Artxibo rtf
(25 - 2002ko Azaroa)

UNA REFLEXION CRITICA SOBRE

EL PROYECTO DEL LEHENDAKARI IBARRETXE

El Lehendakari Ibarretxe presentó, en el debate de Política General habido en el Parlamento Vasco, un proyecto político para esta legislatura, que se ha articulado sobre dos grandes ejes: el de la pacificación y la solidaridad; y la normalización política y la convivencia. Ciertamente son las dos grandes claves sobre las que se articula la vida política de nuestro país. Llama poderosamente la atención el que parece que nadie se ha percatado de la relación existente entre ambos ejes con el Pacto de Ajuria-Enea, el conocido como Acuerdo para la normalización y pacificación de Euskadi, que aglutinó a nacionalistas, populares y socialistas en la lucha contra ETA. Nuevamente pacificación y normalización. Como una primera observación, a mi juicio importante, citaría el que se han desaprovechado en el documento del Lehendakari, las posibilidades estratégicas que le permitían haber partido de los compromisos asumidos por las fuerzas políticas que suscribieron dicho pacto, adoptando al mismo, como paradigma de su propuesta. Hecha esta salvedad, vayamos con la primera de las cuestiones: cómo se ha abordado el tema de la pacificación.

Sabido es que los llamados partidos constitucionalistas, plantean de manera tácita, -por la vía de hecho-, ilegal e injustificada, una paralización en el proceso de transferencias competenciales hasta la resolución del problema de la violencia. El discurso argumental que utilizan es doble: por un lado, la afirmación de que autogobierno y pacificación son cuestiones de naturaleza antagónica, de manera que sólo es posible contemplar la profundización del primero, solventando el problema de la violencia. No deja de ser la misma posición que mantuvo UCD en la negociación del Estatuto de la CAV, con la diferencia sustancial que nuestro contenido competencial se aceptó, a regañadientes, en la medida en que se consideraba que un mayor autogobierno iba a ser un instrumento eficaz para la pacificación. Comprobado el análisis erróneo, se paralizó todo el proceso de transferencias competenciales. Esta es una posición política que, lo que trasluce, es una idea autonómica construida sobre la base de una concesión graciosa por parte de las instituciones centrales del Estado, a modo de descentralización administrativa. Resulta, por tanto, una posición inaceptable para los que compartimos una concepción nacional de Euzkadi. Pero nuestra discrepancia no debe obviar, el tenerla presente en orden a plantear una estrategia política adecuada.

El segundo mensaje que se reproduce, de manera mimética, es el de la identidad de fines entre ETA y el nacionalismo vasco. Aceptada esta identidad finalista, si los medios de los que se vale la primera son ilegítimos, también lo es la pretensión del segundo. Se pretende con semejante teoría deslegitimar las aspiraciones al autogobierno vasco. El sofisma es falso, al partir de una premisa errónea. Pero, aún cuando lo diéramos como bueno, lo que no cabría, en tal caso, es negar su aplicación mimética con cualquier otro supuesto con el que tenga una identidad de razón. Esto nos llevaría a la conclusión de conceptuar como franquistas, a todos los que defienden la unidad de España. Y, dado que los primeros la defendieron por la fuerza y mediante la violación sistemática de los derechos y libertades fundamentales, la pretensión unitaria se transforma en antidemocrática. El argumento es de tal fragilidad que no merece mayor comentario.

Conocidas ambas tesis, sorprende que la cuestión de la pacificación ocupe tan escaso lugar en el discurso del Lehendakari, sin que esto suponga dudar de que constituya su principal preocupación. La crítica se plantea desde una perspectiva táctico-discursiva, y no en cuanto a la sensibilidad que, me consta, tiene sobre esta cuestión. No resulta, por tanto de extrañar, que los partidos constitucionalistas no hayan dudado en utilizar, en el planteamiento dicotómico que hacen entre autogobierno y paz, esta fragilidad discursiva para sostener que la principal preocupación de nuestro gobierno debiera ser ETA (1). En este sentido sugerencias que ya se han efectuado, respecto a declaraciones institucionales en relación con ETA, entiendo que debieran de haber sido tomadas en consideración e, incluso, haber precedido o, cuando menos, haber sido coetáneas, al debate del que nos estamos ocupando. La contrargumentación de la oposición hubiera perdido parte de su fundamento. En el mismo sentido podría traerse a colación la referencia inicial que se hace en la exposición al proceso de ilegalización de Batasuna. La "presunción de inocencia" que me concede el haber saludado favorablemente, en este mismo medio, la posición nacionalista en contra de la ley de partidos, me permite sostener lo inoportuno de la cita, en la medida en que por el PSOE y el PP, se ha propagado la democrática e, incluso constitucional argumentación nacionalista, como expresión de su tibieza frente a ETA. La defensa, en un momento parlamentario no procedente, de una posición contraria a la ilegalización citada, añadida a una escasa presencia de la cuestión de la pacificación y, una defectuosa presentación de ésta última, han permitido una utilización sesgada del discurso parlamentario, malversando una posición inequívoca del nacionalismo vasco frente a ETA.

