Artxibo rtf
(27 - 2003ko Martxoa)

BURUJABETZA VS. SOBERANÍA

(III)

LA TRANSICIÓN POSFRANQUISTA

No debe extrañar, por tanto, que los líderes y partidos representantes de estas cuatro líneas –y dentro de cada línea con proyectos de contenido contrapuesto- se discutiesen la dirección de la política a desarrollar en relación a Vasconia peninsular, una vez iniciada la transición postfranquista a la democracia.

En el proceso real de dicha transición, desde un punto de vista político-institucional, los focos de referencia han resultado ser el Estatuto de Gernika y la Ley del Amejoramiento del Fuero de Navarra, que, en mi percepción, se mueven (por lo que a la cuestión de la soberanía se refieren) dominantemente en la línea 2.1. y secundariamente en la línea 1.2.

La línea política 1.1., a pesar de la situación privilegiada de partida que ostentaban sus defensores –principalmente en las estructuras de poder del franquismo-, no tuvo éxito mayor, aunque no debe olvidarse la oposición de AP al propio Estatuto de Gernika.

La línea política 2.2. no fue promovida en aquellas circunstancias ni siquiera por la mayoría de los líderes nacionalistas históricos –p.e. los propios Ajuriagerra o Irujo, del EAJ/PNV- por entender que el problema principal radicaba en la creación de las condiciones mínimas de desarrollo democrático, consolidando la salida de la dictadura, de modo que pudiera avanzarse sin temor a involuciones peores en su proyecto de desarrollo de la nación vasca. Y la misma dirección revolucionaria del Movimiento Vasco de Liberación Nacional conformado a partir de V. Asamblea de ETA –su brazo armado- se dividió, por diferencias tácticas, en una doble tripleta: ETA(m)-HASI-HB, que buscaba liderar la transición vasca en clave rupturista desde el inicio, y ETA(pm)-EIA-EE, situándose ésta última a favor de la salida estatutaria, para liderar desde dentro la transformación revolucionaria de la reforma.

* * * * *

La línea política 2.1., la de la libertad foral y pacto bilateral, fue la defendida, en general, por la mayoría de los representantes del nacionalismo histórico vasco como fórmula para hallar una solución razonable en el nuevo proceso constituyente español entre 1977-1978. Partiendo de que Espartero y las Cortes españolas midieron a todos los vascos por el mismo rasero, sin distinciones entre las Provincias Vascongadas y Navarra, proponían que la reparación debía venir mediante la derogación de dicha Ley de 1839, de forma y manera que las cuatro regiones históricas vascas quedasen en idéntico plano de libertad. En este planteamiento lo importante no era que la Constitución reconociese el derecho de los vascos a autodeterminarse –lo que hubiese significado reconocer facultad a las Cortes españolas para negar aquel derecho-, sino que declarase que las intervenciones de dichas Cortes y de sus Gobiernos desde 1839 habían padecido de un defecto de origen.

En esta línea debe interpretarse que, celebradas las primeras elecciones en junio de 1977 e iniciado el debate sobre la nueva Constitución, volviesen a reivindicar diputados de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, el 25 de octubre de 1977, la derogación de las leyes abolitorias de los fueros ante la Mesa del Congreso de los Diputados en los siguientes términos:

"Conmemoramos en el día de hoy el 138 aniversario de la ley de 25 de octubre de 1839, de tan funestas consecuencias para los regímenes forales de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Los diputados representantes de dichas regiones manifiestan:

  • Su total repulsa por aquella ley que conculcó de forma unilateral el régimen foral propio de los cuatro territorios históricos citados.
  • La firme determinación de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya a recuperar en plenitud sus derechos e instituciones históricas.
  • Su convencimiento de que la nueva Constitución reconocerá en forma adecuada las justas aspiraciones de autogobierno de las regiones que, los abajo firmantes, representan".

De ese tenor fue la enmienda vasca a la Disposición Adicional de la Constitución, presentada y aprobada el 14 de septiembre de 1978 en la Comisión del Senado en la que se debatía el texto constitucional:

"La Constitución reconoce y garantiza los derechos históricos de los territorios forales, cuya reintegración y actualización se llevará a cabo de acuerdo entre las instituciones representativas de dichos territorios y el Gobierno.

A este efecto, se derogan, en cuanto pudieran suponer abolición de derechos históricos, las leyes de 25 de octubre de 1839 y la de 21 de julio de 1876 y demás disposiciones abolitarias.

