Artxibo rtf
(25 - 2002ko Azaroa)

BURUJABETZA VS. SOBERANÍA

(I)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DEBATE SOBERANISTA

EN RELACION AL PUEBLO VASCO

En el año 1802 se editaron los artículos Navarra, Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, cuya finalidad política fue la misma que la de las Noticias históricas de las tres provincias vascongadas de J.A. Llorente, obra realizada "por encargo especial del Gobierno"(1) de Carlos IV, "para ilustrar de los derechos de la soberanía"(2), amañando la historia de tal modo que pareciese "no haber sido [los Fueros] pactos ni contratos, sino privilegios concedidos por los Reyes"(3), al objeto de "preparar a la opinión pública para recivir sin escándalo todos los cambios que procedan en estas provincias para hacer su legislación uniforme con la del resto de España"(4, 5).

En el 2002, doscientos años después, el Gobierno español y otras instituciones del Estado parecen igualmente empeñados en demostrar por los hechos que el Estatuto de Gernika no fue pacto o acuerdo bilateral de unión democrática, sino un «gesto histórico de comprensión» hacia un País Vasco quejoso con el franquismo(6), por parte del Gobierno y de las Cortes españolas. Y desde tal supuesto consideran, que sólo a ellos correspondería, en razón de la soberanía nacional española que representan, establecer cuándo y de qué modo se cumple (o no se cumple) el contenido de dicho Estatuto, hasta el extremo de no avergonzarse de continuar incumpliendo la palabra y la letra concretas de su texto que fue aprobado en referendum por los vascos afectados y ratificado por las Cortes de España hace ya más de 22 años.

Esta querencia española a plantear en clave de soberanía la cuestión vasca puede confirmarse día a día. Por ejemplo en un artículo reciente(7) que informa sobre el desencuentro entre las fuerzas políticas que deliberaron sobre la disposición adicional primera de la Constitución Española de 1978, "que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales", se concluye que las diferencias sobre su significado estaban directamente relacionadas con la soberanía:

"Los nacionalistas vascos no querían un «gesto histórico de comprensión» hacia un País Vasco quejoso con el franquismo, sino el reconocimiento de un derecho histórico previo al poder constituyente y fuente de derechos al margen de la soberanía nacional emanada de la Constitución. No lo lograron, pero el desarrollo de los conflictos actuales, la polémica establecida, viene demostrando que los nacionalistas han forzado la interpretación de la disposición adicional y en la práctica le han dado el sesgo político que no tenía.

[...] Parece que, a pesar de todas las cautelas redaccionales, es lo que empieza a suceder con el soberanismo vasco. En su día, a la vista de la adicional aprobada, hubo mucho optimismo ante el futuro. Oscar Alzaga, en sus comentarios a la Constitución, creyó que se había cerrado el camino a la interpretación radicalmente nacionalista de los derechos forales «que conduce a sostener la existencia de una fuente de poder ajena a la soberanía de todo el pueblo español» y conectada a la autodeterminación. Ya se ve."

Lo que no se ve es cómo derivó la cuestión foral en un conflicto de soberanía. Cuestión que se nos antoja importante para entender algunos extremos del debate político actual en relación a Euskalerria o Vasconia.

Durante siglos de régimen foral las relaciones entre los territorios históricos y la Corona no se plantearon en términos de soberanía, sino de pacto, que obligó a los reyes –incluso a los más poderosos de su tiempo- a aceptar el pase foral, el derecho de sobrecarta o uso, de modo "que cualquiera carta, o Provisión Real, que el dicho Señor de Vizcaya diera, o mandare dar, ó proveer, que sea, ó ser pueda, contra las Leyes, é Fueros de Vizcaya, directe, o indirecte, que sea obedecida, y no cumplida"(8) o, lo que es lo mismo, "que las cédulas dadas en agravio de las Leyes del Reyno [de Navarra], aunque sean obedecidas no sean cumplidas"(9).

Esta tradición secular empezó a quebrarse de modo fatal para la historia de los vascos a partir de la Revolución Francesa, cuyo primer efecto fue el desmantelamiento por la fuerza de las instituciones políticas privativas de la Baja Navarra, de Laburdi y Zuberoa, apelando a que sus naturales podrían ejercer en adelante sus libertades por ser ciudadanos franceses sujetos a la soberanía de una única nación común, la francesa, nacida de su nueva asamblea constituyente.

