Artxibo rtf
(25 - 2002ko Azaroa)

┐A quién favorece el ‘plan Ibarretxe’?

DEMOCRACIA Y AUTOGOBIERNO. En sus ‘Consideraciones sobre el Gobierno representativo’, John Stuart Mill propugnó que "sólo puede garantizarse que no se descuiden los derechos e intereses de las personas si cada una de ellas es capaz de defenderlos y está normalmente dispuesta a hacerlo". Este principio podría parecer elemental y prudente a cualquiera. La capacidad de defender ‘los derechos e intereses de las personas’ y la disposición a hacerlo sugiere, primero, la participación de las mismas personas en la custodia de sus propios bienes y remite, en segundo lugar, a la búsqueda de eficacia en la defensa de aquellos. Según Mill, es el titular de los intereses afectados el "único custodio seguro de sus derechos e intereses".

Una vida que satisfaga eficazmente este criterio exige asociarse, autogobernarse y delegar poderes a escalas diferentes, lo que sólo excluye el tutelaje que se impone contra la propia voluntad. Y esta voluntad de autocustodiar o autogobernar los asuntos propios es un requerimiento ajustado a los principios más esenciales de la democracia, que se sostiene precisamente en la habilitación del ‘demos’ para gobernarse a sí o para otorgar su autorización a que determinadas cuestiones que le afectan puedan gobernarse desde otras instancias, buscando la mayor efectividad en las resolución de los problemas. La cuestión definitiva, dice Daniel Elazar, es ‘si gobernamos o nos gobiernan’. El autogobierno se constituye, de esta manera, en un axioma básico del proceso democrático.

Aunque concuerdan con esa útil regla de conducta, hoy y aquí se cuestiona la elementalidad y prudencia de las palabras del lehendakari cuando aboga por que los vascos seamos consultados, y no tutelados, en todas aquellas cuestiones que afectan a nuestros ‘derechos e intereses’. Estamos, sin duda, en el escenario concreto, infestado de dogmas y prejuicios arraigados en la historia, sobredeterminados por la ‘guerra popular’ de ETA cuyo lema es ‘Bietan Jarrai’ –‘no ceder’, resistir en lo sustancial y ‘continuar’, acometer con todas las formas de lucha-, incomunicados en búnqueres políticos y alejados del debate razonable.

Ante este insano cuadro, los procedimientos democráticos no llegan a consumar las expectativas que en ellos se depositaron. La capacidad de las instituciones vascas de resolver problemas que le incumben se ve erosionada, saboteada o limitada bajo la coartada de que deben resolverlos como requisito previo a ser reconocidas plenamente. En una espiral sin fin, ETA combate el autogobierno y los sucesivos Gobiernos de España lo inmovilizan mientras persista la organización terrorista, declarada por los vascos y la mayoría de sus representantes como principal problema del país. Dice Seymour Martin Lipset que "el grado en que los sistemas políticos democráticos contemporáneos sean legítimos dependerá en gran medida de las maneras en que hayan sido resueltos los problemas fundamentales que han dividido históricamente a la sociedad". Pues bien, en esa misma medida en que la legitimidad popular del sistema político ‘paralizado’ se pueda considerar vinculada a la resolución concreta de problemas tales como la violencia y la convivencia, el desgaste del proceso democrático vasco es un hecho.

La alternativa pasa, sin duda, por vigorizar este proceso democrático, invirtiendo la tendencia actual de desgaste y deslegitimación. Los intereses de quienes quieren garantizar libertades personales y el de quienes piden garantías para el autogobierno no están en conflicto respecto a ese punto. Ambas garantías forman parte del proceso democrático. Falsean la realidad quienes trivializan la actitud del Gobierno de los vascos achacándole debilidad o cesión frente a ETA y cuestionan la capacidad de los ciudadanos vascos para autogobernarse y la falsean también quienes explican la permanencia del terrorismo o el acoso a políticos de PP y PSE por el hecho de que se nieguen derechos políticos a nuestro país.

Pero, vigorizar es partir de lo que tenemos y valorar lo que hemos hecho, lo que no hemos podido hacer por falta de instrumentos y lo que simplemente hemos hecho mal por nuestra propia cuenta en los últimos 23 años.

