Artxibo rtf
(19
- 2001ko Azaroa)

Entre el Estatuto de Gernika como punto final y el autonomismo particionista

Con ocasión del pleno sobre el autogobierno vasco celebrado el pasado 25 de octubre se han formalizado, en estos días, dos posiciones sobre el Estatuto de Gernika que por conocidas, no por ello, deben dejar de ser recordadas.

Por un lado, la posición del PP que considera que el Estatuto de Gernika debe ser el punto y final del autogobierno vasco. El PP niega que el Pueblo Vasco sea un sujeto con identidad política propia. No solamente los vascos formamos parte de España, sino que tenemos la obligación histórica, política y jurídica de aceptar esa pertenencia. Histórica por la lectura que el PP hace del nacimiento y formación de España, política por ser parte del sujeto político constituyente que recibe el nombre de pueblo español y forma la nación española y, jurídica, por la gratitud derivada del reconocimiento constitucional de los derechos históricos del pueblo vasco, cuya actualización debe operarse en el marco del texto constitucional que es el fundamento de su existencia. El Estatuto forma parte del bloque de constitucionalidad, es una ley orgánica indisociable de la Constitución y es parte de la legalidad vigente. Quebrar ese principio de legalidad supone atacar la indisoluble unidad del estado. El patriotismo constitucional, a la manera de Rousseau, es el principio legitimador sobre el que se asienta la unidad de España.

Por otro lado, la posición de ETA y más ampliamente del MLNV dirigida a quebrar el proyecto estatutario, por entender que consagra la desmembración territorial de Euskal Herria y se somete, justamente, a ese principio legitimador constitucional. Para el MLNV el Estatuto de Gernika es el instrumento del que se valió el aparato del estado español, con la complicidad de EAJ-PNV, para consagrar la división política de los vascos en Hegoalde y, las instituciones nacidas del Estatuto, singularmente el Parlamento, se han constituido en base a la división y a la falta de soberanía de nuestro pueblo. Tanto el proyecto estatutario como las estructuras jurídicas y políticas que del mismo se derivan, se encuentran caducas y se hace necesario iniciar un nuevo proceso democrático, en el que la territorialidad sea su base, con diferentes niveles de participación y presencia, en función de las distintas identidades de los territorios que conforman Euskal Herria y del que participen todos los ciudadanos/as vasco/as, excluidos los miembros de los aparatos administrativos y coercitivos establecidos por los Estados español y francés, en cuanto que son instrumentos de ambos estados opresores para negar la existencia de nuestro pueblo.

Ambas posiciones extremas divergen en la conceptuación de la autodeterminación como derecho y coinciden en dos supuestos que no han sido puestos de manifiesto con la suficiente nitidez, al menos el segundo:

  1. La incompatibilidad entre la vía estatutaria y el derecho de autodeterminación.
  2. La necesidad jurídico-formal del reconocimiento constitucional del derecho de autodeterminación como requisito para su ejercicio.

El debate sobre el autogobierno celebrado en el Parlamento Vasco ha vuelto a poner de relieve, ambas tesis antagónicas y ha incumplido el principal objetivo que tenía su celebración: la recuperación entre las fuerzas políticas que actúan en la CAV de unos elementos mínimos de consenso en torno al texto estatutario. Tal consenso era imposible sobre la base que se ha formulado, que es obvia para un nacionalista vasco, pero que es radicalmente rechazada por el PP y el PSOE en su concepción material, y por Batasuna únicamente aceptada en su formalidad: la de que el Pueblo Vasco no es una parte subordinada de España, sino un pueblo con identidad propia y diferenciada que se sitúa en una posición de igual a igual en sus relaciones con el estado. El concepto de nacionalidad contemplado en el Estatuto, que ha sido traído a colación en el debate, tiene su origen en el texto constitucional y, para el PSOE y, evidentemente para el PP, nunca ha sido entendido como el equivalente al de una nación sin estado, sino que se ha venido a identificar como una especie de plus de identidad socio-cultural, mayor que el que pudieran tener los habitantes de una región española.