El Estatuto de Autonomía que se elabore para la incorporación de los derechos históricos al ordenamiento jurídico será sometido a referendum de los territorios afectados y al voto de ratificación de las Cortes Generales.

Y, en caso de ser ulteriormente aprobado, será promulgado como ley. En ningún caso podrá ser lesionada la foralidad actualmente vigente de Alava y Navarra.

Su modificación se acomodará a este mismo procedimiento".

Esta enmienda, soslayando un pronunciamiento explícito sobre la cuestión de la soberanía, ofrecía un escenario de negociación democrática entre representantes de los territorios forales y el Gobierno español, sometiendo sus acuerdos a refrendo popular de los vascos y a su ratificación por las Cortes Generales.

El reconocer que las cuatro regiones son sujetos políticos en un mismo plano de libertad, hubiera permitido, reanudando el régimen de "conferencias" que existió entre ellas, la elaboración de un doble pacto de unión solidaria de tipo federal:

  • el pacto de unión solidaria entre las regiones históricas vascas y las instituciones del Estado español, fijando las facultades competenciales de unas y otras;
  • y el pacto de unión solidaria entre diferentes regiones vascas, definiendo las facultades que el interés común exigiera para la constitución de las Instituciones de la unión de Euskalerria.

De esa forma, en la lucha solidaria por los objetivos comunes, se hubiese podido encontrar el camino de la unión progresiva de las cuatro regiones vascas más eficazmente que por otras vías, y con mucha mayor fuerza para el beneficio de cada una de ellas y de su conjunto. Ese hubiese sido el camino voluntario, solidario y progresivo, sin otras imposiciones que las planteadas por los problemas concretos de las gentes afectadas, aplicando la concepción más avanzada de la federalidad y del self-government (burujabetza o autoresponsabilidad política). Hubiese sido el desarrollo normal de un proceso de libre determinación histórica progresiva –no en un acto único a mano alzada o a través de una homogeneización partidista o sectaria-, sin rupturas ni secesiones.

Ese doble proceso de devolución y evolución, en un plano de igualdad y voluntariedad por interés mutuo, hubiera normalizado, así mismo, las relaciones entre los territorios integrados actualmente en la CAV y Navarra, hoy anormal y artificialmente deterioradas.

Como hemos indicado, los herederos del nacional-estatalismo decimonónico interpretaron que esta solución podía cuestionar su dogma de la "soberanía nacional" -según una comisión de expertos juristas la derogación de la ley de 1839 equivaldría a una situación semejante a la independencia del País Vasco-Navarro- y decidieron impedirlo aferrándose a la excluyente "soberanía nacional española" del Estado-Nación. Razón por la que la enmienda apuntada fue rechazada en la sesión definitiva de las Cortes.

En sustitución se aceptó otro texto que, manteniendo los principios doctrinales del soberanismo español, tenía cierta apariencia de comprensión y buena voluntad, aunque en el fondo era fiel reflejo de las fórmulas centralistas heredadas del siglo XIX: "La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía".

No es que este texto impida un acuerdo pactado, sino que no lo garantiza, porque una de las partes se reconoce a sí misma la soberanía, negándole a la otra derechos al margen de la voluntad de la primera. Esta fue la razón principal de la postura abstencionista del PNV en el referéndum de la Constitución de 1978, que no alcanzó apoyo mayoritario positivo en Vasconia.

Esta circunstancia ponía ya en cuestión un Estatuto que fuese simple concesión gratuita de las Cortes y del Gobierno españoles, a modo de derivación de lo establecido en la Constitución española, pero sin tomar en consideración la voluntad específica y propia de los electores vascos.

* * * * *

El Estatuto de Gernika fue un pacto sustanciado de acuerdo con la "enmienda vasca" que fue rechazada en la Constitución; es decir su contenido se negoció entre los representantes elegidos por los vascos, de un lado, y el Gobierno español, de otro, ratificándose su contenido por refrendo popular de los ciudadanos vascos afectados y por las Cortes españolas, incluyendo como parte sustantiva de su contenido la tradicional "cláusula de salvaguardia" o de "reserva cautelar" en su Diposición Adicional:

"La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico".

