Artxibo rtf
(22 - 2002ko Apirila)

HACIA LA ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA

El Consejo de Ministros remitió, el pasado 22 de marzo, el anteproyecto de ley de Partidos al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado, para que se pronuncien sobre su contenido en el plazo de un mes, como paso previo a su tramitación parlamentaria. En el citado texto se prevé la declaración de ilegalidad de un partido que vulnere los derechos fundamentales, o propicie el odio o la violencia.

A salvo de conocer, en detalle, el todavía anteproyecto de ley y lo que quede del mismo en el texto legal resultante, los supuestos en virtud de los cuales se pretende la ilegalización de un partido político son los siguientes:

1║) cuando su actividad no se ajuste, de forma reiterada y grave, al respeto de los valores democráticos, o cuando "persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático".

2║) cuando éstos o las personas a ellos vinculadas fomenten el odio, la violencia y la confrontación social como método para la consecución de objetivos políticos.

3║) cuando promuevan o defiendan atentados contra la vida, la integridad o la dignidad de la persona, o el libre desarrollo de la personalidad, así como la discriminación, la exclusión y la persecución de personas por razón de su opinión, nacionalidad, raza, sexo o religión.

4║) cuando apoyen de manera expresa o tácita al terrorismo, bajo cualquier forma, incluso "exculpando y minimizando su significado y la vulneración de los derechos fundamentales que comporta".

5║) Cuando incluyan personas condenadas por delitos terroristas en órganos directivos o listas electorales, así como utilicen símbolos o mensajes que representen o se identifiquen con el terrorismo y las conductas asociadas al mismo.

6║) cuando cedan a favor de los terroristas o de quienes colaboren con ellos de los derechos y prerrogativas que la legislación electoral otorga a los partidos,

7║) Cuando organicen actos o acuerdos que tengan como finalidad recompensar u homenajear y distinguir acciones terroristas o a sus autores.

El órgano judicial competente para la declaración de ilegalidad, se prevé que sea la Sala Especial del Tribunal Supremo, sala contemplada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.

Los sujetos legitimados para instar los procedimientos judiciales que deriven en la disolución de un partido son, única y exclusivamente, el Gobierno, el Fiscal, 50 diputados ó 50 senadores.

La sentencia dictada por la Sala Especial, no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio en su caso del amparo ante el Tribunal Constitucional, y será ejecutiva desde el momento de su notificación. Tras ésta última, se procederá al cese inmediato de toda la actividad del partido político en cuestión y se presumirá fraudulenta y, por tanto, no podrá prosperar la constitución de una formación que continúe o suceda al declarado ilegal o disuelto.

La disolución supondrá la apertura inmediata de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores nombrados por la Sala. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario.

Frente a esta previsible regulación legal de los partidos políticos, la actual se encuentra contemplada en una breve ley, de naturaleza preconstitucional, como es la ley 54/1978 de 4 de diciembre, de partidos políticos de la que se deducen, en combinación con el texto constitucional español, los siguientes supuestos en los que cabe la disolución de un partido político, por su carácter ilegal:

a.- Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito

b.- Las asociaciones secretas y de carácter paramilitar

c.- Cuando se incurra en los supuestos tipificados como de asociación ilícita en el Código penal (artículo 5 de la Ley de Partidos Políticos, en relación con los artículos 515 a 521 de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal)

d.- Cuando su organización y sus actividades sean contrarios a los principios democráticos (artículo 6 de la Constitución y 5 de la Ley de Partidos Políticos)

Expuesto el ámbito normativo, procede analizar la procedencia o no de la reforma propuesta.

Toda reflexión sobre esta cuestión requiere partir de dos limitaciones previas:

  1. La primera consiste en tener presente que la relación entre la ciencia jurídica y los partidos políticos, es el principal ejemplo de la relación entre el derecho y la política, y, ésta última, siempre ha mostrado una clara rebeldía a ser encorsetada en parámetros jurídicos. Sus principales sujetos, los partidos políticos, como actores fundamentales en el proceso de creación del derecho, -a través de las instituciones del modelo democrático-, han acreditado, históricamente, una tendencia a situarse por encima de la norma jurídica. Del mismo modo, cuando de lo que se trataba era de la defensa de sus intereses particulares han llevado a cabo, en no pocas ocasiones, un uso espúreo de la ley, en contra de su carácter genérico y la finalidad estoica de la norma, dirigida a la consecución del bien común. Sirva como ejemplo todo lo relativo a la deficiente regulación legal de su financiación y las irregularidades habidas a este efecto en todos los partidos, o las cuestiones relativas a la instauración de modelos oligárquicos en su seno, con el peso de los burócratas y liberados, en el control del partido y la instauración de profesionales de la política que toman posesión del cargo de manera perpetua, cuestiones, ambas, pendientes de resolución por el ordenamiento jurídico. El último episodio casero que hemos tenido de esta naturaleza, afortunadamente corregido ante el escándalo social generado, ha sido el vergonzante acuerdo de nuestro Parlamento en relación con el tiempo de cotización de nuestros representantes en orden a la obtención de la correspondiente pensión contributiva.
  2. En segundo lugar, resulta necesario evitar el espejismo en que con mucha frecuencia se mueven los aplicadores del derecho, consistente en pretender que éste último puede dar solución a todas las cuestiones políticas. La juridificación de la actividad política es una pretensión condenada al fracaso, por la enorme vitalidad y dinamismo de esta última y la imposibilidad de predecir de antemano todo comportamiento político, tanto en sus manifestaciones, como en los sujetos y procedimientos de los que se vale para dar expresión a las mismas. Conduce, además, hacia el estado autoritario, ya que cuantas más restricciones se impongan al ejercicio de la actividad política, menor es el margen de autonomía del comportamiento político y resulta más complicado dar expresión al pluralismo social. Esto es, en el modelo en el que actualmente nos desenvolvemos, democracia política y partidos son dos realidades inseparables, de manera que éstos últimos son la principal expresión, -desde la toma en consideración de los actores políticos-, de aquélla y, por tanto, cualquier limitación al ejercicio de la actividad política, supone una restricción del principio democrático. Resulta por tanto necesario abordar la cuestión de la ilegalización de un partido, con una enorme prudencia y frialdad, sin dejarse llevar por las pasiones, que pueden llegar a cegar la razón, puesto que lo que está en juego es el fundamento mismo del sistema.

Si esto podemos sostenerlo con carácter general, desde el ámbito de las limitaciones inherentes a la relación entre derecho y política, si fijamos nuestra atención en los derechos fundamentales, la declaración de ilegalidad de un partido político supone relacionarla con aquellos de los que es principal agente, como son: los derechos de asociación, participación política y, más ampliamente, los derechos de libertad de opinión, expresión y libertad ideológica.

Los partidos políticos son expresión no la única, pero sí la más relevante, del pluralismo político, el cual a su vez es expresión del pluralismo social, en la medida en que uno de los elementos que definen un modelo plural es el reconocimiento de grupos y formaciones sociales entre el individuo y el Estado.

La instauración del sufragio universal, frente al censitario, supuso la quiebra del dogma de una voluntad única de la nación, aquélla que identificaba a ésta, con la de sus llamados "mejores hijos", -los que pretendían instaurarse y perpetuarse en el poder, por estar dotados de una mayor fortuna o una mejor formación-, para dar paso a la pluralidad de las voluntades de un pueblo, que tiene en las elecciones periódicas y en los sujetos que toman parte en las mismas, los partidos políticos, la principal manera, que no la única, de expresar la pluralidad política. Ese pluralismo político a través de la discusión, la transacción y el voto, transforma, esa pluralidad de voluntades en una única voluntad del órgano en la que se manifiesta, que desarrolla la función, principalmente ejecutiva o legislativa que tiene encomendada, en el ámbito territorial o funcional, para el que la tiene asignada por el derecho, haciéndose posible el funcionamiento de un cuerpo social. Por tanto, desde esta perspectiva, un modelo será tanto más democrático cuanta mayor sea la posibilidad que tienen los representados de encontrar un reflejo más aproximado a su concepción política en los agentes encargados de hacerla valer.

En lo que hace referencia a nuestro País, las elecciones al Parlamento Vasco del 13 de mayo de 1981, sobre un censo electoral de 1.813.356 vascos con derecho al voto y un porcentaje de participación del 79%, esto es 1.431.996 vascos, 143.139 vascos decidieron dar su voto a EH, -un 10% de los votantes y un 7,9% del censo electoral-. La pregunta inmediata que surge es qué va a pasar con estos votantes si se ilegaliza Batasuna, dónde van a encontrar cauce político a sus particulares concepciones, -al margen que nos pueda repugnar éticamente, la aceptación implícita o explícita que, en algunos de ellos, pueda darse del ejercicio del asesinato o la extorsión-. No estamos ante una situación de posguerra, como la que condujo en Alemania a la prohibición del Partido Socialista del Reich, como nueva formación orgánica del nacionalsocialismo. Ni a la que, en el contexto de la guerra fría, condujo a la prohibición del Partido Comunista Alemán. Tampoco ante grupos minoritarios, de escasa presencia social, como los que llevaron a la ilegalización en Francia de los neonazis asociados entorno a la Federación de Acción Nacional Europea, ni a los que, por poner, un ejemplo próximo, llevaron, con Chirac como primer ministro, a la ilegalización de Iparretarrak, tendencia claramente minoritaria y sin peso social en Iparralde. Nos encontramos ante un colectivo con una clara presencia social en nuestra comunidad. El privar a estos vascos, mal que nos pese, del derecho al voto, parece una clara afrenta al pluralismo político e imposibilita su concurrencia, en la formación y manifestación de la voluntad popular.

