Artxibo rtf

(13 - 2001ko Urtarrila)

EXORCISMOS

Ertzaintza, eficacia y seguridad

La detención en Barcelona de los presuntos miembros de ETA José Ignacio Krutxaga y Lierni Armendáriz ha puesto de nuevo sobre el tapete el debate acerca de la llamada eficacia policial. No se han escatimado loas y felicitaciones a la Policía Local de Barcelona por su exitosa actuación. Tras el éxito de la Guardia Urbana, sin embargo, se encuentra el fracaso del Cuerpo Nacional de Policía, que ni siquiera ha olido la presencia del comando. ¿No es llamativo que la Policía Nacional haya permanecido sorda y ciega a pesar de que los presuntos miembros de ETA se habían instalado ante las mismas narices de la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana, a pesar de que los vecinos del piso que ocuparon en la calle Pintor Fortuny les apelaban "los etarras" y a pesar de la presunta implicación en el comando del hijo del comisario de Mataró que, al parecer, tenía barra libre en las instalaciones de la policía y de que, según EL PERIODICO DE CATALUÑA, espió al servicio de ETA? ¿No es un poco disparatada tamaña euforia?

La acción policial de Barcelona viene a abundar en un hecho inapelable: desde el reinicio hace escasamente un año de las acciones terroristas de ETA, las detenciones de presuntos terroristas y las operaciones contra comandos de ETA han sido consecuencia del celo profesional de patrulleros de la policía. La investigación policial no existe o no ofrece resultados. Pero, se siembra euforia, falsa euforia. ¿Con qué objeto? Muy sencillo, sobrevalorar el éxito y la eficacia de la Guardia Urbana en Barcelona no puede dejar al descubierto, como sería lo más lógico, la ineficacia del Cuerpo Nacional de Policía, fuerza competente en el escenario en el que se desarrollan los hechos. Esta falsa euforia tiene una razón, una única razón, muy alejada de dicho escenario, pero una razón de primer orden: todo vale para destacar el fracaso y la ineficacia de la Ertzaintza en Euskadi. La eficacia policial, tal y como hemos intentado demostrar en el párrafo anterior, es siempre discutible. Siempre y en todos los lugares hay elementos de duda sobre la eficacia de la policía. Sobre todo porque la eficacia policial depende de la percepción que tiene la sociedad sobre su propia seguridad. Y la seguridad no es un dato ni una estadística. Es un factor subjetivo, es una sensación. El cuestionamiento de los poderes a los que se encomienda velar por ella acrecienta la sensación de inseguridad. Los debates exagerados, las informaciones morbosas o sesgadas, la comunicación manipulada al servicio de intereses de Estado crean y están creando desmoralización, inseguridad o alarma social con relativa facilidad.

Hoy en Euskadi se interpela a la Ertzaintza. Pero, mañana el interpelado será el Estado y su policía. De hecho, la inseguridad política no se circunscribe a Euskadi y se perciben signos inequívocos de desmoralización en la sociedad española. Tras el frustrado atentado en la localidad navarra de Zizur Mayor, el ministro Mayor Oreja quiere tranquilizar a la opinión española al trasmitirles que ETA actúa con "precipitación" y que comete "errores", a lo que el presidente navarro Sanz añade la imputación de "impericia" de los comandos. Parece que quieren destacar las condiciones de superioridad de la policía. Pero, el pulso de la sociedad española está alterado. Según la última encuesta del CIS, más del 80% de los españoles siguen considerando el terrorismo como su principal preocupación y el 46% mantiene que el problema, sin duda, empeorará.