Vemos en ese texto que "la aceptación" del régimen de autonomía presenta dos aspectos básicos: primero, la aceptación condicionada, pues el Pueblo Vasco no renuncia a su libertad originaria; segundo, que apoyado en esa disposición adicional, en su artículo 1º (reconocimiento de su nacionalidad), en el artículo constitucional 150.2 (posibilidad de transferencia o delegación de competencias) y en el carácter dinámico y perfectivo de la Constitución y del Estatuto, existen posibilidades de nuevas formas de estructuración del Estado que puedan abrir nuevos caminos de solidaridad y libertad para nuestro pueblo, basados en métodos democráticos y civilizados.

Esas condiciones y posibilidades son las que "hicieron que el pueblo vasco viera en el Estatuto de Gernica un instrumento válido para la progresiva satisfacción de sus aspiraciones y lo refrendase por amplia mayoría"., tal como confirmarán los representantes de los Partidos Políticos con representación en el Parlamento Vasco, a excepción de HB.

El Estatuto, pues, no colmaba las aspiraciones de los vascos, ni satisfacía la deuda del Estado español hacia el País Vasco. Era, como dijo el Lehendakari Garaikoetxea "el punto de equilibrio" en ese momento, entre nuestras aspiraciones y las exigencias del Poder Central o "un punto de encuentro de la voluntad mayoritaria de los vascos".

El Estatuto de Gernika, fundado e interpretado políticamente en principios de pacto genuino entre representantes de la voluntad popular vasca –voluntariamente integrada y ampliable- con refrendo popular en Vasconia y su ratificación por las Cortes, es un claro ejemplo de las posibilidades de acuerdo incluso con la Constitución de 1978.

Depende, por tanto, de la mayor o menor voluntad, inteligencia y habilidad políticas, utilizar el Estatuto de Gernika para profundizar en la línea democrática y federal del pacto o para encallar su desarrollo, condicionando su cumplimiento a factores ajenos al contenido pactado.

La realidad de lo ocurrido nos muestra que el desarrollo del Estatuto de Gernika, después de sus dos primeros años de ejemplar puesta en marcha, no ha tenido una vida normal, porque los máximos responsables de facilitar su leal cumplimiento, cedieron a la presión revolucionaria de ETA para reventarlo y acordaron impedir su desarrollo mientras no se acabase con ETA y se lograse "embridar al nacionalismo". La estrategia basada en el pacto estatutario de Gernika, expresada políticamente en los acuerdos Suárez-Garaikoetxea, fue sustituida por el tejerazo, la LOAPA, el GAL y la desconsideración sistemática de las demandas mayoritarias del Parlamento Vasco. Los mentores y cómplices de esta revuelta se han convertido, de hecho, en los mejores aliados del MLNV, que necesita como condición para el éxito de su alternativa de ruptura la insatisfacción popular derivada del incumplimiento del pacto estatutario por parte del Gobierno español. Unos y otros dificultarán, contra el sentir mayoritario del Pueblo Vasco, la normalización democrática basada en la aceptación de la voluntad mayoritaria y en el respeto a las minorías, con la excusa de que no se dan condiciones de paz.

De esta historia cabe deducir que el Estatuto de Gernika, siendo en su origen y contenido cabal un punto de encuentro democrático, ha sido manipulado hasta interpretarlo como punto de desencuentro o de "desgarro" desde instancias vigilantes de la transición democrática en España. Y así lo revela el General Andrés Cassinello, quien jugó un papel relevante en la orientación y primer desarrollo de la política de la transición postfranquista:

"El Estatuto, me arriesgo a interpretar, nació como la intuición de un punto medio, una síntesis, entre las tesis del separatismo y la antitesis del centralismo unitario. Se suponía que entre ambos extremos pudiera existir un punto, sin que fuera precisamente el punto medio, en el que el nivel de insatisfacción de los extremos fuera tolerable. Dudo que hubiera un estatutista puro; por eso, los que en él se asentaron lo hicieron, siempre, con la vista puesta y la intención tendida hacia el extremo. Nació y creció como punto de desgarro, en lugar de como lugar de convergencia"

[...]

"Lo primero es resolver el dilema Estatuto-Constitución. [...] ¿Qué precio pondría el PNV al reconocimiento formal de la Constitución? ¿Se ha intentado saberlo? Desde luego, si prefiere seguir hablando del Estado, en lugar de España, si sigue refiriéndose al ´ordenamiento jurídico vigente´ en lugar de a la Constitución y si continúa con su pretendido protagonismo internacional, más nos vale seguir donde estamos, continuar con la tensión y el enfrentamiento en los objetivos mismos y así eludir el planteamiento abierto de la lucha por los objetivos máximos".