En segundo lugar, tampoco es oportuno comenzar un discurso político que tiene una pretensión de aglutinar voluntades en torno a un proyecto que se presenta innovador, llevando a cabo acusaciones que, aunque compartidas por el que suscribe, predisponen al acusado a adoptar una actitud defensiva. Difícilmente va aceptar el autoritario, -el que mide el amor a su bandera por los metros cuadrados de ésta-, cualquier acuerdo institucional cuando se le acusa de mantener una concepción unilateral de España, de sostener un pensamiento único, de recortar las libertades, de quebrar la separación de poderes o, de intervenir mediáticamente. Otra cuestión distinta es, la también legítima, políticamente hablando, de sostener una estrategia de confrontación. Bien es cierto que la agresión se ha producido por parte de gobierno y partido populares, y que la reacción vasca siempre ha sido defensiva. Pero existen sectores del Partido Socialista, sensibles al autogobierno vasco, que cada vez se encuentran más acorralados y con un menor grado de legitimidad en el interior de su partido ante discursos de esta naturaleza. Y, en este momento político, el único partido sobre el que pudiera buscarse el consenso y, al mismo tiempo, quebrar el autoritarismo del PP y romper el frentismo constitucionalista, es el PSOE, con todas las limitaciones derivadas de la utilización electoral de la cuestión vasca en el resto del estado.

En tercer lugar, la exposición del Lehendakari comenzaba con un análisis, en mi opinión erróneo, por simple y sesgado, de los resultados electorales habidos en las elecciones pasadas del trece de mayo. He sostenido, en anteriores textos, que el éxito habido, más que fruto de una estrategia adecuada, vino motivado por el temor al advenimiento al poder de un gobierno "popular", presidido por Mayor Oreja. Esta fue la principal motivación de una gran parte del voto nacionalista. Ni todos los que votaron por EA-EAJ son nacionalistas vascos, en el sentido clásico del término, ni, mucho menos, comparten, de manera uniforme, una concepción independentista, en sentido clásico, como la configuración de un estado libre, en igualdad de condiciones con los otros estados. Váyase a los estudios sociológicos de opinión que se conocen para certificar este aserto. En opinión del articulista fue el temor a la desnaturalización estatutaria, con un gobierno entregado a las decisiones tomadas en Madrid, el elemento fundamental en la orientación del voto, lo que interpretado a sensu contrario suponía, unido al alto grado de participación electoral, un refrendo clamoroso del Estatuto de Gernika, que comparten tres de los territorios vascos.

Finalmente, existe una obsesión en los documentos hasta ahora presentados de fijar plazos, procedimientos y objetivos. No sé si tiene que ver con la formación matemática del que los lidera. Se podrá objetar que los ciudadanos vascos tienen derecho a conocer concretamente lo que se pretende. Dudo de que este documento alumbre una gran concreción, más bien opino, que genera una clara incertidumbre de futuro. En cualquier caso, no veo la necesidad de la autolimitación. Los dos meses estipulados por la resolución parlamentaria para el traspaso de competencias son significativos. Han trascurrido y seguimos donde estábamos. ¿Se plantea como escenificación de la falta de respeto del Gobierno español a las instituciones de obediencia vasca?. Esa es una realidad que ya es conocida.

"Una alternativa de futuro para la sociedad vasca" era el título que abordaba las cuestiones que hasta ahora han sido recogidas someramente. Como se puede observar el título no tiene nada que ver con el contenido principal contemplado en el citado epígrafe. La construcción de una estrategia política, dirigida a la búsqueda del consenso, no puede hacerse con estos mimbres ni al margen de la realidad política que nos toca vivir en cada momento: la "necessita" de Maquiavelo. Existe un criterio de oportunidad política que debe tener en cuenta la correlación de fuerzas existente en cada momento y el talante de los adversarios, su espíritu dogmático o flexible, impositivo o participativo, etc. Y en este momento, el poder político bien sea en el ejecutivo, el legislativo, la Presidencia del CGPJ con el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y la Presidencia del Tribunal Constitucional, está en manos de personas que mantienen una concepción de la España rancia, autoritaria, centralista y unitaria, construida sobre la imposición y no sobre el consenso. Abordar un planteamiento estratégico, que no sirva para incorporar a nuestro proyecto a los que mantienen un ideario asentado sobre un Estado abierto, plural y plurinacional, basado en el principio de libre adhesión, que los hay, sin, previamente, haber consensuado el producto que se oferta, es condenar el planteamiento diseñado al fracaso.