Y hoy por hoy, la exigencia de resultados policiales se cifra en datos superficiales, como número de detenciones realizadas, lo que aparte de que deja de considerar la garantía de la presunción de inocencia, no refleja la eficacia real de la policía. Así, la obsesión por la seguridad se convierte en obsesión por detener, incluso a ciudadanos que quedan libres antes de comparecer ante el juez. Pero, esto no es más que un alivio circunstancial para una opinión pública convenientemente alarmada que exige medios sin reparar a qué coste. Y, a resultas de ello, podemos caer en el error que critica Amadeu Recasens (Universidad de Barcelona): "una eficacia fundamentada en el endurecimiento de los mismos métodos que se revelan ineficaces significa endurecer la ineficacia". Y la sensación de seguridad no mejora con estos artificios politico-mediáticos. En el fondo, la sociedad no se cree lo de la eficacia policial frente a ETA. Además, estar seguro no significa ser libre. La seguridad sólo puede alcanzarse si se contempla como un valor al servicio de la libertad, en su sentido más extenso.

Este debate no se admite en lo que se refiere a juzgar la actividad de las policías españolas. Es sólo el papel de la Ertzaintza el que se juzga. Hemos de reconocer que el actual consejero de Interior, Javier Balza, se ha mostrado incapaz, en los dos años que lleva en el cargo, de comprender lo que se ha estado cociendo en el entorno de ETA y, acaso, hoy tampoco percibe el alcance de la ofensiva violenta que dicha organización terrorista ha desatado. Pero, no se trata solo de una crítica a la gestión policial de los políticos. La coordinación operativa entre policías está bloqueada, no existe colaboración en datos, estudios o investigaciones, a la Ertzaintza se le ha vetado el acceso a la red SIS (Sistema de Información Schengen). El cerco sobre la Ertzaintza es total. No se busca la cooperación policial y ello no puede ser bueno para la eficacia de ninguno de los cuerpos policiales. Por eso, la campaña contra la eficacia de la Ertzaintza no tiene pinta de crítica a la gestión política del consejero o de su partido, el PNV. La campaña contra la eficacia de la Ertzaintza huele a campaña contra la Ertzaintza, entendida como policía al servicio de la autonomía vasca. Huele a intervención de la Administración del Estado en el mando de la Ertzaintza. Huele a "sólo habrá eficacia en la lucha antiterrorista cuando el mando de todos los cuerpos de policía sea único".

La propuesta del catedrático de derecho constitucional Jorge de Esteban, habitual articulista del diario EL MUNDO, sugiere que el Gobierno del Estado podría interpretar el artículo 155 de la Constitución para "que el mando de la Ertzaintza pasase provisional y directamente al Ministro del Interior para poder luchar, dentro del Estado de Derecho, con una mayor eficacia contra el terrorismo de alta y baja intensidad" abriendo paso a la intervención del Gobierno del Estado en el mando directo sobre la Ertzaintza. La Ertzaintza será tema de campaña, verdadera piedra de toque del lema "un gobierno no nacionalista pacificaría el País Vasco", lema que comparten Redondo Terreros y Mayor Oreja. La cuestión es que pasará si el siguiente Gobierno vuelve a ser de color nacionalista. La cuestión es si el Estado optará por intervenir ya que, según el aludido Jorge de Esteban, "mientras que la policía autónoma siga dependiendo de un Gobierno nacionalista... no hay posibilidad de que se mantenga el orden público".

La tesis del artículo 155.

El catedrático Jorge de Esteban, en el artículo que hemos referido publicado por EL MUNDO el pasado 28 de agosto de 2000, cree que "sin llegar a los peligrosos estados de excepción" y sin "intentar apagar el fuego arrojando gasolina" se pueden aportar "recursos legales... para poder actuar en la insostenible situación del País Vasco". Que Jorge de Esteban desaconseje las soluciones de "gasolina" para apagar el fuego de Euskadi no deja de ser una ironía. Aunque el destinatario de semejantes consejos preventivos sea Sabino Fernández Campo, ex secretario de la Casa Real, que había previamente pedido la intervención del Rey en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