El pacto que se interpretó como "punto de encuentro" (Garaikoetxea) se interpretó más tarde como "punto de desgarro" (Cassinello). Y traemos a colación esta cita de A. Cassinello, por haber sido él una de las personas más influyentes en el cambio de estrategia del Gobierno de Madrid en relación a Euskadi cuatro años antes (1981), al condicionar el cumplimiento del Estatuto de Gernika a la eliminación previa de la violencia de ETA, acusando al nacionalismo –como tal- de ser la causa fundamental del terrorismo de ETA y advirtiendo que ceder a los primeros escalones de las demandas nacionalistas equivalía a fomentar la perpetuación de la rebeldía terrorista.

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Los intentos para recuperar y desarrollar el espíritu de pacto en todas sus potencialidades –lo que depende principalmente de la voluntad política-, han tenido que afrontar, desgraciadamente, la cuestión de la violencia de ETA, que hace, además, de la soberanía del Pueblo Vasco la bandera de su alternativa táctica desde el comienzo mismo de la transición.

Así se planteó el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi (1988), en cuyo artículo 2.b. se estipula lo siguiente:

"El pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos del Estatuto sigue siendo el marco válido para la resolución progresiva de los conflictos de la Sociedad Vasca y contribuirá de manera decisiva al reforzamiento de la democracia y de la convivencia pacífica; por lo que todos los firmantes nos comprometemos a desarrollarlo en su plenitud, de conformidad con los principios que lo inspiraron y respetando su singularidad".

El Acuerdo de Ajuriaenea, liderado por el Gobierno Vasco, como su mismo título reza, relacionaba los dos aspectos: pacificación por medio de la lucha democrática común contra todas las formas de violencia ilegítima y normalización por medio del desarrollo cabal del pacto estatutario en todas sus potencialidades democráticas. Pero de hecho hubo un sabotaje permanente a la normalización, condicionándola al éxito en la lucha antiterrorista, por parte del Gobierno español.

El Gobierno Vasco se ha empeñado en conjugar simultáneamente la pacificación y la normalización como aspectos sustanciales de la consolidación de un mismo proceso democrático vasco. Pero en ese empeño ha topado con dos obstáculos principales:

El Gobierno de Madrid y otras instituciones del Estado han defendido, en la práctica, que primero debe acabarse con el terrorismo de ETA y luego plantearse cualquier reivindicación vasca pendiente, negándose por tanto al desarrollo simultáneo de la pacificación y de la normalización.

A la dirección del MLNV, para alcanzar su objetivo de impedir la consolidación de la reforma en el ámbito vasco –como condición necesaria para liderar su alternativa de ruptura revolucionaria-, le ha bastado con impedir la pacificación activando diversas formas de guerra popular (desde asesinatos hasta la intimidación).

El Gobierno Vasco ha buscado el acuerdo para simultanear pacificación y normalización, pero sin haber alcanzado nunca su deseo de implicar en ese empeño a todas las fuerzas con representación parlamentaria.

La Mesa de Ajuriaenea no contaba con los representantes del MLNV. Pero el Gobierno Vasco creyó que era firme el compromiso de todos los firmantes para "desarrollar en plenitud [el Estatuto de Gernika], de conformidad con los principios que lo inspiraron y respetando su singularidad", por entender, tal como se recogía en el acuerdo, que ello contribuiría a la pacificación.

El Pacto de Ajuriaenea, ha resultado ser víctima de un planteamiento idéntico al adoptado frente al desarrollo del Estatuto por parte de los Gobiernos de Madrid. Nuevamente han hecho depender el cumplimiento de sus compromisos políticos del cese previo de la violencia y del terrorismo que ejercen quienes precisamente tienen como objetivo declarado reiteradamente hacer fracasar la vía del Estatuto. Ya que su cumplimiento efectivo y cabal quitaría base social a la estrategia de ruptura revolucionaria de ETA, para cuyo desarrollo se valen de la bandera de la soberanía nacional. Este error es, sin embargo, el acierto del que se vanagloria el General Cassinello con sus muchos discípulos en altas instancias de la gobernación de España.

