", que éstos deseen la paz a cualquier precio, incluso sacrificando su libertad.
  2. Quienes parten del dogma de la unidad y de la soberanía nacional al establecer las condiciones públicas comunes en las que deben relacionarse ciudadanos pertenecientes a una sociedad plurinacional, están haciendo inviable todo intento de unión democrática entre ellos, en cuanto ciudadanos individuales y grupos sociales que se identifican a sí mismos como adscritos preferentemente a nacionalidades diferentes, independientemente del ámbito territorial del que estemos hablando (se trate de Navarra, de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de Euskalerria, de España o Europa). Unión democrática y unidad nacional común entre ciudadanos plurinacionales no son compatibles. Lo democrático, en tales casos, es que su unión común respete las identidades nacionales diferentes, reconociéndolas en un mismo rango cualitativo, al igual que debe respetar las identidades religiosas contrapuestas o las identidades ideológicas contrarias.
  3. El hecho de que estas contradicciones nacionales sean utilizadas –como en otras épocas- al servicio de proyectos revolucionarios o reaccionarios de claro contenido antidemocrático, no debiera, en ningún caso, ser excusa para posponer, sino un acicate para afrontar su tratamiento democrático. Los movimientos subversivos y golpistas antidemocráticos acostumbran valerse de problemas reales, que ellos mismos se empeñan en agravar, como razones que justifiquen su intervención ´salvadora´.

¿Qué hacer? Desde mi punto de vista, el autogobierno popular y la autodefensa popular deben conjugarse simultáneamente como partes distintas de un mismo proceso de consolidación democrática de nuestras instituciones políticas, tanto de las específicamente vascas, como de otras que nos son comunes en ámbitos diferentes, sean estatales o europeos.

Esta conjugación simultánea de ambos no será posible, sin embargo, si no se comparten principios éticos que, en las relaciones políticas democráticas, deben ser el presupuesto normativo de las formas jurídicas en que se articulen las instituciones. Esta condición necesaria no es suficiente para evitar todas las consecuencias negativas que se derivan del modo actual de confrontación entre las tres líneas políticas señaladas. Pero es una condición necesaria y urgente.

Entre personas y grupos que comparten principios y valores éticos sobre los sujetos sociales y sus relaciones políticas será posible establecer las bases tanto para luchar juntos contra comportamientos hostiles que destruyen su convivencia humana, así como para competir democráticamente por hacer realidad sus diferentes proyectos, sometiéndose al juicio de la voluntad popular.

Entre los valores éticos que deben ser el fundamento de las relaciones políticas democráticas debe prevalecer la búsqueda honesta de la verdad de los proyectos sobre los que debe decidirse en libertad. En situaciones de engaño, –máxime si es promovido desde instancias de poder o de fuerza- resulta difícil distinguir lo bueno de lo malo, lo mejor de lo peor, por lo que en tales circunstancias la libertad de elegir favorece a quie(nes) engaña(n). Pero la solución democrática, en tales casos, no debe ser la de sustituir la voluntad popular –por considerarla alienada o poco madura- por el imperio de las armas o por la imposición gubernamental. Nadie puede sustituir a las personas concretas, con ojos y oídos de cada cual, en el juicio sobre las condiciones de discernimiento al decidir entre las opciones políticas en juego. La receta democrática no puede ser otra que la lucha permanente contra el engaño, del que el autoengaño no es el menos nocivo, y la reafirmación diaria de la libertad de los ciudadanos para asumir la responsabilidad de sus decisiones.

El conocimiento y la libertad nunca se adquieren de una vez para siempre: son tarea y quehacer permanentes. También en la política. La realidad social es cambiante, mutante. Las mismas palabras pueden referirse a realidades distintas y una misma cosa puede nombrarse de modos diferentes. La democracia no puede funcionar bien sin la existencia de plazas de debate, de foros de discusión, en que intervengan todos los ciudadanos que quieran contribuir con sus conocimientos y valores a esclarecer y diagnosticar los procesos políticos de su sociedad.

El conocimiento de los diferentes proyectos políticos puede provocar adhesiones o rechazos, indiferencia o entusiasmo, paz o desasosiego. Pero el juicio basado en el engaño sólo produce idiotez y, en procesos democráticos, sirve a la desintegración social y al totalitarismo.

Por ello estimo que la propuesta de liderar de forma simultánea la lucha por la normalización política y la pacificación democrática, integrando en el doble empeño cada vez a más ciudadanos afectados por las carencias en el desarrollo de libertades concretas, debe fundarse en una clarificación ética sobre los contenidos a cuyo servicio deben legitimarse las formas de las instituciones políticas y su uso, así como en un esfuerzo crítico permanente por descifrar la naturaleza de los comportamientos y proyectos que concurren en la libre oferta democrática.

La confianza ética debe preceder a la confianza política y en ésta debe fundarse el juego democrático, sean cuales fueren las formas jurídicas en que se concrete su resultado que, en democracia, nunca podrá ser totalmente definitivo.

F. Garmendia

1 Sobre este particular puede hallarse documentación de gran interés en "Cassinello, el problema vasco y ETA", in: A. de Irala: Escritos políticos sobre la situación vasca 1984-1985, Bilbao 1997, pp. 65-107.

2 Véase al respecto: F. Garmendia: Garmendia Franciso, Euskalerriak orainaldian duen hainbat oztopo politiko bere buruaren elkarteratzeko bidean barna, in: VV.AA., Nazionalismoaren Soziologiari buruzko Biltzarra / Congreso de Sociología del nacionalismo (II. Euskal Mundu-Biltzarra / II Congreso Mundial Vasco), Vitoria-Gasteiz 1988, pp. 283 - 292

3 "Liberación del Estado opresor y liberación de su propia configuración -presente y futura- como Estado Nación (desaparición del Estado y de las clases). En el caso de Euskal Herria del Estado español y del propio Estado nacional vasco futuro. Esta segunda idea lleva implícita -como componente fundamental del lo nacional-la lucha anticapitalista." (J.Agirre: La contradicción principal, Egin , 1992-02-18)

 

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