Utilizando argumentos coincidentes con los de aquel espíritu jacobino, plantearon significados representantes de los intereses de Carlos IV en España la conveniencia de hacer otro tanto con las instituciones privativas de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Tal espíritu tenía suelo abonado en la concepción absolutista del poder del monarca, que caracterizó principalmente a los Borbones que relevaron a los Austrias. Desde Felipe V, principalmente a partir de 1717, se sucedieron, a lo largo del XVIII, varios intentos para imponer unilateralmente desde la Corona cambios sustanciales en las condiciones políticas de los territorios forales vascos. La reacción popular generalizada impidió que aquellos intentos alcanzasen el éxito pretendido por los monarcas en el XVIII, pero no pudo evitar que éstos cambiasen radicalmente el discurso ideológico de la corona sobre el pacto foral, atribuyéndose a sí mismos un poder absoluto exclusivo que convertía los fueros de los vascos en concesiones graciosas .

El espíritu de la Revolución Francesa aceleró el desarrollo de esta concepción antipactista del sistema foral vasco en las mentes de dirigentes señalados del trono de las Españas. Y ellos fueron los que, convencidos de la imposibilidad de lograr sus propósitos respetando el carácter pactado del régimen foral, que impedía su alteración por imposición o decisión unilateral, recurrieron a la falsa reconstrucción del pasado de las relaciones históricas entre dichos territorios y la Corona en términos de soberanía unilateral. Como más tarde interpretará el propio Canovas del Castillo, querían "antes de obrar, poner la razón de su parte"(10).

Godoy (1767-1851) y Jovellanos (1744-1811) figuran entre los instigadores políticos que promovieron, en sus servicios a la Corona, la redacción de la nueva historia. El mismo Godoy reconocerá en sus Memorias que el trabajo publicado por J.A. Llorente con el título Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, se realizó "por encargo especial del Gobierno"(11), ocupándose el propio Llorente de concretar la relación entre dicho encargo y la cuestión de la soberanía: "D. Carlos IV [...] me había honrado con una comisión literaria de escribir, para ilustrar de los derechos de la soberanía, la obra intitulada Noticias históricas"(12). Para demostrar que los vascos debían estar sometidos a la soberanía del monarca, Llorente confiesa que su misión estaba orientada "a demostrar no haber sido [los Fueros] pactos ni contratos, sino privilegios concedidos por los Reyes"(13).

A idéntica misión sirvieron otros historiadores, tratando de argumentar que "entre los estados de Castilla y Navarra no había otros intermedios y, por consiguiente, ninguna de las tres repúblicas imaginarias del país vascongado"(14), por lo que "los reyes de Castilla y de Navarra ejercieron en Alava todas las funciones de soberanía, así como las demás provincias de sus dominios"(15), para concluir "que nada hay que destruya para Vizcaya el concepto de sujeción que de las otras provincias vascongadas se ha fijado en los artículos Alava y Guipúzcoa"(16).

Se trataba, en definitiva, de "ilustrar sobre los derechos de la soberanía" de la corona española, al objeto de "preparar", según confesión de J.A. Llorente, "a la opinión pública para recivir sin escándalo todos los cambios que procedan en estas provincias para hacer su legislación uniforme con la del resto del España"(17). No interesa, en este contexto, analizar en detalle los múltiples factores que fueron combinados para establecer una nueva historia, sino destacar que su resultado, de forma inexorable, condujo a plantear la cuestión bascongada, la cuestión foral y la cuestión vasca en clave de soberanía.

Partiendo precisamente del principio de que la soberanía originaria reside en el mismo Rey o en las Cortes del Reino, el 28 de octubre de 1841, a los dos años de firmarse el Convenio de Bergara en la primera guerra carlista, se promulgó el Decreto para la "reorganización de la Administración de las Provincias Vascongadas" con la filosofía de que "se está en el caso de que tenga entero efecto la aplicación del principio de unidad constitucional y que a él se sometan cuantas instituciones se le opongan"(18).