La sutileza del catedrático nos parece más peligrosa que la zafiedad del exmiembro de la Corte. Jorge de Esteban sugiere la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permitiría al Gobierno del Estado la intervención, "adoptando las medidas necesarias", en las Comunidades Autónomas para forzar a éstas a cumplir con "las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan" o para defender el llamado "interés general". Un artículo que, al decir de los constitucionalistas más prestigiados, podría servir de cobertura a la discrecionalidad del gobernante. Y ello por dos razones. En primer lugar, por la discutibilidad del llamado "interés general" que se llama a proteger. Y, en segundo lugar, porque el artículo permitiría una intervención no delimitada, debido a que "las medidas" a adoptar para restaurar ese nebuloso "interés general" podrían ser "las necesarias", lo que facilita una interpretación sólo sujeta al criterio político del Estado, que intervendría de manera unilateral, haciendo caso omiso al carácter de pacto político que siempre se ha reconocido al Estatuto vasco.

¿Qué es, en realidad, "el interés general"? ¿Está en peligro el "interés general" en Euskadi? Jorge de Esteban cree que "no hay posibilidad de mantener el orden público" con un Gobierno nacionalista. Cree que el "interés general" está en peligro. Su sugerencia es la intervención. Hay más, algunos políticos y medios están creando un humus propiciatorio para la intervención. El pasado 18 de enero, ABC se hace eco, en su editorial, de la intervención del ministro Mayor Oreja en la Academia de Historia. Para ABC, la "desafección nacionalista unida al terrorismo de ETA, han provocado que el sistema constitucional de libertades, de derechos individuales y de representación democrática encuentre en el País Vasco una excepción a su plena vigencia". El País Vasco vive, según ABC, una situación de excepción respecto al sistema constitucional, lo que orienta a considerar que existe una excepción al "interés general". Reponer la normalidad supone neutralizar al nacionalismo. Sustituir a los nacionalistas en el Gobierno Vasco no es sólo una cuestión de saludable alternancia, es, en realidad una cuestión de "higiene democrática". Y, si las elecciones vascas no facilitan dicha sustitución, la Constitución no carece de mecanismos de intervención. Según especialistas en derecho constitucional español, la intervención del Gobierno estatal podría ir desde el dictado de instrucciones tanto al gobierno como al legislativo vascos hasta medidas de gobierno directo en áreas de competencia autonómica. El peligroso discurso de Jorge de Esteban, ABC,... no augura nada bueno. Es posible un "golpe" legal contra las instituciones vascas. De hacerse así, por la defensa en nombre de los vascos del "interés general", podría llegar a enterrarse la propia voluntad de los mismos. El que esta voluntad no tiene, en el País Vasco, cauces de expresión democrática es la premisa que se necesita dar por hecho, como una obviedad, para intervenir desde el Estado apelando a los vascos y evitando, a la vez, contar con ellos.

Este irritante juego político no es, sin embargo, nuevo para los vascos. En los últimos 125 años, España ha dado más gobernantes soberanistas, uniformistas, jacobinos y centralistas, representantes del genuino espíritu castellano que, según el catalanista Almirall, era ese espíritu menos liberal de la península que "enseguida quiere imponer su solución a los demás", que gobernantes respetuosos con la diversidad y la libertad originarias de los pueblos del Estado. Por eso, tampoco nos sorprende que el ataque al Estatuto y la capacidad de los vascos para autogobernarse se esté desarrollando especialmente en tres aspectos en los que el poder central cree que el Estatuto puede erosionar el ejercicio de su autoridad soberana. El Gobierno de Madrid interviene, pues, para invadir el ámbito de las competencias exclusivas, interviene para cuestionar el ejercicio por parte de la Ertzantza del monopolio de la violencia legal en territorio vasco e interviene para crear un clima de incertidumbre ante el futuro del sistema económico de concierto. Toda la dogmática, como la de Jorge de Esteban, está ya al servicio de esta tarea. Su objeto es el cuestionar y, acaso, suspender las características más propias de la autonomía vasca. El esquema es claro: "estos vascos no son capaces de resolver sus problemas, la autonomía que se les dio fue excesiva, es conveniente tutelarlos". Pero, ¿es esto hoy posible?