La creación de los partidos políticos nace como una manifestación del derecho público subjetivo de asociación, y el hecho de que sean expresión de este derecho implica que ningún aspecto ni función de estos sujetos pueda venir predeterminada por el derecho que los regula, porque justamente la naturaleza del derecho de asociación se fundamenta en hacer abstracción de las funciones que llevan a efecto los partidos. El único elemento que quiebra este principio genérico es aquél, en virtud del cual, el colectivo asociado pretenda la consecución de fines ilícitos o atente contra el sistema democrático. Ciertamente, éste último tiene un legítimo derecho de defensa frente a aquellos que atentan contra él, pero sostener esta afirmación implica acreditar la relación orgánica entre ETA y Batasuna, lo que resulta extremadamente complicado, al menos en lo que conocemos de la naturaleza del MLNV.

La combinación entre, lo que en el argot etarra se denomina como lucha de masas y lucha armada, es un constante que aparece de manera permanente en la historia de ETA. Ésta última ha considerado, al menos desde la IV Asamblea, que la victoria de su proyecto político requiere del empleo de ambas, a través de la diversidad organizativa y la combinación de la lucha armada, la institucional y la movilización social, con organizaciones, orgánica y formalmente independientes. Rekondo, en su libro Bietan Jarrai explica de manera diáfana, el proceso evolutivo habido, al analizar la ponencia Karramarro –Cangrejo- de septiembre de 1995: "Conviene recordar que la primera estructura de la que dispuso ETA fue la que se configuró como diversos frentes a los que atendía la propia organización; después, se impulsó un desdoblamiento que situó la dirección política en un "bloque dirigente" KAS que globalizaba las políticas de los organismos del MLNV que, además, formaban parte del "bloque" y, más adelante, se constituyó el frente popular, la Unidad Popular (HB), como brazo civil que amplía, más allá de KAS, los apoyos al programa mínimo –la Alternativa KAS o la nueva Alternativa Democrática- que propone ETA. Ahora se plantea la creación de un "nuevo KAS" y la desvinculación organizativa del mismo, por parte de sus componentes tradicionales [...] La vinculación primordial del doble militante "implicado en las dinámicas reales", a la Asamblea local de KAS (Karramarro) es la mejor garantía de que los organismos sectoriales, controlados por el aparato fáctico KAS, mantengan su dinámica específica vinculada, en todo momento, a la estrategia global del MLNV" . Pretender, en definitiva, analizar al MLNV, desde una concepción clásica en las formas de intervención política, es una tarea condenada al fracaso, máxime en un proceso en el que de ha operado una mayor autonomización de la acción política de los militantes del MLNV, con una dispersión en las formas de organización política, subordinadas al principio de unidad en la lucha.

Otra cuestión, muy distinta, es la de que nos encontremos ante supuestos de doble militancia, de manera que miembros de Batasuna, puedan pertenecer a la organización terrorista. Estamos hablando de supuestos de responsabilidades personales, para los que el ordenamiento jurídico penal ya ha habilitado los tipos penales correspondientes, fundamentalmente en el Título XII, del código del 95. En atención a la aplicación de este corpus legal, la responsabilidad estará siempre residenciada en la persona delincuente, pero no en la organización política de representación popular a la que pudiera pertenecer o votar.

El derecho de participación, tiene una relación directa con el derecho de sufragio en la reflexión que estamos llevando a efecto. El cuerpo electoral que no es algo homogéneo, cuyo elemento jurídico determinante para su configuración es la inscripción censal y al que el derecho le atribuye funciones de distinta naturaleza, es el órgano a través del cual se expresa la voluntad popular y se eligen los representantes. Incluso hay textos constitucionales, como el italiano, que configuran el sufragio como un deber moral y cívico. Evidentemente, los ciudadanos que estiman que en el panorama político no encuentran una opción que se aproxime a su concepción de la vida, tienen el derecho de abstención, activa o pasiva. Pero el ejercicio de este derecho no deja de introducir un déficit de legitimación en el sistema, hasta el punto de que, cuando los niveles de abstención son superiores al 50%, surgen serias dudas, en orden a la virtualidad y existencia del propio principio democrático. En el caso que nos ocupa, ya no se trata de que los ciudadanos no procedan al ejercicio del derecho de sufragio activo, sino que se priva a los mismos del derecho de sufragio pasivo.