EVALUAR LA CAPACIDAD DE AUTOGOBIERNO. Tomando como antecedente la Comisión de Desarrollo del Estatuto creada como consecuencia de los pactos de Ajuria Enea, que llegó a definir los contenidos y a cuantificar las competencias pendientes de transferir por el Estado por consenso de todos sus integrantes, el lehendakari propuso al Parlamento, al poco tiempo de ser reelegido, la creación de una Comisión de Autogobierno que realizara la evaluación del grado de cumplimiento estatutario y explorara las potencialidades inmanentes en el texto del Pacto de 1979, en cuya virtud se aprobó el Estatuto de Gernika.

La recién presentada propuesta Ibarretxe es el último acto de ese proceso de valoración que se inició en otoño del pasado año 2001. El acto y el proceso han sido duramente criticados hasta el punto de que algunos impugnan la propia legitimidad que asiste al lehendakari de administrar la agenda política vasca, censurándole que ha perdido la condición de ‘lehendakari de todos los vascos’ al haber planteado una iniciativa soberanista o secesionista. Más allá de este reproche a la propia habilitación del proponente, se ha criticado también la unilateralidad y la inoportunidad de la propuesta, que conllevaría la quiebra del aquel espíritu de pacto con que se proyectó el Estatuto. Y, finalmente, la propuesta de Ibarretxe se ha calificado como ‘triunfo de ETA’.

Sin embargo, no son las propuestas que presenta a debate el lehendakari las que le dan o le quitan legitimidad o jurisdicción ante los vascos de su territorio. Esta facultad corresponde al Parlamento Vasco que lo eligió o a los ciudadanos que, al votar en diferente cantidad a los diversos programas que se les presentaron, ratificaron la elección de los puntos a debatir y la relación de prioridad entre los mismos. El lehendakari no debe sino confeccionar su agenda en función de lo manifestado por los ciudadanos en las elecciones. Romper las relaciones con el lehendakari significa, por lo tanto, rehusar la validez de esta norma de actuación y renunciar conscientemente a incorporar, mediante el diálogo político, a la agenda política los puntos de vista de aquella parte de los ciudadanos que se tienen por no incluidos.

Lo cierto es que el ‘compromiso democrático’ con el que Ibarretxe llegó al poder en el 2001 se desplegaba sobre dos aspectos: el primero, reconocía la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas hasta ahora por voluntad mayoritaria de los vascos y el segundo, reconocía la legitimidad de las opciones de cambio o de reforma de las mismas. Para una buena porción de vascos, en consecuencia, no hay ilegitimidad en la propuesta presentada.

Para los representantes políticos de otro sector también numeroso, sin embargo, la consigna es: ‘abortar’, ‘abortar’, ‘abortar’... Para ello, se utilizan toda suerte de útiles a mano. Los gabinetes de comunicación echan humo. A la ‘reforma del Estatuto’ se le llama ‘ruptura’ y al ‘pacto de libre asociación’ se le llama ‘secesión o independencia’, a la que se opone el Título Preliminar de la Constitución que consagra la soberanía del pueblo español, para terminar hermanando ‘el crimen de ETA y la mentira del PNV’ (Mayor Oreja).

En el primero de los seminarios ‘puentes de Deusto’, organizado por el Forum Deusto el pasado junio del año 2000, el catedrático Juan José Solozábal –nada sospechoso de simpatizar con el nacionalismo- formulaba una pregunta que puede ser muy útil para que los políticos vascos salgan de sus respectivas cuevas y afronten con racionalidad sus problemas de agenda: "┐No convendría sustituir la referencia mítica a la soberanía por una discusión racional sobre los poderes que efectivamente disfruta y necesita el País Vasco?"

┐ES POSIBLE UNA ‘DISCUSIÓN RACIONAL’ SOBRE LO QUE YA ESTÁ SOBRE LA MESA? En mi opinión, la propuesta del lehendakari atraviesa el ‘mito’ soberanista y plantea sus contenidos en base a necesidades de una ‘renovación democrática’ que vuelve su mirada hacia lo regional y local y la representación de estos niveles en lo europeo, en un momento en el que se discute la futura constitución de la Unión.