Objetivo: suprimir el peaje.

Basta leer la editorial del ABC del 18 de enero de 2001. La hemos citado antes. La vamos a recordar ahora. Conviene recordar que ABC interpreta en un texto breve –la citada editorial- el mensaje que el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, emitió en su largo discurso en la Academia de Historia. Mayor Oreja propuso, según ABC, un exorcismo histórico. Un exorcismo contra el nacionalismo vasco que "es parte importante del problema". ¿Cómo?

A ello vamos. ABC interpreta al ministro cuando señala que "la política de la transición democrática" fue manipulada por los nacionalistas. Así, la política de la transición se hizo de manera condicionada, "apremiada por la ansiedad de paz" y, por ello, "asumió la desproporcionada hegemonía del nacionalismo vasco como el peaje que había que pagar para asegurar la estabilidad estatutaria y el repudio al nacionalismo violento". El "peaje" supuso, al parecer, entregar "la dirección del País Vasco a cambio de lealtad con el marco legal". De lo que se sigue que el PNV gobierna en las instituciones vascas a causa de un "pacto no escrito". Según esta alucinante versión, todas y cada una de las elecciones celebradas en Euskadi no han servido para nada. Todos los que hemos creído que hemos votado libremente en estos 23 años de democracia –después de esto, ¿la hay de verdad?- para aprobar nuestra autonomía y para elegir a nuestros gobernantes estamos poseídos por el mal histórico a exorcizar. Para el PP, no ha podido haber libertad con el peaje que pagó la política de Suarez y UCD. Ese "peaje" sería el origen del déficit democrático existente en el país, según esta tesis. Las cosas, por lo tanto, se hicieron mal desde el inicio de la transición. El exorcismo histórico necesita de una "nueva política para el País Vasco, sin más cesiones al chantaje del nacionalismo". El exorcismo histórico precisa suprimir el maleficio en origen, revisar la política de la transición democrática, rehacerlo todo y rehacerlo bien.

En realidad, la política que se propone no es nueva. No hay que olvidar que Alianza Popular, el partido de Fraga, votó en contra del Estatuto de Autonomía. Concretamente, en el trámite de ratificación del Estatuto por el Senado, Abel Matutes, exministro de Asuntos Exteriores del PP en la legislatura 1996-2000 y portavoz de AP en aquella sesión, confirmo lo siguiente: "Votaré no porque no hay esperanzas de que el Estatuto sirva para alcanzar la paz; porque el Estatuto no habla de España como nación única e indivisible; porque el Estatuto supone un peligro importante de anexión de Navarra; porque vulnera los límites constitucionales, sobre materia de policías autónomas y en lo referente a la Administración de Justicia y porque asegura privilegios en forma de conciertos" (pleno del Senado, 12 de diciembre de 1979). Por tanto, el PP vuelve por dónde solía. Y continúa la lectura de la historia desde el mismo punto en el que la dejó en el año 1979. Al PP actual le pasa que sólo admite como historia la que ha protagonizado en primera persona. La otra no existe o está manipulada. Para ABC, se ha de concluir que "es la esperanza de que, por fin, la Historia, con mayúsculas, se imponga a las historietas de los nacionalistas". De ahí el exorcismo. De ahí que suprimir lo que se ha llamado "peaje" suponga un no rotundo al Estatuto porque no "habla de España como unidad única e indivisible". Hoy, Mayor Oreja, podría decir en recuerdo de Matutes: "decíamos ayer,..."

Historia, historietas y contra-historia.