Pero el objetivo principal de estas líneas atiende a lo que constituyó el núcleo central del mensaje presidencial: el compromiso con la normalización política y la convivencia.

Como aspectos positivos del plan pergeñado citaría los siguientes:

  1. La referencia al respeto a la voluntad popular de los vascos. El Pacto de Ajuria-Enea, suscrito también por socialistas y populares, estipulaba que la única vía para la normalización y pacificación de la sociedad pasa por el estricto respeto de la voluntad popular. Ninguno de los partidos constitucionalistas se ha atrevido a criticar de manera directa esta referencia que constituye, por cierto, uno de los compromisos asumidos en aquel pacto: "El estado democrático de derecho tiene su pilar básico en la soberanía de la voluntad popular, expresada mediante el sistema de sufragio libre [...]En tal sentido, nos reafirmamos íntegramente en la Resolución unánime sobre la violencia, aprobada por este Parlamento el 14 de marzo de 1985, insistiendo una vez más en la falta de legitimidad de los violentos para expresar la voluntad del Pueblo Vasco...". Se reconocía, por consiguiente, en el primero de los acuerdos, que el Pueblo Vasco es un sujeto dotado de voluntad propia que constituye el pilar básico de un Estado democrático. Negar el respeto a dicha voluntad lleva necesariamente a un planteamiento antidemocrático. Otra cuestión muy distinta es las formas y el tiempo de su expresión, cuestión que se abordará más adelante.
  2. En segundo lugar la asunción de la vanguardia en la iniciativa política. Los dos momentos principales en los que, durante estos años, el nacionalismo vasco ha mantenido el liderazgo en la acción política han sido el de la negociación del Estatuto y el del Pacto de Ajuria-Enea, fundamentalmente, en su primera fase. Tanto, por el nacionalismo español como por el MLNV, se está, permanentemente, tratando de embridar nuestro discurso político: los primeros, acusándonos de nuestra connivencia con el ejercicio de la violencia, los segundos, -con su discurso rupturista-revolucionario-, sosteniendo nuestra colaboración españolista. Con la excepción del Acuerdo de Lizarra, hemos sabido mantenernos al margen de ambos proyectos, pero, siempre ha faltado un proyecto político nítido, que supusiera un avance respecto de una formulación, en clave maximalista, de nuestras aspiraciones políticas, ajena a nuestra realidad sociológica actual, o la genérica fórmula de la "Europa de los pueblos". El plan de Lehendakaritza tiene la virtualidad de que presenta una formulación innovadora en el terreno de la exposición política, que ha supuesto descolocar a unos y otros, fundamentalmente, estos últimos, los del MLNV, que están demostrando, hasta el momento, una sorprendente falta de capacidad de reacción. Llegará su momento por "el efecto boomerang", transcurrido el plazo fijado por el Lehendakari, si no corregimos a tiempo.
  3. Constituye también un avance, la fijación de la idea del acatamiento de los marcos jurídicos y políticos construidos por voluntad de la sociedad vasca, desde el respeto a la legalidad. Conviene recordar lo que al efecto recogía el Pacto del Ajuria Enea en su epígrafe 2.a: "El Estatuto de Gernika representa la expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos del País Vasco y constituye, en consecuencia, la norma institucional básica de que se ha dotado para acceder a su autogobierno, por lo que su asunción o acatamiento es una condición necesaria para alcanzar su definitiva normalización y pacificación".Un modelo democrático, más que por su institucionalización, se caracteriza por los mecanismos de control respecto de los que ejercen el poder y por las vías procedimentales, en orden a la toma de decisiones políticas, que se sirven del derecho para adoptar formar jurídica. El que se plantee por el Lehendakari, el respeto al principio de legalidad contemplado en el artículo 46 del Estatuto para su reforma, constituye un avance. Me asaltan ciertas dudas en relación a excepciones que se pueden contemplar a este planteamiento genérico, dudas que se construyen a partir de la enunciación que se hace respecto al principio del no veto y, a la ratificación, por referéndum, del proyecto aprobado por el Parlamento Vasco, para el supuesto de no alcanzarse un pacto político con el estado, pero habrá tiempo de desarrollarlas en líneas posteriores.
  4. También es un acierto la defensa de la foralidad vasca, de lo que, genéricamente, se designa con el nombre de "derechos históricos". La referencia a la disposición adicional única del estatuto es, en este sentido, tremendamente oportuna. Lo es por su contenido político-jurídico y por su hilazón con el Acuerdo del 87. En relación con la primera cuestión, la disposición estatutaria tiene como gran virtualidad el que, en el gran pacto político que constituyó el Estatuto, se constituye como cláusula de salvaguardia, que sirve para el reconocimiento sinalagmático de que la aceptación del régimen autonómico no significa ningún tipo de limitación a las libertades originarias del Pueblo Vasco. Queda al margen del encorsetamiento constitucional que impone la disposición adicional primera y, no quiebra el criterio de legitimidad, al no incluirse, en un marco jurídico improcedente, derechos cuya titularidad no corresponda determinarla al sujeto político contemplado en el mismo. Tomando la referencia paradigmática del Pacto de Ajuria-Enea, basta con recoger lo dispuesto en su cláusula 2.c.: "Es la voluntad mayoritaria del pueblo, a través de sus representantes legítimos, y no la de quienes pretenden imponer de forma violenta o totalitaria sus criterios sobre el conjunto de la sociedad, quien debe juzgar en cada momento de la validez o invalidez del Estatuto como instrumento de autogobierno y decidir, en su caso, su reforma y desarrollo mediante los procedimientos contemplados en el propio Estatuto y en la Constitución, estando siempre legitimado el mismo pueblo para reivindicar cualquier derecho que, de acuerdo con las Disposiciones Adicional Primera de la Constitución y Unica del Estatuto le hubiera podido corresponder".
  5. Desde la perspectiva de la acción política, me parece oportuna, la fórmula propuesta del desarrollo de políticas propias en materias competenciales no transferidas. De hecho así se ha venido haciendo durante estos años. Lo que la sociedad vasca no ha conocido es el coste que ha supuesto la ejecución de dichas políticas, resultado de la inacción e incumplimiento estatutarios de la administración central. Que Jose María Aznar, declare solemnemente la defensa de la legalidad, cuando ha incumplido sistemáticamente lo que para él es la ley orgánica estatutaria, resulta inaceptable, como lo es el insulto a nuestra más alta representación institucional, que, por cierto, también lo es del estado en el ámbito de la CAV, en aplicación del artículo 33.2 del Estatuto. El insulto al Lehendakari acusándole de fanático, es, en razón de la representación que asume, un insulto a todos los vascos.