El Plan Ardanza de 1997 fue un intento para comprometer de hecho a todos los firmantes del Acuerdo de Ajuriaenea en el desarrollo simultáneo del binomio pacificación-normalización. Pero también en esta ocasión parece que el escollo entre los participantes eran las bases de la normalización: pacto genuino versus soberanía unilateral.

Ello no quiere decir que no haya gente que estime que la postura a favor de la línea del pacto bilateral genuino, no sea la vía más sensata y razonable para garantizar la consolidación de la democracia vasca en las actuales circunstancias. Tiene adeptos incluso entre personas que miran el problema más desde la perspectiva española que desde la vasca, como es el caso de Herrero de Miñón:

Lo que tal pacto de unión ha de alumbrar, en último término, es una concepción paccionada de las relaciones entre Cataluña o Euskadi y el Estado, como corresponde a entidades originariamente diferentes y no subordinadas una a otra, sino relacionadas, para utilizar un término venerable, equae principales. Pero esto supone, por una parte, reconocer la soberanía originaria de las diferentes naciones catalana y vasca, su plena competencia sobre lo que les es propio y por otra, y consecuentemente, la inderogabilidad singular de su situación constitucional que no puede ser afectada ni sólo por el Estado ni decidida sólo por ellas mismas. El pacto es, de esta manera, fruto de la autodeterminación histórica, pero, a la vez, su vigencia y su interpretación exceden al arbitrio de una sola de las partes que lo celebran. Pero más importante que la inderogabilidad singular del pacto es la voluntad de seguir pactando todos los días. La versión político- jurídica del querer vivir distintos y juntos a la vez.

Y puede afirmarse que los Lehendakaris del Gobierno Vasco han ofrecido una y otra vez este discurso. Baste como ejemplo lo expresado por el Lehendakari Ibarretxe en el Pleno del Parlamento Vasco sobre el Autogobierno (25 de octubre de 2001), pocos meses después de haber resultado el candidato triunfante en las elecciones del 13 de mayo de 2001: "El problema estriba en asumir que el Pueblo Vasco no es una parte subordinada del Estado, sino un pueblo con identidad propia, con capacidad para establecer su propio marco de relaciones internas y para incorporarse por voluntad propia al proyecto de un Estado plurinacional como fruto de una unión de voluntades ´equae principales'.

* * * *

Pero entre el Plan del Lehendakari Ardanza –elaborado a finales del año 1997 y congelado sin apenas discusión- y esta cita del Lehendakari Ibarretxe –después de su triunfo electoral el 13/05/2001- media un etapa corta, pero políticamente intensa, en la que la soberanía y el soberanismo han sido los conceptos más controvertidos en el discurso público. Nos referimos a la etapa de la Declaración de Lizarra o de Estella.

Debe decirse que, así como en el Acuerdo de Ajuriaenea y en el Plan Ardanza, el protagonismo correspondió al Gobierno Vasco, en esta Declaración de Lizarra la iniciativa se desarrolló fuera de las instituciones. La razón es la siguiente: se trataba de alcanzar el fin de la violencia, comprometiendo en tal sentido al MLNV, que para ello pedía un escenario distinto al que había venido combatiendo.

El salto de los partidos del nacionalismo histórico a un acuerdo con HB y los sindicatos ELA y LAB, amén de otras fuerzas significativas como IU, tuvo su fundamento en una doble convicción:

  • que la demanda común con ellos de un ámbito vasco de decisión, no dependiente de la voluntad de las Cortes españolas, pudiera constituirse en una base para un cambio de relaciones entre las instituciones políticas de Euskalerria y las de los Estados español y francés;
  • que dicha demanda sería aceptada siempre que ello, de hecho, fuese acompañado de un proceso de erradicación del terrorismo de ETA, dejando en adelante el juego político relativo a Euskadi en las condiciones de libertad democrática a la que aspira la inmensa mayoría de su ciudadanía.

Para la dirección del MLNV, sin embargo, Lizarra sólo tenía sentido con la inclusión de un tercer aspecto del conflicto: "una manera de entender la vida y la voluntad de construir un modelo socioeconómico distinto a través de las relaciones laborales", tal como se precisa en el manifiesto en el que ETA anuncia en septiembre de 1998 «la paralización general e indefinida de sus acciones armadas»., después de la firma de la Declaración de Lizarra

Para ese objetivo de ruptura en las relaciones sociales consideraba el MLNV (HB y LAB más concretamente) imprescindible sustituir el protagonismo político de las instituciones de la reforma (Gobierno y Parlamento Vascos, p.e.) por la creación de instituciones paralelas alternativas dotadas de soberanía popular vasca (como una Asamblea Constituyente y un Gobierno nacional provisional), que ofreciesen a los rupturistas –a través de su liderazgo en dichos organismos, la oportunidad de una movilización social sin precedentes para hacer realidad su alternativa de otra sociedad distinta.