Hay otros que, asimismo, recuerdan lo que decían y hacían ayer. También ETA vive los nuevos tiempos con la esperanza de exorcizar la historia de la transición. Dice ETA, por eso, que "para encontrar una situación parecida a la que se vive hoy, hay que remontarse 20 años atrás" (Zutabe, 85). Al decir del nacionalista Joseba Arregi, ETA, por ello, se sitúa fuera de la historia o en una especia de nevera de la historia que, siguiendo la estela de Unamuno y Juaristi, llama la intrahistoria. No nos parece, sin embargo, exacto. ETA no es un fenómeno extrahistórico ni intrahistórico. ETA es, más bien, un sujeto contrahistórico. ETA participa de esa concepción de la historia que postula que la historia evoluciona por medio de la presión que ejercen las clases excluidas de la gestión oficial de la historia. El progreso histórico viene, según ETA, de la rebelión contra la historia oficial.

En cierto sentido, negar la legitimidad de la política vasca de la transición es negar la historia de la misma. Pero, no es negar la dialéctica de la historia, ese combate que se produce en el seno de la historia vasca de la que ETA participa como factor contrahistórico. En este sentido, ETA siempre ha considerado la política de la transición, a la manera que ABC, como una "historieta". Por eso, 1998 fue, para ETA, el año en que se abrió una gran oportunidad que rememoraba el escenario perdido en los albores de la transición para hacer la historia a su gusto.

La tregua fue el holocausto ofrecido en el altar de la unidad –Batasuna- con el PNV y EA. El artículo de Joxan Beloki en este mismo número de Goizargi expone con claridad el análisis político subyacente a dicha declaración y el valor estratégico que la propia ETA otorgaba a su iniciativa, extraídos de los mismos textos de la organización terrorista. No vamos a incidir en ello. Hemos de reseñar únicamente que ETA incide y reincide en valorar muy positivamente, como claves que confirman su discurso como legítimo ante la sociedad vasca, declaraciones del tipo "el Estatuto está muerto" o "está agotado", declaraciones formuladas por dirigentes de partidos y sindicatos nacionalistas, como PNV, ELA y, muy recientemente, EA. Para ETA, tras estas declaraciones, los contactos y los acuerdos entre los nacionalistas y el MLNV, se producían las condiciones de un cambio de tendencia en el curso de la historia. Como lo han definido muy recientemente en GARA los miembros de la Mesa Nacional de HB, Otegi y Olarra, estamos en un momento en el que "el marco particionista y antidemocrático no acaba de morir y el marco de carácter nacional y democrático no acaba de nacer". Un momento en el que, según estos mismos dirigentes, "soberanía y paz resultan indisolubles", son la misma cosa. Es el círculo en el que ETA adquiere legitimidad, en el que puede ser referencia política y marcar las agendas de los partidos e instituciones. De esta manera, de estar apartados en la construcción del país, ETA pasaría a ser un referente, en lo positivo o en lo negativo, ineludible.

Esta valoración positiva que el MLNV hace de sí mismo no ha cambiado, muy a pesar de la dureza de la campaña terrorista de año 2000. Frente a la imagen de desesperanza y desorientación que ofrece el nacionalismo, el actual portavoz de EH se muestra jovial, optimista y hasta prepotente. Valora que los doce meses que se han ido desde la ruptura de la tregua son "evidentemente de avance, porque se han clarificado posiciones" y se ha centrado el debate "donde la izquierda abertzale ha querido hacerlo históricamente". Es decir, en invalidar el Estatuto. E instruye a PNV y EA a que tengan "voluntad política" y a que "hagan una apuesta por superar el marco [estatutario]... y abrir un marco de estabilidad para el Gobierno de Gasteiz". O sea, el Sr. Otegi nos auxiliaría, sin duda. Nos sujetaría y estabilizaría muy hábilmente el marco con la única y generosa condición de que nos comprometamos a derribarlo. Y, a no dudar, con nosotros debajo.