En relación con esta cuestión es importante subrayar que, en la propuesta sometida a consideración parlamentaria, no se formula ninguna posición ilegal: ni en la forma de ejercicio de políticas propias en ámbitos competenciales no transferidos, ni en la financiación presupuestaria de las mismas. En el primer caso, porque no existe ninguna norma legal que impida al Gobierno desarrollar funciones ejecutivas y/o administrativas en competencias no asumidas en el estatuto, siempre y cuando, el ejercicio de estas competencias no desvirtúe la naturaleza y contenido de las no transferidas. En el segundo, porque lo que el Gobierno plantea para contabilizar su financiación, es la elaboración de un anexo a incorporar anualmente a los presupuestos, que va a tener por objeto recoger el gasto que va a dedicar al desarrollo de materias no transferidas, "configurándose, como producto de todo ello, una cuenta de crédito pendiente de regularizar con el Estado que se incorporará en el esquema de negociación del Cupo". Nada dice el documento acerca de que, dichas cantidades se descontarán de la parte a abonar por las arcas vascas al cupo a entregar al estado, como ha sostenido la dirección popular de la Diputación Foral de Alava y, en concreto, su Diputado General. Esa es una interpretación torticera.

Pero el mayor contenido político del documento se encuentra en el Apartado 5º: "Un compromiso democrático con la voluntad de la sociedad vasca: un nuevo pacto político para la convivencia".