Conviene no olvidar que para el PP, como para el PSOE, no hay disociación entre lo vasco y lo español. Lo vasco no está subordinado a lo español sino que es complementario del mismo. Es más, no se puede entender lo español sin lo vasco. Por tanto, cuando se sirve a lo español se sirve a lo vasco, al existir una identidad de sujeto y objeto. Se trata de una formulación ideológica que conduce a diluir lo vasco en el conjunto de la voluntad española. Por el contrario, el MLNV adopta el mismo objetivo, con un sentido inverso, e incluso el mismo procedimiento en su formalidad, mediante la defensa de un único sujeto titular del poder constituyente en el que se diluyan las sensibilidades, "menos abertzales", de los vascos de Iparralde, Nafarroa y Araba.

El Estatuto de Gernika se constituyó sobre el consenso en la definición de su entramado institucional y competencial, únicamente en su planteamiento jurídico-formal, pero sobre el disenso en su interpretación ideológico-conceptual. Para los constitucionalistas siempre ha sido una ley orgánica surgida, de y por la constitución. Para los que somos nacionalistas constituye un pacto político entre dos sujetos con identidad propia. En este sentido, no parece adecuado adoptar, en el discurso político nacionalista, una nomenclatura terminológica no compartida por el propio nacionalismo, como resulta cuando se plantea el cumplimiento del Estatuto desde su condición de ley orgánica.

La gran virtualidad del Estatuto no ha sido el que, por las fuerzas políticas que actúan en Bizkaia, Araba y Guipúzcoa, se haya compartido su definición político-jurídica, sino que, a pesar de esa divergencia irresoluble, por formar parte del núcleo central ideológico de cada parte, ha permitido al nacionalismo vasco construir un sistema político-institucional, con un contenido competencial, para los vascos de estos tres territorios, sin parangón desde el primer tercio del XIX. Su virtualidad ha derivado, no de la coincidencia, con las fuerzas de obediencia estatal, en su conceptuación, sino de que, a partir de la aceptación consentida en su formalización jurídica, el nacionalismo vasco ha podido servirse de los instrumentos jurídico-institucionales creados en su texto, para arrancar el nivel de autogobierno que disfrutamos. Y todo ello en un contexto político favorable, muy distinto al que tenemos hoy en día con una mayoría absoluta del PP: el de la transición política española. El consenso estatutario, por consiguiente, nunca ha existido sobre bases ideológicas que nunca han sido compartidas. Mucho menos en la idea de que el Estatuto no suponga un límite final a la voluntad de vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses, por aplicación de la disposición adicional única. Otra cuestión muy distinta es que los vascos podamos utilizar su plasmación legal, al margen de la disposición adicional primera del texto constitucional, para elaborar un mensaje político propio y, podamos aprovechar su cobertura jurídica, en un contexto favorable, a los efectos de seguir caminando hacia mayores niveles de autogobierno.

El planteamiento citado no solamente es un error, sino que del mismo se deriva la subordinación a las estrategias políticas del nacionalismo español y de ETA:

En relación a los primeros, porque se genera una dinámica política que permite, a los que se negaron al autogobierno vasco o solamente lo consintieron como instrumento útil para la pacificación de Euskal Herria, el crear un estado de opinión y un discurso político que de cobertura a lo que forma parte sustancial de su planteamiento ideológico: la limitación del autogobierno vasco e incluso su involución: ¿cómo vamos a dar más competencias a los secesionistas que pretender romper la unidad de España?, ¿cómo conformar un nuevo pacto que admita la soberanía del Pueblo Vasco, tal y como se reclama, -erróneamente en mi opinión-, cuando la soberanía nacional, por imperativo constitucional, reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del estado?. En este contexto no resulta extrañas tesis, como la de algunos líderes de partidos estatales, que acusan al lehendakari de buscar un escenario de ruptura del Estatuto para abrir el camino a la consulta soberanista. La confusión que resulta de la lectura del discurso que sirvió de base para el debate posterior, -un discurso cargado de buena voluntad, con claros aciertos, como en el coste social y económico que ha supuesto la falta de traspaso de las competencias estatutarias pendientes, pero con falta de claridad en lo que hace referencia a su contenido político esencial-, ha ayudado a los constitucionalistas a trasladar este mensaje, porque no se sabe si lo que se reclama es el cumplimiento del estatuto o la formalización de un nuevo pacto político. Lo que parece contrario al sentido común es que, por un lado, se denuncie el incumplimiento estatutario y, por otro, se reclame a esos mismo sujetos a los que se acusa, el que se considere al texto de Gernika como un punto de partida para construir un nuevo punto de encuentro que posibilite mayor niveles de autogobierno para los vascos de los tres territorios que conformamos la CAV. A uno le da a veces la impresión, -frecuente en los que de vez en cuando escribimos algo-, que nos recreamos tanto en la literatura, que perdemos de vista el objetivo final que se pretende alcanzar con el texto elaborado. Y en este sentido, tampoco resulta muy eficaz para conseguir un acuerdo político, para cuya conclusión debiera de haberse buscado al socialismo vasco, escenificar institucionalmente, un discurso lleno de agravios, con independencia de que puedan ser íntegramente compartidos por el que suscribe. No eran ni el sujeto ni el escenario adecuados. Ni siquiera el modo, puesto que parece, por lo que resulta de los medios de comunicación, que no se trató de pactar un mínimo acuerdo, previo al propio debate. En esas condiciones el pretendido se colocará siempre en una posición antagónica y no convergente, con lo que el fracaso resultará inevitable.