El Estatuto vasco es la bicha del MLNV. En realidad, la aprobación del Estatuto vasco por la mayoría de los vascos, en unas condiciones de libertad indiscutibles, creaba para los vascos unas instituciones y una legalidad que garantizaban un suelo desde el que trabajar por su supervivencia como pueblo, en lo político, en lo cultural y en lo económico. ETA, fiel a su idea de crear en Euskadi un foco de conflicto político de incidencia europea, no quiso aceptar dicha institucionalización y mantuvo, durante más de veinte años, la llama de la contrahistoria, de la rebelión de clase contra la historia instituida. ETA, en comunicado de enero de 2001, ratifica su intención de combatir hasta el último aliento contra la, a su juicio, "opción equivocada que hicieron hace 22 años" los vascos. ¿Por qué? Porque "aquel era un camino sin salida, de España y hacia España; el Estatuto de la Moncloa no llevaba, de ninguna forma, a una Euskal Herria unida, libre y euskaldun". Pero, para ETA, lo nacional vasco no proyecta positividad. Se habla de construir pero se teoriza destruir. Así, EH, el MLNV y ETA siguen todavía presionando contra el autogobierno mismo de los vascos como foco de confrontación. La necesidad de "confrontación con los Estados" es, en este sentido, el leit-motiv de la última iniciativa que HB (EH) ha hecho llegar a diversos partidos y sindicatos. La confrontación, evidentemente, es el motor de la historia. Y la antagonización de la confrontación es el inevitable acelerador. De esta manera, para el MLNV y ETA, los enunciados nacionalistas –soberanía, territorio, lengua,... - son manipulados al servicio de una política busca crear nuevos frentes de conflicto, de enfrentamiento antágonico, irreconciliable y a muerte con el Estado en manos del viejo enemigo de clase. Para Otegi, soberanía y paz son lo mismo porque tras el reclamo de soberanía se encuentra la coartada para la guerra, expresión más radical del antagonismo, contra el enemigo. Una guerra contra militares, policías, jueces, políticos, comerciantes, industriales y, como en el caso del loyolatarra Ramón Díaz Garcia, de cocineros. Una guerra contra todos. Cuanto peor, mejor. Primero matar y destruir,... Sobre las cenizas, el paraiso socialista. Después de todo, no debe caber ya ninguna duda de que si los enunciados nacionalistas tuvieran menos capacidad de convocatoria para la guerra contra el Estado que las contradicciones sociales, la política del MLNV se inclinaría a atizar éstas.

Desarme unilateral

El Estatuto de Gernika, la autonomía de los vascos, es el punto donde se concentran todos los ataques, un verdadero "saco de los golpes" en la política vasca. Por eso, ese discurso que postula el agotamiento del Estatuto –como en la propuesta de EA- supone un verdadero desarme unilateral, supone el abandono de la defensa del cumplimiento de la voluntad popular en manos de quienes quieren defraudarla o laminarla. El Estatuto hoy está como esa ciudadela cercada que nadie quiere defender. El pronóstico está cantado: en la misma medida en que sus defensores la vayan abandonando sus atacantes no tardarán en destruirla. La pregunta es la que sigue: ¿qué gana el pueblo vasco con un Estatuto caído y a merced de sus enemigos? ¿En qué mejorará la situación de los vascos? Además, si está el Estatuto agotado o no –es decir, si la opinión emitida por los vascos en 1979 se ha agotado o caducado- sólo correspondería decidirlo al pueblo que lo votó y no a un partido político que sólo representa a aquel muy parcialmente.

El Estatuto fue un compromiso democrático que ilusionó a la sociedad vasca y, muy especialmente, a los nacionalistas. El mayor apoyo lo consiguió en el territorio más nacionalista, Gipuzkoa y el menor en el territorio en el que los nacionalistas tienen menor peso electoral, Araba. Estudios sociológicos serios dieron, en su día, por hecho que cerca del 35% de los votantes de HB acudieron a las urnas a apoyar el Estatuto. No hay que olvidar que, entre los seguidores más entusiastas del Estatuto, se encontraba el mismo portavoz de EH, Arnaldo Otegi. Y tampoco hay que olvidar que el Estatuto vasco obtuvo una mayor adhesión en las urnas que el Estatut que se sometió a la opinión del pueblo catalán el mismo día.