Antes de comenzar mi análisis me interesa hacer dos observaciones y un comentario previos, a los efectos de entender mi posición crítica con el texto. En primer lugar, en política resulta fundamental diferenciar entre lo formal y lo material, entre contenido y continente, de manera que, en ocasiones, la presentación de una propuesta política, bajo formas no adecuadas, puede llevar al traste su contenido. La búsqueda del consenso político exige cierto grado de ambigüedad formal. Un ejemplo claro lo tenemos en la Constitución del 78 que permite, con su actual redacción, la configuración, desde un estado unitario, fuertemente centralizado, a un estado próximo a parámetros confederales. El que, a lo largo de su vigencia, se produzcan oscilaciones en la interpretación jurídica de sus preceptos, no es algo que deba escandalizarnos. Estados, con una tradición democrática continuada como los Estados Unidos, sufren claros vaivenes, en la interpretación judicial que, de sus preceptos, lleva a efecto el Tribunal Supremo, oscilaciones que tienen que ver con las bajas de jueces habidas durante un mandato presidencial y sus convicciones ideológicas. Hay mucho que comentar en relación con el procedimiento de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional español, que lleva a la imposición de una interpretación centralista del Estado. Las críticas a su falta de imparcialidad han encontrado una clara expresión, en las reiteradas incontinencias verbales cometidas por su actual presidente, singularmente, las referidas a la cuestión vasca. Comparto, de esta manera, la recusación formalizada. Pero no es el objeto de este artículo.

Este especial cuidado que debe tenerse en la redacción de textos de naturaleza jurídico-política como los constitucionales, se acentúa en los que son propiamente políticos y tienen carácter institucional, como el presentado por el Lehendakari. Tengo la impresión de su lectura, que un objetivo loable como el presentado, ha perdido gran parte de sus posibilidades de haber tenido éxito, en razón de esta variable.

En segundo lugar, todos los partidos tienen claras tendencias endogámicas, de manera que se recrean en sus propios discursos que buscan convencer únicamente a los que ya están convencidos. Esta endogamia se acentúa en el campo institucional. La deriva lleva a una ausencia de autocrítica y a que, cuando de alguna manera asoma algún atisbo de ella, se le considere a su defensor como traidor a la ideología del partido, ideología, en definitiva, en gran parte condicionada, por los sectores que, con un alto componente oligárquico, marcan el doctrinario oficial. Esta es una característica muy acentuada de todos los partidos. Hay referencias doctrinales reiteradas de este aserto, desde la famosa Ley de Hierro de Michels hasta los análisis de Offe. Se acentúa en aquellos que tienen estructuras autoritarias y muy poco democráticas, como el PP. Pero algo de ello hay también en nuestros alkartetxes y batzokis. Tengo la impresión, deseo que equivocada, que se está operando una cierta desconexión con nuestra realidad sociológica. Un buen método, para hacer frente a esta enfermedad endogámica, -en lo que tiene que ver con la elaboración discursiva de propuestas políticas institucionales-, es presentar los textos, -con carácter previo a su afloración pública-, a personas que si bien son gente de país, no son estrictamente nacionalistas. No tenemos el patrimonio exclusivo en la búsqueda de los mayores niveles de bienestar para los vas@s. Y haberlos haílos: en el terreno de la empresa, la judicatura, la universidad. La redacción que se ha dado a la propuesta del Lehendakari hubiera planteado lecturas críticas, bienintencionadas, en personas de ese perfil.

El que escribe lleva ya, unos cuantos años, planteando, cuando ha tenido ocasión, que una propuesta de solución a la convivencia entre las plurales voluntades identitarias que existen en Euskalherria, era la formalización de un pacto político basado en el principio de la libre adhesión. Lo que en algunos autores, con mayor autoridad académica y rigor intelectual, han definido como la dependencia voluntaria. Esta fórmula de combinación de la realidad vasca peninsular con su inserción en el estado, me ha parecido oportuna atendiendo, tanto a parámetros históricos como sociológicos. Los primeros, porque supone una solución de continuidad a nuestra tradición foral. Los segundos, porque ninguna propuesta política se puede hacer al margen de nuestra realidad social, con diferentes sensibilidades acerca de la cuestión nacional en los territorios vasco-peninsulares, por mucho que nuestro ideal-típico pudiera ser otro más ambicioso. En este sentido la apuesta de nuestro Presidente, ha sido el primer documento que conozca, en el que se aborda esta cuestión de manera formal. Mi simpatía con el fondo, por tanto, es absoluta, pero vuelvo a discrepar, en la forma y el procedimiento. Vayamos ya a ello.