La propuesta del lehendakari no se corresponde, evidentemente, al punto en el que hoy puede armonizarse un consenso político. Esa es una cuestión tan evidente que no merece razonarla. La reacción de los partidos políticos es suficiente muestra. Pero, de la misma manera hay que decir que es imposible el punto de equilibrio desde la inmovilidad posicional que acusa de ‘unilateralidad’ a una propuesta que inicia un debate o de ‘inoportunidad’ a algo que ya está sobre la mesa o que mistifica los propios términos en los que Ibarretxe ha redactado su plan.

La ‘oportunidad’ de los temas a debate, o sea la agenda, compete al lehendakari en la medida en que opte por ejercer la capacidad de iniciativa que corresponde a su liderazgo político. La ‘unilateralidad’ acompaña casi siempre en un inicio a las propuestas por su propia condición. La tarea de integración de otras opciones es posterior. Sostener, en este sentido, que la propuesta Ibarretxe es ‘unilateral’ e ‘inoportuna’ y rechazar discutirla, cuando no es definitiva, es lo mismo que negar la mayor, es decir, la legitimidad de quien la ha puesto sobre la mesa.. Por eso, pedir que Ibarretxe debe retirar su propuesta por creer que no se ajusta al ‘momento político’ no aporta nada a la multilateralidad ni al consenso y sólo significa una grave objeción a la autoridad legítima del lehendakari.

Ni el Plan de Ibarretxe debe ser hermético, ni tiene que ser retirado por principio. En ninguno de esos escenarios se hace posible la ‘discusión racional’. La cuestión hay que encararla desde una flexibilidad mutuamente comprensiva e integradora, que es al parecer el motivo de la propuesta de nuevo pacto de libre asociación.

Además, este concepto no es nuevo. En su día, el mismo Estatuto de Gernika fue concebido como un pacto de ‘libre asociación’, fruto de una negociación entre los representantes vascos y los del Estado. Y según Herrero de Miñón, bajo esta misma idea de pacto se incluiría asimismo el Amejoramiento navarro. Se trataría de lo que Schmitt vino a llamar ‘pacto de status’ y que para Herrero viene a representar una ‘unión de voluntades’ que no implica la existencia, "al momento de celebrarlo, [de] dos potestades soberanas" (‘Idea de los derechos históricos’). Es esta noción de pacto, ya utilizada políticamente para dar cuerpo al Estatuto y económicamente para regular las relaciones fiscales entre el Estado y la Comunidad Vasca a través del Concierto, la que pone en cuestión el que Solozábal y muchos otros han llamado ‘mito de la soberanía’, inalienable, indivisible, ilimitada.

Y si el pacto ya existe, en realidad lo que se propone es una renovación del mismo. Que se habrá de celebrar por las mismas vías que se establecen para su reforma, sin marcharse de la legalidad pactada vigente. Así lo ha anunciado el lehendakari. No hay, por tanto, ‘ruptura’ ni ‘secesión’ ni nada que se le parezca. Pero, el tema está sobre la mesa y ya es ‘oportuno’. El debate se acaba de iniciar y habrá de evitarse la ‘unilateralidad’.

┐FAVORECE A ETA LA PROPUESTA DE IBARRETXE? De la opinión emitida por algunos intérpretes de la propuesta de Ibarretxe podría deducirse que sí. Por ejemplo, dice Pedro Ibarra Güell en ‘El País’ del 24 de octubre que "la historia nos demuestra que esta cuadrilla de asesinos políticos mata sobre todo cuando más se distancia el escenario político de sus deseos. Cuanto más se aleja el nacionalismo democrático de sus demandas (Pacto de Ajuria Enea, distanciamiento post-Lizarra del PNV de frentes nacionalistas), más mata ETA. En consecuencia, parece que debería ocurrir lo contrario, que un proceso como el que abre ahora logrará que ETA deje de matar. Un proceso que, como lo ha definido el PP, es el de ETA (por supuesto que no es así, pero mantengamos la afirmación como hipótesis), debería lograr que ETA pare. Parece, por tanto, que establecer una estrategia política como la de este pacto es algo útil para que ETA deje de matar."

Pero, ya que este autor apela a la historia para afirmar que ‘ETA mata más cuanto más se aleja el nacionalismo de sus demandas’ (1), habría que remitirse también a la historia para conocer la previsible respuesta de ETA ante la propuesta de Ibarretxe. Pero, sobre todo, habría que conocer el alcance del escenario de ‘ausencia de violencia’ que prevé el lehendakari para ratificar el ‘pacto’ y qué protagonismo adquiere ETA en el logro de esa condición de ‘ausencia de violencia’.