Los partidos políticos ejercen funciones de naturaleza social, de las que, la fundamental, es la propia legitimación del sistema político, y la propia socialización y movilización de la actividad pública. Batasuna tiene una concepción instrumental de nuestro sistema institucional, de manera que hace un uso de las instituciones de obediencia vasca, dirigido a mostrar lo que considera que son sus contradicciones en aras de su deslegitimación. La privación del derecho de participación de sus electores y elegibles, introduce un déficit democrático, de manera que el MLNV, frente a una participación voluntaria utilitaria, encuentra argumentos jurídico-políticos para acentuar su discurso político excluyente. Nos introduce, además, en su propia estrategia victimista. Su ilegalización daría argumentos para el discurso de un estado opresor y un nacionalismo colaboracionista, de la misma forma que, por ejemplo, el acuerdo sobre el concierto ha traído consigo "...pagar anualmente con nuestros impuestos más de 125.000 millones de pesetas a cuerpos e instituciones represivas como el ejército, la policía y la monarquía española que niegan los derechos que Euskal Herria tienen como pueblo".

La libertad ideológica tiene una doble dimensión: interna, dirigida a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar o enjuiciar la realidad según las propias convicciones personales, y una dimensión externa, con arreglo a las propias ideas, sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer la compulsión o la injerencia de los poderes públicos. Por tanto, no cabe su constreñimiento ni siquiera por los propios principios ideológicos subyacentes en el texto constitucional, de tal manera que ninguna constitución puede cercenar ninguna ideología, aunque se manifieste en contra de los propios principios democráticos. Lo que son objeto de sanción son las conductas, a través del ilícito penal correspondiente, cuando estén tipificadas con este carácter. Todo ello con independencia de que resulta muy difícil establecer la ideología de cualquier texto constitucional.

La cuestión se ha planteado de una manera diáfana con la figura del acatamiento constitucional por parte del nacionalismo vasco.

La exigibilidad del respeto al texto constitucional es de signo distinto para ciudadanos y poderes públicos. Mientras los primeros tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, sin perjuicio de aquellos supuestos en los que se recojan deberes de naturaleza positiva, los poderes públicos tiene el deber de acomodar su comportamiento al texto constitucional, de manera que, el acceso a un cargo público, implica un deber positivo de acatamiento, entendido como respeto al texto constitucional, lo que en modo alguno implica la aceptación íntegra de su contenido ni una adhesión ideológica a los principios que pudieran inspirarla.

Haciendo la correspondiente traslación la cuestión se plantea en relación con la negativa por parte de Batasuna a condenar los atentados de ETA. Que, desde una dimensión ética, nos resulte despreciable el comportamiento de los electos de Batasuna y sus representantes que, sistemáticamente, se niegan a condenar el asesinato, consumado o frustrado, de cargos públicos, -mujeres y hombres-, implicados en la mejora de las condiciones de vida de sus conciudadanos; de intelectuales comprometidos a través del verbo, el pensamiento y la acción política con el sistema democrático; de los que han dedicado su ya larga vida a la lucha por la libertad desde tiempos del franquismo o; de jóvenes generosos y solidarios, no lleva a la conclusión, que ese comportamiento sea una exaltación del terrorismo y una vulneración de los principios inspiradores de la libertad ideológica y de expresión. Resulta cierto que, ni una ni otra, comprenden el derecho a efectuar manifestaciones, expresiones o campañas que supongan cualquier forma de apoyo al terrorismo. Se sitúa por encima de ambos derechos la dignidad humana que no admite ningún tipo de discriminación, y que requiere, como es obvio, el respeto previo al derecho a la vida. Por tanto, cualquier expresión o aseveración, realizada a partir de una execrable concepción del mundo y de la condición humana resulta jurídicamente condenable. No lo es, desde esa misma perspectiva, el silencio o la negativa a la condena.