Constituye un primer error no haber partido del Estatuto y del Pacto de Ajuria Enea en su presentación. Se nos aborda la cuestión planteando "la necesidad de un nuevo Pacto Político con el Estado como clave de un proyecto de solución [...] Se trata de construir un nuevo proyecto de convivencia basado en la libre asociación y en la soberanía compartida [...] un nuevo pacto político con el Estado que responda a las aspiraciones mayoritarias de la sociedad vasca [...]Es preciso, por tanto, encarar la realidad y plantear un nuevo pacto político que sea capaz de recoger y asumir la voluntad democrática de la sociedad vasca". Son afirmaciones claramente asumibles por cualquier nacionalista vasco, en lo que hace referencia al contenido pactista de la propuesta. No así por los llamados constitucionalistas, como la realidad se está encargando de acreditar. Hay una clara confusión, en la elaboración del texto, en lo que constituyen referentes doctrinales, que forman el basamento ideológico de los redactores, y el necesario equilibrio en la presentación de un texto político. Para poner más piedras en el camino se nos acompaña aderezado por la resolución parlamentaria del 1990 que reconocía el derecho a la libredeterminación del Pueblo Vasco (2), derecho reconocido internacionalmente, se nos dice, en los dos pactos del 66. Muchos estamos convencidos de su condición de derecho, pero muchos otros discrepan y lo conciben como principio político, sin ninguna fuerza jurídica vinculante y, otros más, niegan su aplicación jurídica a realidades políticas estatales, circunscribiendo su aplicación al ámbito colonial. Todavía son más los que establecen su incompatibilidad con la constitución del 78. Plantearlo, por tanto, como uno de los fundamentos de un nuevo pacto, en un documento de esta naturaleza, que busca el consenso y la suma de voluntades, es una torpeza política.

Constituye, además, un desacierto la referencia a la soberanía: "En virtud de nuestra soberanía originaria...". Nuestra tradición histórica no ha acudido, a lo que hoy identificamos como soberanía, desde la afirmación sino desde la negación, en línea que tiene un cierto paralelismo, con la que, en la modernidad, establecieron los constituyentes norteamericanos. Los vascos no hemos tenido, históricamente, necesidad de afirmar nuestra identidad política e, incluso, hemos convivido en estructuras políticas diferenciadas, sin dudar nunca de nuestra condición natural. La reacción vasca ha sido siempre defensiva, repeliendo las agresiones que, en cada momento histórico, se operaban contra nuestras libertades. Esta convicción filosófico-política, que, como todas, tiene también su gran componente mítico, forma, sin embargo, parte de nuestro sustrato político: negamos cualquier ataque que se produzca contra la voluntad popular de nuestro pueblo. De ahí que, sistemáticamente, nosotros hayamos venido denunciando a lo largo de estos años el incumplimiento del Estatuto. Sin embargo, se da ahora la paradoja que el proyecto presentado por el Lehendakari es conocido como soberanista y, aquellos que lo son, se nos venden como estatutistas. El propio Aznar, que mantuvo posiciones contrarias a la Constitución y el Estatuto, aparece ahora como el máximo valedor de ambos documentos. Las cuestiones a resolver son: ¿qué es lo que permite vender a la brunete mediática una imagen soberanista de nuestro proyecto con la quiebra del pacto estatuyente?. Y lo que es más grave ¿ganamos con semejante presentación a los que han mantenido cuando menos una cierta comprensión, también mediática, con nuestro proyecto? (3). Incluso, excelentes catedráticos de derecho constitucional, que han mantenido una independencia de criterio en cuestiones como la ley de partidos, han llegado a la conclusión que, la propuesta que presenta el Lehendakari no tiene cabida en el texto constitucional. Yo creo que sí. No comparto la tesis de la necesidad de una revisión, que no reforma constitucional. Incluso en propuestas como en la de un poder judicial autónomo vasco (4). Pero presentarlas bajo el paraguas de la cosoberanía o soberanía originaria, atenta, formalmente, contra el titulo preliminar del texto del 78 y, entonces, necesariamente, hemos de acudir a la vía del 168.