┐Enfermedad terminal? Vamos a tratar de aclarar ambas cuestiones, entendiendo que son determinantes a la hora de despejar los riesgos más concretos que plantea la propuesta del lehendakari. Éste ha dicho que ‘ETA tiene una enfermedad terminal’ porque los vascos dan la espalda a la violencia. Sin embargo, este hecho no es nada novedoso. Las ‘gotas de ingenuidad’ con las que nos recomienda ungirnos todas las mañanas no nos llevan a olvidar que hace tiempo que los vascos rechazan la violencia y no por eso agoniza o muere la organización terrorista. El tema, por lo tanto, no es ese. Acaso, tras esa afirmación no hay mas que un deseo de confirmar que en un momento en que hasta ‘la gran mayoría de Batasuna no acepta la violencia’, ETA enfermará de manera ‘terminal’.

Aunque, la verdad sea dicha, esas dos explicaciones no son las mismas. La primera parte de desdeñar a un enemigo real que mantiene intacto su brutal potencial de amenaza sobre una buena parte de los representantes de los vascos, menosprecio que choca por otra parte con la atención prioritaria que ese mismo enemigo nos merece. Tras la segunda se entrevé un interés por precipitar una fuga de votantes de Batasuna hacia partidos que no aceptan la violencia como medio para aislar y someter a ETA. Vaciando de votos Batasuna se podría, según esta opinión, acabar con ETA.

Pedro Ibarra cree en la primera de las explicaciones. Así me lo parece, al menos. Cree que ETA busca una salida y que el plan Ibarretxe se la ofrece. Por ello, dice que "más allá de cuáles sean las auténticas razones reales de la propuesta, ETA, en la medida que crea que ésta se acerca a sus objetivos, puede entrar en tregua". En efecto, tregua puede ser ‘ausencia de violencia’, pero es una ausencia que no llega a ser ‘terminal’. Y de la historia de ETA sabemos que la tregua fortalece la renovación de operativos, sabemos también que no hay treguas sin ‘contrapartidas’ y que la organización terrorista revolucionaria no es amiga de treguas de larga duración.

La tregua del 98 es un ejemplo cercano del estilo con el que ETA gestiona sus treguas. De ahí que, en relación a la propuesta del lehendakari, Arnaldo Otegi diga a DEIA (20-10-2002) que "el PNV sabe como se consiguió el escenario de 1998. Ahora, el lehendakari tiene que explicar cómo piensa llegar a un escenario de ausencia de violencia, porque con esa propuesta sabe que no va a llegar". El requisito para que el proyecto termine en una ‘declaración de tregua’ es, según el portavoz de Batasuna, "que el lehendakari tenga previsto abrir negociaciones con ETA para llegar a ese escenario". No cabría pensar, por tanto, que el sólo movimiento de Ibarretxe indujera por telestesia a ETA a una reflexión que le condujera al umbral del fin de la violencia. Otegi subraya que hay que sentarse, conversar y negociar... con ETA. Además, estas conversaciones con ETA no serían "para discutir sobre su nueva propuesta [la de Ibarretxe] sino tomando como referencia la que la izquierda abertzale presentó en el año 1998, para generar un proceso constituyente en el conjunto del país". De optar por este camino, la organización armada revolucionaria podría recuperar la llave con la que gestionar a sus anchas el conflicto. Estos no parecen, por lo tanto, síntomas de la ‘enfermedad terminal’ de ETA.

Vaciar’ para derrotar. En la segunda de las interpretaciones probables, la ‘enfermedad terminal de ETA’, más que razón, sería consecuencia de la implantación de la propuesta. Ésta permitiría ‘vaciar’ de votos a Batasuna e incluirlos en el sistema, debilitando lo que el MLNV considera su más preciado activo, su masa social. Sin embargo, ésta no se corresponde exactamente con su masa electoral.

Conviene detenerse en esta falta de correspondencia. Entre los políticos, es muy común creer que el lugar de la política se limita al voto y a las elecciones. Esta tesis restringe la idea de la democracia como participación. Pero, en lo que al tema que analizamos se refiere, es el origen de errores muy concretos en lo que a la lucha contra ETA se refiere. Algunos han llegado a creer que ilegalizando Batasuna se impide que se emitan votos para ETA y que ésta puede ser más fácilmente derrotada. Otros pueden tener la tentación de pensar que ‘vaciando de votos’ Batasuna, ETA se habrá acabado.