Así, como primer paso, se procede al desmantelamiento jurídico del mayor obstáculo que encontraba la estrategia jacobina: el pase foral de las Juntas Generales. El mencionado Decreto es una de las pruebas más contundentes del carácter pactado de la unión entre los comunidades forales vascas y la Corona, ya que en el mismo se reconoce que hasta ese momento: "las leyes sancionadas por la Corona después de votadas en las Cortes, a que asisten los representantes de las provincias, del mismo modo que las disposiciones del Gobierno, se sujetan al pase foral"(19). A romper esta tradición secular viene el Decreto, alegando que la "Constitución rechaza" que el poder legislativo de las Cortes españolas en relación a los vascos pueda estar limitado por el "veto" de éstos en las cuestiones que les afectan a ellos.

Si el Rey y las Cortes del Reino, atribuyéndose a sí mismos poder absoluto o soberanía política, legislan unilateralmente en relación a las gentes vascas, suprimiendo por la fuerza el pase foral que era la garantía institucional de sus fueros y libertades, están ya predeterminados los términos en los que se definirá la reacción por parte vasca.

Efectivamente, ante la "campaña inspirada y trazada"(20) por Jovellanos y Godoy, con la colaboración de historiadores como Llorente, los máximos responsables de las instituciones de los territorios vascos organizaron su defensa, recurriendo, en primer lugar, a historiadores que refutasen las tesis de aquellos. En 1807 remite Domingo de Lerín y Clavijo al Señorío de Vizcaya sus "Noticias histórico-críticas o disertación apologética a favor de los Fueros e independencia del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, contra lo publicado por Juan Antonio Llorente en sus `Noticias históricas de las tres Provincias Vascongadas´" , además de otros trabajos "sobre la absoluta independencia [...] de las tres Provincias Vascongadas a los Reyes de Castilla". En términos coincidentes intervinieron Francisco de Aranguren, Pedro Novia Salcedo y otros muchos.

Como resumen de la posición dominante de las instituciones de los territorios forales puede valer el memorial que Juan José de Yandiola, en representación de Vizcaya, remitió el 26/07/1808 a Napoleón, ocupado a la sazón en la elaboración de la Constitución de Bayona, solicitándole que no incluyese en dicha Constitución al Señorío de Vizcaya, porque ya "tiene una que ha hecho felices a sus naturales por espacio de varios siglos, [...] sin la cual no puede existir", alegando argumentos de este tenor:

"Desde la más remota antigüedad o más bien desde su primitivo origen, ha estado Vizcaya separada del gobierno general de España con constitución y leyes propias [...], sin confusión alguna, ejerciendo con independencia el Monarca español la autoridad de Rey y la de Señor.

[...] Cuando V.M. se apresura a hacer la felicidad de España, ¿habrá de decretar la ruina y la destrucción del país vizcaíno?"

Y la reacción bonapartista a esta demanda puede servir, así mismo, como ejemplo de las respuestas que darán sucesivos gobiernos centrales de España en el XIX: "Los fueros particulares de las provincias de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava se examinarán en las primeras Cortes, para determinar lo que se juzgue conveniente al interés de las mismas provincias y al de la nación"(21).

Esta estrategia bonapartista, orientada a la sustitución del pacto bilateral por la soberanía unilateral de las Cortes españolas, no ha perdido actualidad hasta nuestros días, afectando a la legitimación social de las instituciones políticas derivadas del proceso sustitutivo tanto en el S.XIX como en el XX, cosa que no había ocurrido en los siglos precedentes(22).

Al final del XIX se había acentuado la polarización entre quienes, desde el poder centralizador de las Cortes del Reino, reclamaban poder soberano sobre los territorios de Vasconia, y quienes defendían que todo lo que se había hecho a partir de tal supuesto desde 1839 era "nulo y vicioso por su origen"(23).

Expresión de esta dialéctica es, efectivamente, el debate entre Cánovas del Castillo y Arturo Campión.

Campión, después de exponer argumentos históricos que refutaban las pretensiones de poder soberano unilateral de los monarcas de Castilla en relación a los fueros de Vasconia, concluye:

"[...] si los reyes de España, mientras retuvieron la plena soberanía carecieron, como hemos visto, de derecho y facultad para abolir y modificar los fueros, las Cortes que posteriormente con ellos, o les han disputado esa soberanía, tampoco poseyeron nunca semejante derecho y facultad. Y cuanto han hecho las Cortes en la materia es nulo y vicioso por su origen, y únicamente fluye de la fuerza"(24).