Resumiendo: las direcciones del PNV y de EA, reticentes a lo largo de toda la transición a acordar estrategias comunes con la gente del MLNV por su adherencia –más o menos explícita- a la lucha armada de ETA, optaron –entre dudas y cautelas- por asumir la demanda de vincular el respeto a la voluntad popular de los vascos con el cese de la violencia. Así surge la etapa de la Declaración de Lizarra o Estella.

Los dirigentes de las formaciones que confluyeron en la Declaración de Lizarra coincidían sólo en parte, al interpretar el contenido concreto y cabal de los textos que habían suscrito.

El Pacto de Lizarra y los procesos que se han generado, tanto a su favor como en contra del mismo, han provocado cataratas de discursos políticos apasionados, en los que se observa la tendencia a extremar las actitudes y los comportamientos hacia las líneas políticas 1.1. y 2.2., líneas en las que domina la querencia a dilucidar la cuestión de la soberanía de los actores o de los sujetos, antes de abordar cualquier diálogo o negociación sobre un futuro mejor para nuestra sociedad.

Estamos, por ello, en un debate condicionado por la idea y la forma de la soberanía. Idea y forma que, sin embargo, puede estar al servicio de realidades harto distintas, tal como ya nos ha enseñado la historia de los países en que la soberanía se ha aplicado políticamente. Y lo dicho vale, tanto si se analiza desde un punto de vista cultural y ético, como desde el social y el económico.

Se da la circunstancia, además, de que cada una de esas posiciones soberanistas se asocia –positiva o negativamente, según cuál sea la posición de que se trate y según quién sea la persona que juzgue- a la perpetuación o a la superación de la situación de violencia y terror que padecen la sociedad vasca y la española en los años de transición postfranquista.

F. Garmendia

1 Introducción al "ACUERDO PARA LA NORMALIZACION Y PACIFICACION DE EUSKADI" del 12 de enero de 1988, que fue suscrito, con la excepción de Herri Batasuna, por todos los Partidos Políticos con representación en el Parlamento Vasco: EAJ/PNV, PSE-PSOE, PP, EA, EE, IU y UA.

2 Ibd.

3 Cassinello Pérez, Andrés: "Hablemos de terrorismo", ponencia presentada en el I Congreso de Sociología Militar Iberoamericana, Madrid 1985 y reproducida en su integridad por ABC el 24/9/1985, que en comentario editorial del mismo día afirmaba: "No podemos pasar sin un juicio editorial el informe del general Cassinello, uno de los más reveladores documentos que a nuestro juicio se han hecho públicos en España desde la restauración de las libertades. El general Andrés Cassinello es jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y hay que considerar que sus criterios no son opiniones particulares, sino puntos de vista establecidos en el mando militar"

4 Cassinello Pérez, Andrés: ETA y el problema vasco, Ponencia presentada el 12 de junio de 1982, en el Seminario que sobre "Terrorismo Internacional" organizó el Instituto de Cuestiones Internacionales (INCI). Un análisis de dicha ponencia puede hallarse en: Irala, Antón de: Escritos políticos sobre la situación vasca - 1984-1985, Iralar, Bilbao 1997, principalmente la parte titulada: El General Cassinello, el problema vasco y ETA

5 12 de enero de 1988.

6 Herrero de Miñón, Miguel: El buen camino, in Deia, 19960629, opinión, p. 18

7 En dicha Declaración de ETA se unen condicionándose mutuamente la oferta de la tregua indefinida, la apuesta por "conseguir que la fase política ante la que nos encontramos sea la de la soberanía" y "la voluntad de construir un modelo socioeconómico distinto a través de las relaciones laborales", apostillando que "ese conflicto es el conflicto de siempre, lo que ha cambiado es la posibilidad de dar pasos nuevos en ese conflicto, la situación nueva que viene de un cambio en la correlación de fuerzas".

 

 

(Próximo: IV: Perspectivas)