En realidad, el método de intervención del MLNV no pivota entre esas dos modalidades de lucha violenta y electoral. La ‘centralidad’ de ETA es indiscutible y ejerce de garantía contra la absorción del MLNV por el sistema, aunque el conjunto del movimiento se autoorganiza en torno a una multiplicidad de gentes, reivindicaciones y lugares y combina modalidades de lucha violenta y pacífica, acciones legales e ilegales, participación electoral e institucional y movilización de masas, en las que a cada modalidad corresponden normas y valores diversos y hasta contradictorios. Como dice Lenin en ‘la guerra de guerrillas’: "el marxismo admite las formas de luchas más diversas; además no las ‘inventa’, sino que generaliza, organiza y da un carácter consciente a las formas de lucha de las clases revolucionarias que surgen por sí mismas en el curso del movimiento". Mao, más tarde, definiría a este complejo de ‘luchas diversas’ con el nombre guerra popular.

De ahí que ETA, en el ZUTABE en el que valora el 13-M, conmine al MLNV a distinguir entre ‘recuperar votos’ y ‘dar un nuevo impulso a la base social’ en la que se organizan estas ‘formas de lucha’. La línea de intervención que se propone es ‘cotidiana’ y "esto no se conseguirá mediante movimientos o iniciativas políticas de alto nivel. Para lograr este objetivo, será fundamental el trabajo en los pueblos y barrios. Comunicación directa y trabajo de relaciones e interpelación, adecuación de estructuras organizativas de los barrios... esos son los cambios que hay que analizar y poner en marcha tanto para un futuro inmediato como a largo plazo". De ahí también que para vencer a ETA haya que hacer algo que vaya más allá de ‘vaciar de votos’ o ilegalizar a Batasuna.

‘Vaciar de votos’ es, sin duda, mejor opción que ‘negociación’ o que ‘ilegalización’. Pero, para ganar a ETA, tanto hay que ‘vaciar’ como ‘llenar’, destruir como construir. En primer lugar, la política democrática no se debe limitar a una competición periódica en la que se hayan de arrancar votos, en un juego más teatral que real. Debe incentivar constructivamente también otras modalidades de participación del ‘demos’, debe resolver las carencias del sistema democrático y debe procurar una mejora constante de las condiciones de solidaridad y libertad de las personas y sus comunidades. Una política que aborde los dilemas de fondo desde una perspectiva de ensanchamiento de la democracia ‘vaciará’ de coartadas a los movimientos que pretenden explotar las carencias democráticas para destruirla por completo. Una política, en definitiva, al servicio del pueblo, de su autogobierno, de sus libertades, de su bienestar y no al servicio de los intereses de ETA, de sus proyectos o de sus treguas. Enfocado desde este esquema, es decir con la clara pretensión de ensanchar la democracia vasca al servicio de los intereses de sus propios ciudadanos y de combatir a ETA hasta su final, el debate que ha propuesto Ibarretxe puede ser una nueva oportunidad para el conjunto de los vascos y una amenaza sólo para ETA.

En este sentido, sin embargo, sólo esta acción es insuficiente para ganar a ETA. No sólo se necesitan proyectos constructivos que sostengan la credibilidad de la democracia en un momento de crisis política. Son precisos, en segundo lugar, instrumentos destructivos de la coacción y el engaño de los que se vale ETA en su acción política y social. El escenario ‘sin violencia’ que propone para resolver la ‘normalización política’ debe comprometer al lehendakari en un combate sin tregua contra el ‘uso o amenaza de fuerza’ para imponer proyectos políticos cualesquiera que sean, lo que significaría una ETA acabada, sin capacidad de coacción, dispuesta a someterse y ‘entregar las armas’ a las instituciones que desde hace 23 años representan a la autoridad democrática, en lo que pudiera ser una analogía vasca con el acuerdo de Stormont.