Esta era la queja sentida de un representante navarro en las Cortes, porque éstas venían conculcando, siempre que lo consideraban oportuno, el carácter pactado de la Ley Paccionada de 1841, legislando sobre Navarra, como si se tratase de cualquier otra provincia común. La respuesta de Cánovas expresa el antagonismo de los planteamientos, al reivindicar que las Cortes con el Rey disponen de facultad soberana para alterar cuanto les venga en gana en sus relaciones con Navarra y con cualesquiera de los territorios forales:

"La ley del 41 es una Ley como todas las otras y [...] todo lo dispuesto sobre este particular puede caer y caería delante de una resolución de las Cortes mencionadas con el Rey, pues un hecho de fuerza es lo que viene a constituir el derecho, porque cuando la fuerza causa estado, la fuerza es el derecho"(25).

Estos apuntes históricos –hilvanados sin detalle para no alargar la exposición- han podido servir para evidenciar que la iniciativa de plantear en términos de soberanía(s) las relaciones entre Vasconia y (las) España(s) no arranca de las instituciones forales vascas, y mucho menos de los teóricos de la idea nacional de Vasconia –de los llamados nacionalistas-, sino de monarcas y cortesanos absolutistas o de revolucionarios jacobinos, que, para realizar sus deseos (económicos, culturales y políticos)(26) en tierras vascas, pretendieron atribuirse la soberanía que diese apariencia de legitimidad a sus contrafueros.

F. Garmendia

(1) Andres E. de Mañaricua y Nuere, Historiografía de Vizcaya, Bilbao 1971, Cap. XI: La historia al servicio del poder, p. 291.

(2) Ibd., p. 295.

(3) Ibd.

(4) Así lo declara el propio J.A. Llorente en un memorando dirigido a Napoleón el 30 de mayo de 1808. Véase: Mañaricúa y Nuere, Andrés E., o.c., p. 300.

(5) Para situar históricamente lo que luego se aclarará, baste esta cita actual:"Hace unos doscientos años tuvo lugar otro de esos episodios que, como capítulos de una historia por entregas, nos arrastran, casi sin quererlo, a este convulso año 2000. También a finales del siglo XVIII las aguas bajaban revueltas. Godoy era por entonces el valido de Carlos IV y el principal defensor de una política destinada a terminar con el peculiar estatus de Vascongadas y del todavía Reino de Navarra. Había, como casi siempre, que camuflar el intento y vestir elegantemente al futuro difunto. Así en 1802 creó una Junta, que si al final no llegó a actuar, tenía muy claros sus objetivos: examinar el origen, causa y objeto de los fueros. El asunto no quedó ahí, y como preparando el terreno, la Real Academia de la Historia aprobó a instancias del Gobierno un plan de estudio que preveía abarcar todos los lugares bajo su jurisdicción. Curiosamente, únicamente se publicó el Diccionario geográfico-histórico de las Provincias Vascongadas y Navarra (1802). El mismo fin abolitorio tuvo la obra que Llorente dio a luz por aquellos años". (J.L. Nieva Zardoya, La historia se repite ¿o no?, in: DEIA, 20000715). Para documentarse sobre dicho proceso, puede consultarse con gran provecho: Andres E. de Mañaricua y Nuere, Historiografía de Vizcaya, Bilbao 1971, principalmente el capítulo dedicado a La historia al servicio del poder (XI), pp.273-304. También puede hallarse información de interés, aunque no tratada con el esmero ecuánime del primero, en Elias de Tejada, El Señorío de Vizcaya (hasta 1812), Madrid, 1963, especialmente en sus Capítulos VIII (La gran ofensiva europea bajo Carlos IV) y IX (Europa mata a Vizcaya), pp.241-325.

(6) Contreras, Lorenzo: El error de la adicional, in: La Razón, 17/08/2002.

(7) Contreras, Lorenzo: El error de la adicional, in: La Razón, 17/08/2002.