Para terminar, vamos a analizar, brevemente, por no ser el objeto de este artículo la reflexión jurídica, las claras deficiencias, contragarantistas, que presenta el texto que se propone:

El primer aspecto que resulta rechazable es que la única sanción prevista sea la de disolución. Si creemos haber argumentado algo en las líneas precedentes es que la ilegalización de un partido político, más si tiene una amplia base social, requiere de la fijación de supuestos de extrema gravedad y con todas las garantías, tanto desde la perspectiva del derecho sustantivo o material, como el derecho adjetivo o procesal. Por tanto, el que lejos de establecer una graduación en el régimen de sanciones, únicamente se recoja el supuesto de la ilegalización, no parece que sea acorde con el principio de proporcionalidad, ni con el de acomodo de la norma jurídica a la realidad socio-política. Si bien, toda regla de derecho expresa un "deber ser", tiene una pretensión de "ser", de acomodarse a la realidad que pretende regular, y esa pretensión de vigencia lo que no puede hacer es ignorar las condiciones necesarias para que la norma sea efectiva, lo que requiere de su previo acomodo a la realidad sociológica sobre la que pretende actuar.

En segundo lugar, la norma, cuya elevación a rango de ley se pretende, está repleta de conceptos jurídicos indeterminados, que introducen una notable inseguridad jurídica: ┐cómo se define cuándo una actividad de un partido político no se ajusta al respeto a los valores democráticos o persigue eliminar el estado democrático?, ┐quién tiene el monopolio sobre esa interpretación?, ┐a través de qué presunciones se puede obtener la conclusión de un apoyo tácito al terrorismo?, ┐qué mensaje se identifica con el terrorismo?, ┐quizás el de euskal presoak Euskal Herrira?. Esta inseguridad jurídica, que somete el enjuiciamiento de un hecho al arbitrio de la particular concepción ideológica que pudieran detentar los juzgadores, lo que trata de dar es una apariencia jurídica a fundamentos que corresponden más bien al estado-policía.

En tercer lugar no podemos escapar a la impresión de que el casuismo reglamentista, con el que se han desarrollado los supuestos de ilegalización, se han construido sobre la base de comportamientos que han llevado a efecto electos del MLNV. Así, por ejemplo, la exculpación de los atentados parece ir dirigida a los supuestos de no condena, la cesión de espacios electorales, recuerda la difusión en el espacio electoral de HB del famoso video de ETA, o la inclusión de presos etarras en las listas, también parece hacer referencia a casos como el del etarra condenado por el asesinado del concejal sevillano y su esposa. La conclusión a obtener es que se trata de una norma jurídica teledirigida a un objetivo concreto: la ilegalización de Batasuna.

En cuarto lugar no parece oportuno que el procedimiento de ilegalización de un partido político se residencie, "ab initio", en la sala especial del TS, sin la oportunidad de un debate más sosegado y alargado en el tiempo. Nos podemos encontrar con una sentencia que declare la ilegalización de Batasuna en un plazo de dos meses desde la interposición de la demanda, teniendo en cuenta que los plazos de contestación de la demanda son los ordinarios de 20 días, que el período de prueba también es reducido, escasos 20 días y que la sentencia ha de dictarse en otro plazo equivalente. Es, prácticamente, un procedimiento sumario. Si acudimos al ámbito comparado y los datos que se manejan para este texto no son erróneos, la tramitación de la ilegalización del Partido comunista en Alemania tardó del orden de 5 años y la ilegalización que se pretende en la actualidad del Partido Nacional Democrático Alemán de extrema derecha lleva también un considerable tiempo.

En cuanto a la legitimación activa procesal se ha optado por acudir a los órganos legitimados para la interposición del recurso de inconstitucionalidad, excepción hecha del Defensor del Pueblo y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas o las Asambleas de las mismas. En definitiva los legitimados van a serlo el PP y el PSOE, aquellos que se presentan como detentadores del patriotismo constitucional.

Finalmente, resulta altamente criticable el carácter ejecutivo que se pretende dar a la sentencia dictada, con independencia del correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional. ┐Qué ocurre, en el supuesto de que esta última instancia estime el amparo interpuesto?, ┐qué pasa con todo el patrimonio del partido que ha sido liquidado?. Y más allá del Tribunal Constitucional, para el supuesto de que se acuda a la tutela garantista del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Supongamos que el Tribunal Constitucional desestime el amparo interpuesto y se acuda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por violación de los artículos 9,10 y 11 del convenio, ┐qué queda del partido político ilegalizado y liquidado?, ┐qué queda de todos los procedimientos electorales de los que se ha visto privado de asistir?, ┐dónde está ese fragmento de la voluntad popular que se ha visto privado de representación?.

A la luz de lo expuesto, resulta en opinión del que suscribe, altamente criticable la reforma legal propuesta. Al final queda una pregunta en el aire, aquella del aforismo latino: qui prodest -a quién beneficia-.

1 REKONDO, Jose Antonio, Bietan Jarrai. Guerra y Paz en las calles de Euskadi, Arañadle, Euskadi, 1998, pp. 86-87

 

Kepa Bilbao Gaubeka

Deusto, 2002-03-26