Por último, no es posible ‘vaciar’ de base electoral a Batasuna o a quién le sustituya ni ‘vaciar’ de base social al MLNV, sin ‘vaciarlos’ de legitimidad. Es lo que el lehendakari Ardanza reclamaba a la Asamblea Nacional de su partido en febrero de 1996: "nuestro primer objetivo deberá consistir en desenmascarar, ante las propias bases del MLNV y ante toda la sociedad, el auténtico proyecto estratégico de la actual dirección de la Izquierda Abertzale. Su carácter esencialmente revolucionario y anti-sistema, así como su intención manipuladora de la ‘cuestión nacional’, deberán quedar al descubierto. Sería el modo más eficaz de provocar en el MLNV las contradicciones internas necesarias para que el soporte social abertzale del Movimiento comience a cuestionar el proyecto político de la actual dirección y, con él, el sentido y la utilidad de la ‘lucha armada’". Estas palabras del lehendakari Ardanza, pese a que han sido sistemáticamente ignoradas en la acción política reciente, siguen teniendo plena vigencia. Sin esta resolución de ‘desenmascarar’ el engaño de ETA y de neutralizar su capacidad de amenaza, la botella del MLNV no se vaciará nunca del todo.

NINGUNA OPCIÓN PARA ETA. El proceso propuesto por Ibarretxe se sostiene en una serie de fundamentos que deberían ser gestionados con firmeza para que no le quepa ninguna opción al ‘rupturismo revolucionario’ de ETA.

En primer lugar, su carácter abierto a la ‘libre participación de todas las sensibilidades políticas y sociales’ implica a las Instituciones vascas en la realización de un especial esfuerzo para facilitar la transparencia de todo el proceso ante la sociedad y para garantizar que todas las opciones políticas y sectores sociales puedan participar en el debate sin estar condicionados por amenazas. La muy reciente amenaza (29/9/2002) de la organización terrorista sobre las sedes y actividades del PP y PSE y sobre cuantos ciudadanos se relacionen con ellas exige una alerta especial en relación con este principio.

En segundo lugar, la invocación a ‘la flexibilidad, sin prejuzgar el resultado final’ debe ayudar a restaurar la confianza en el diálogo de aquellos sectores que han percibido ‘unilateralidad’ en el lehendakari. En tercer lugar, el recurso a ‘la legalidad’ y que ‘el procedimiento de reforma’ se ajuste a lo que el propio Estatuto prescribe, con el protagonismo principal para las instituciones, debe despejar las dudas de los que creen que la propuesta es una ‘aventura’ rupturista.

Finalmente, el compromiso de crear ‘las condiciones adecuadas para que la sociedad vasca ratifique en libertad y sin violencia’ lo acordado por los partidos remite al sometimiento de ETA como objetivo previo a la celebración de la consulta popular.

Los fundamentos de la propuesta son los cimientos del edificio que Ibarretxe propone construir. Son la garantía de que el proceso será democrático y sus resultados serán duraderos. Renunciar a dichos fundamentos, o construirlos con desinterés, sólo nos puede llevar a que el edificio se derrumbe antes de acabarlo, a una crisis política todavía mayor, a que vuelvan a tener opciones los enemigos de la democracia vasca.

Joxan Rekondo

 

(1) Artículo en el diario El País. "El proyecto de Ibarretxe. Violencia y Pacto". Conclusión, por cierto, muy discutible desde el punto de vista estadístico. Por ejemplo, durante el año 1978, debate y plebiscito constitucional con rechazo de nacionalistas (‘abstención’) y revolucionarios (‘no’), fue un año de gran actividad criminal en el que ETA asesinó a 69 personas, cifra sólo superada en los años siguientes,1979 (85) y 1980 (100). Ya que Ibarra cita el Pacto de Ajuria Enea, hay que decir que es mayor la actividad terrorista antes de su firma que después. De hecho, 1987, el año inmediatamente anterior a la firma de dicho Pacto, es el cuarto año más sangriento de la historia de ETA, con 53 muertos. En 1988, tras la firma del Pacto de Ajuria Enea el 12 de enero, el número de muertes se reduce a 19. El argumento, por tanto, de que ‘más mata ETA cuando el nacionalismo se aleja de sus demandas’ no vale. En consecuencia, más parece que el autor de tesis tan descabellada fabrica una premisa inducido por el interés de sostener y sugerir la conclusión que ha predeterminado: es decir, que el nacionalismo debería ‘acercarse a ETA para que ésta contuviera su criminalidad’.