(8) Fuero de Vizcaya, Tit. 5, Ley XI.

(9) Fuero de Navarra según la Novisima Recopilación de Elizondo (1735).

(10) A. Canovas del Castillo, Introducción, in: M. Rodríguez Ferrer: Los Vascongados, Madrid 1873, p. XLV.

(11) Andrés E. de Mañaricua, o.c., p. 291.

(12) Ibd., p. 295.

(13) Ibd.

(14) Llorente, Juan Antonio: Noticias históricas de las tres Provincias Vascongadas, IV, p.239 nota.

(15) Martínez Marina, Francisco: Alava, in: Diccionario Geográfico Histórico de España, 1802, Tomo I, p. 42, b.

(16) González Arnao, Vicente: Vizcaya, in: Diccionario Geográfico Histórico de España, 1802, Tomo II, p. 418, b.

(17) Mañaricúa y Nuere, Andrés E., o.c., p. 300.

(18) Cfr.in: Santamaría Pastor, J.A.; Orduña Rebollo, E. y Martín-Artajo, R.: Documentos para la historia del regionalismo en España, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid 1977, Cap. X. Vascongadas, p. 741

(19) Ib.

(20) Así la denomina Francisco Elías de Tejada, El Señorío de Vizcaya (hasta 1812), Madrid, 1963, p. 269.

(21) Cfr. Francisco Elías de Tejada, o.c., p.273.

(22) El escritor catalán Mañé y Flaquer, en su obra " El oasis. Viaje al País de los Fueros", publicada en 1878, al comparar los motivos de los levantamientos y luchas de los pueblos de España con los de los vascos, escribe: "No sucedió así en las provincias vascongadas y en Navarra: allí el espíritu liberal es conservador, legal, porque se informa en sus instituciones: aquí la aspiración a la libertad fue revolucionaria porque necesitó destruir la legalidad para triunfar. He aquí por qué aquel pueblo, el vasco, se levanta en armas solamente cuando ve amenazadas sus instituciones y el resto de España se levanta siempre para derribar las suyas".

(23) Arturo Campión, Intervención en las Cortes en Madrid, 22/07/1893.

(24) ibd.

(25) Las referencias a Cánovas del Castillo son tan históricas como actuales, porque el Presidente del actual Gobierno español considera a aquél casi como fundamento principal de la construcción nacional de España: "Toda la historia política del siglo XIX español es la historia de un proceso constitutivo de un Estado liberal, moderno, para una nación forjada en siglos de progresiva convivencia en torno a la Corona. Cánovas es quizás el principal arquitecto de esa obra, pues en él confluyeron la pasión política, la claridad de los conceptos y la oportunidad crucial para plasmar el proyecto político constitucional conocido como la Restauración. Pero en el fundamento de aquella acción política se encontraba su idea de nación, de España, como resultado de un proceso histórico." (Aznar, José María, Prólogo, in: Canovas del Castillo, Antonio: Obras Completas, CDR, Fundación Canovas del Castillo, Madrid, 1999).

(26) Para conocer los intereses subyacentes a los obsesos del soberanismo monárquico o cortesano en relación a la cuestión vasca, aporta alguna luz la carta que dirigiera a Godoy, tras la firma de la Paz de Basilea en 1795, Francisco Zamora, auditor general del ejército de Navarra y las Provincias Vascongadas: "Si a esta paz siguiese la unión de las provincias al resto de la nación sin las trabas forales que las separan y hacen casi un miembro muerto del reino, habría V.E. hecho una de aquellas grandes obras que no hemos visto desde el cardenal Cisneros al grande Felipe V. Estas épocas son las que se deben aprovechar para aumentar los fondos y la fuerza de la Monarquía. Las aduanas de Bilbao, San Sebastián y de la frontera serían unas fincas de las mejores del reino. Las contribuciones catastrales de las tres provincias, aún bajándolas mucho, pasarían de doscientos mil duros, según mis cáculos. Se puede calcular que no bajarían de siete mil hombres las tropas que podríamos sacar allí [...]" Del tenor de esta carta puede deducirse los criterios que se emplearán, una vez eliminadas las trabas forales, "para determinar lo que se juzgue conveniente al interés de las mismas provincias y al de la nación".