La propuesta es confusa ya en su primera formulación. Por un lado, se plantea como punto 1) el reconocimiento jurídico de nuestra identidad nacional y el derecho a decidir nuestro propio futuro... que se articula "...a través del reconocimiento de la capacidad plena para regular y gestionar la realización de consultas democráticas a la sociedad vasca por vía de referéndum". Esto es, parece que, en el texto, se plantean dos objetivos: el reconocimiento jurídico del derecho a la libredeterminación y la facultad jurídica de convocar referenda, jurídicamente vinculantes, a la CAV. Respecto de la primera cuestión ya he manifestado, reiteradamente, mi opinión contraria, tanto en atención a criterios de legitimidad, como en el propio orden de la estrategia política. Por otro lado, se plantea una contradicción sustancial entre esta afirmación con la que sostiene que "no es verdad que tengamos un problema jurídico, es un problema de voluntad política y democrática. El nuevo modelo de relación que planteamos encaja perfectamente con una interpretación abierta y flexible de la Constitución...". En relación con la pretensión competencial refrendaria, supone, también el reconocimiento de nuestra falta de cobertura jurídica para la convocatoria y celebración de referenda, con iniciativa unilateral, desde una perspectiva estrictamente legal. Esta última petición me parece mucho más loable. Es distinta la negativa a la inclusión constitucional de un derecho, que puede poner en peligro la integridad territorial del estado, lo que resulta inaceptable para un soberanista español, que impedir la legalización del derecho de un pueblo a ser consultado sobre las decisiones políticas que atañen a su propio existencia. Un pueblo, además, que tiene reconocida su existencia como tal, tanto en el artículo 2 de la Constitución, como en el artículo 1 del Estatuto de Gernika: "...la expresión legítimamente refrendada de la propia voluntad y un logro histórico, sin precedentes en la historia contemporánea del Pueblo Vasco, aun cuando no recoja, como es obvio, todas y cada una de las reivindicaciones de los diversos sectores representativos de la pluralidad de intereses de la sociedad", según el Acuerdo de Ajuria-Enea. Aceptada nuestra identidad popular, la negación de nuestro derecho a ser consultados, en las decisiones que nos afecten, quiebra el principio de legitimidad democrática. Pero presentar ambas propuestas unidas, lleva a facilitar su rechazo en el adversario político.

A colación de esto último me interesa también subrayar que me parecen graves las consecuencias dicotómicas que pudieran derivarse del planteamiento del Lehendakari, confrontando legitimidad y legalidad. Me detengo en esta cuestión sustancial, puesto que la misma pudiera derivarse de la aplicación del principio del no veto: "...no vamos a admitir la obstrucción y el ejercicio del bloqueo", y el Lehendakari ya ha hecho uso del principio de no-exclusión, -que cita junto a aquél-, llamando a las conversaciones a Batasuna. En efecto, se plantea en el documento, el que se va a seguir, -en el proceso abierto con el texto sometido a enjuiciamiento-, el procedimiento legal de reforma del artículo 46 del Estatuto que está claramente tasado:

  1. La iniciativa le corresponde al Parlamento Vasco, a nuestro Gobierno o a las Cortes Generales
  2. La propuesta requiere su aprobación por mayoría absoluta del Parlamento y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica
  3. Finalmente precisa la aprobación de los electores mediante referéndum.

En el estado actual de la proposición vasca, resulta evidente que, adoptada la propuesta en nuestro Parlamento, no iba a obtener la aprobación del legislativo español, por la simple aplicación de las matemáticas parlamentarias, dada la posición del PSOE y el PP, contraria, incluso a dialogar. El documento plantea la ratificación en referéndum, por parte de la sociedad vasca, del pacto alcanzado con el estado o, en su caso, del proyecto aprobado por el Parlamento Vasco, siempre en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones. Lo del escenario de ausencia de violencia genera una interrogante principal: ¿se está planteando en una situación de cese de la violencia terrorista?. Pero, lo que más me preocupa, es la oposición entre legitimidad y legalidad, que puede resultar de la fórmula planteada. El Gobierno Vasco, únicamente, tiene facultad para convocar el referéndum de aprobación de la reforma estatutaria por delegación expresa del Estado. Si el Estado, por medio de las Cortes Generales, bloquease la iniciativa parlamentaria vasca, se deduce del documento que, en cualquier caso, se trasladaría la consulta a los ciudadanos de los tres territorios históricos. Este referéndum sería contrario a la legalidad vigente. Sin embargo, desde la perspectiva de la legitimidad democrática, resulta difícilmente contestable el que se pueda preguntar a los vascos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa acerca de lo que quieren hacer con su presente y su futuro. Nos encontraríamos con una consulta ilegal, en razón de la iniciativa de su convocatoria, cargada de legitimidad democrática. Es tremendamente peligroso confrontar los principios legitimadores con los legales en un estado democrático, porque, justamente en estos modelos, la legitimidad adquiere forma jurídica. La confrontación entre legitimidad y legalidad, tiene sentido en procesos de ruptura o en situaciones de quiebra del estado. En ambos se da una desconexión entre la realidad político-institucional y la realidad sociológica. Ninguno de los dos supuestos es de aplicación a nuestra pluralidad social, prácticamente dividida en dos, sin mayorías claras de un signo u otro. Sería, en mi opinión, una grave irresponsabilidad política llevar la situación a ese extremo, puesto que resultaría francamente difícil evitar la confrontación social.