Falta por comprobar si el nacionalismo puede recuperar el terreno perdido. El lehendakari lo intentó con el Compromiso Democrático que incluía la defensa de las "instituciones construidas legítimamente por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad" y el compromiso "por el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, como manifestación de la voluntad de autogobierno del Pueblo Vasco y como expresión del pacto de convivencia entre Euskadi y el Estado". ¿Puede haber algo más contradictorio, más chocante con la propuesta de Ibarretxe que declarar "agotado" el Estatuto? De confirmarse las informaciones que adelantan que PNV y EA se presentarán en coalición a las próximas elecciones autonómicas, habría que conocer si el programa que defenderán va a ir o no en línea con los posicionamientos del lehendakari.

Así debiera ser. Recientemente Joseba Egibar, portavoz del PNV, ha señalado la emergencia en el escenario político vasco de dos polos opuestos, el mundo de ETA-HB por un lado, y el del pacto PP-PSOE por el otro. Coincidimos con la descripción. Pues bien, necesitamos una línea de trabajo que rompa esa dinámica bipolar que se está imponiendo con fuerza. Nuestra esperanza es que seamos capaces de recuperar la línea pactista en libertad –pactista hacia dentro y pactista hacia fuera- simbolizada en un Estatuto que fue refrendado libremente por los vascos y que plantea una institucionalización abierta que sólo se sujeta a las opciones de cambio o reforma que los mismos vascos acepten. Hoy es, sin duda, la línea de trabajo más debilitada y que urge fortalecer para recuperar la esperanza política. Lejos del esquema que subyacía a Lizarra, el desarrollo de la voluntad democrática de los vascos no debe estar condicionada, recortada o acelerada por la ausencia de paz. Esta es la línea del "compromiso democrático" del lehendakari. Una línea que sólo obedezca a la voluntad real, presente, contrastada del pueblo vasco, a su expresión, a sus manifestaciones, con independencia que a cualquier minoría se les ocurra sabotear las decisiones de los vascos a tiros. Una línea que, de todas formas, exige una mayor implicación institucional, un mayor liderazgo del lehendakari, al que, por momentos, se le ve un tanto desaparecido.

Recuperar el Estatuto, el pacto estatutario en su versión original y propugnar su íntegro cumplimiento, exige mayor resolución de la que hasta ahora ha presentado el nacionalismo en general. Si la llamada "nueva etapa", madre de una de las mayores manifestaciones contra ETA que se recuerdan, hubiera arrancado con fuerza o se hubiera impulsado con fuerza y resolución, no habría lugar a tanta indeterminación respecto del momento más conveniente para convocar las elecciones vascas. Con resolución, nos habríamos dotado de proyecto, hubiéramos percibido con nitidez liderazgo, estaríamos cercando a ETA. El nacionalismo dependería de sus aciertos y de su propia capacidad de ilusionar con su proyecto y con su bien hacer. Pero, ese momento se está esfumando. Parece que estamos jugando a aprovechar los fallos de los demás y a que la situación siga deteriorándose. Pero la gente, los vascos de a pié, puede terminar hartos de que sus políticos jueguen al gato y al ratón con temas tan graves. Es posible y, sin duda, legítimo que las elecciones se convoquen de acuerdo con el más acertado de los cálculos políticos partidistas. Pero, una consecuencia también posible es que la política vasca y sus instituciones se vean más devaluadas ante su propia sociedad. Y no hay nada más contraproducente para el objetivo de defender las instituciones y su legitimidad que contribuir, manteniendo una actitud numantina ante la crisis que las aqueja, a erosionar el prestigio de las mismas.

Goizargi