Caben otras hipótesis. Por ejemplo, la no desdeñable, de asociar el proceso consultivo a uno electoral, con una convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas, con un doble objetivo: por un lado, absorber, parte del electorado de Batasuna (5) y, por otro, cargar de mayoría parlamentaria a las fuerzas nacionalistas. Se obtienen esas mayorías ¿y qué?, ¿cómo se cumplirían los objetivos marcados?. El efecto boomerang, del que hablaba líneas arriba, probablemente sería aprovechado por el MLNV, que si de algo sabe es de manejar las frustraciones colectivas de nuestro pueblo, a través del victimismo.

No puedo dejar de escribir estas líneas, sin hacer referencia a los que, enarbolando la bandera del artículo 155 de la Constitución, con un radicalismo, que no dudo en calificar de fascista, plantean la intervención del Gobierno español, en nuestra Comunidad. Me atrevería a sostener que, si en una Comunidad están suficientemente bien cumplidas las obligaciones que la Constitución y las leyes imponen a los poderes públicos, es en la vasca. El "interés general de España", es la fórmula que alumbra dicha intervención. Su ambigüedad es absoluta puesto que ni siquiera llega a descubrirse su contenido. No podemos ni calificar la expresión como concepto jurídico indeterminado. Pero si, efectivamente, tanto el PP como el PSOE pretenden levantar la bandera del "patriotismo constitucional", ésta es justamente la bandera de los ciudadanos y, los ciudadanos vascos, más allá de nuestras convicciones ideológicas, tenemos una satisfacción razonable de nuestras instituciones. Respete, en consecuencia, los mesiánicos intérpretes del interés español, los más elementales principios democráticos.

En el Pacto de Ajuria-Enea, los firmantes, también PP y PSOE, se comprometieron al pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos del Estatuto como el marco válido para la resolución progresiva de los conflictos de la sociedad vasca. Asumieron, también, la obligación de desarrollarlo en su plenitud, de conformidad con los principios que lo inspiraron y respetando su singularidad. Sería de agradecer que, tras el transcurso de tantos años, nos explicaran a los ciudadanos vascos, por qué han paralizado de manera absoluta el traspaso de competencias, incumpliendo el compromiso estatutario, y qué alternativas plantean para la pacificación, más allá, de la solución estrictamente policial. Normalización y pacificación, nuevamente.

Kepa Bilbao Gaubeka 

  1. Javier Rojo, en un artículo publicado en EL PAIS de 7 de octubre de 2002, bajo el título de Ensayo sobre la ceguera, lo exponía de manera clara: "Constituye un error de bulto no distinguir claramente entre paz y política. La política en democracia ha de hacerse en paz, no a cambio de la paz. Por eso, si tenemos en cuenta ese principio desde la legítima discrepancia de proyectos, deberíamos actuar de común acuerdo frente a la amenaza terrorista y situar el fin de ETA como objetivo prioritario"
  2. Valga el lapsus para comentar que si en algo vale un consejo, recomendaría a algunos de los nuestros, cuando plantean la modificación del marco jurídico-político, entrando en la estrategia del MLNV, que repasasen la línea de intervención de nuestro grupo parlamentario en aquel debate. Esa debe ser la posición correcta, a mi juicio. No la que plantea la inclusión del derecho de autodeterminación en el texto constitucional
  3. Tenía ya escritas estas líneas cuando le leo a Anasagasti, el artículo que publica con periodicidad dominical en el diario DEIA, en el que hace frente a esta cuestión y, con espíritu constructivo, plantea la necesidad de hacer un esfuerzo pedagógico, en relación a un conjunto de personas que han mostrado un talante comprensivo con nuestras reivindicaciones y, sin embargo, se han desmarcado de la propuesta del Lehendakari. Probablemente se hubieran evitado algunas de estas resistencias si se hubiera empleado un procedimiento adecuado y se hubiera hecho un planteamiento formalmente más madurado.
  4. Nada hay en el Título VI de la Constitución que establezca cuál ha de ser el mínimo competencial del Tribunal Supremo. El artículo 123.1 únicamente le reconoce jurisdicción en toda España, como el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, pero no aparece ninguna facultad específicamente tasada, que tenga que ser expresamente reservada a éste órgano judicial.
  5. A este respecto no he conozco todavía ningún estudio y/o artículo que haga referencia a las consecuencias electorales que va a traer consigo la ilegalización de Batasuna y la distorsión que, con ello se va a operar en el mapa electoral vasco.