Al mismo tiempo, el planteamiento citado, se somete a la estrategia del MLNV cuando se formaliza la superación de ese marco jurídico político. Sostener, como así se ha interpretado, que el marco estatutario está políticamente agotado, en un entorno político hostil al desarrollo del autogobierno vasco, es conducirnos necesariamente a la frustración e introducirnos en la estrategia de la confrontación, con un régimen de mayorías insuficiente en el seno de la propia sociedad vasca, y al enfrentamiento con un sujeto que tiene un mayor poder político, mediático, jurídico e, incluso, por qué no decirlo, armado. La coherencia del discurso soberanista, que parece ser asumido por algunos, conduce a la quiebra del proyecto estatutario al denunciar su ineficacia y, en consecuencia, a la ruptura no solo del consenso político, sino también del consenso social. Nos lleva, irremediablemente, al enfrentamiento civil en el seno de nuestro pueblo, al que se utiliza por el MLNV como punta de lanza en el proyecto último de desestabilización del estado, sin que se hayan generado las mayorías sociales suficientes e integradoras, para defender, con garantías de éxito, un nuevo proyecto de convivencia política. No estamos ante una cuestión de valentía, como se planteaba por Batasuna, sino de responsabilidad y, en definitiva, de democracia.

La pregunta es: ¿qué tipo de iluminación conduce a algunos a sostener que es posible construir un nuevo consenso político con las fuerzas políticas de obediencia centralista, cuando son estas mismas fuerzas las que incumplen el texto de Gernika? ¿Es que es posible sostener que con un total de 604.000 votantes, que suponen el 42,73% de los votos emitidos, votantes con sensibilidades muy distintas en relación con la concepción nacional, tenemos una mayoría suficiente para formalizar una consulta popular que nos lleve a un objetivo todavía indefinido y, en definitiva, a un futuro incierto? ¿podemos, con independencia de la concepción abertzale que tenemos de nuestro país, diseñar un proyecto de laboratorio, al margen de nuestra realidad sociológica sin generar las condiciones que posibiliten el éxito político de nuestras propuestas?.

No es suficiente con que estas últimas tengan un indudable contenido democrático. Resulta preceptivo no confundir las propuestas de partido con las del gobierno, y no se puede pretender que, lo que constituye el núcleo central ideológico del nacionalismo vasco pueda ser asumido por el nacionalismo español. A estos efectos lo formal tiene más importancia que lo material, el continente más que el contenido, sin que la búsqueda de consensos formales pueda diluir, en su interioridad, el mantenimiento de la esencia del pensamiento nacionalista: la identidad política propia y diferenciada de nuestro pueblo como sujeto titular de derechos y obligaciones.

Finalmente se planteaba la constitución de una comisión parlamentaria de profundización de nuestro autogobierno. Lo primero que conviene subrayar es la desafortunada denominación. Profundizar implica partir de algo consolidado y, es obvio, que el Estatuto dista mucho de ese objetivo. En segundo lugar, tal y como certeramente se recordó, el Parlamento Vasco ya ha definido su posición en el Informe sobre prioridades de transferencia que, con los votos favorables del PP y PSOE, realizó en 1995, por lo que la cobertura parlamentaria para las legítimas reclamaciones que se formulan ya existe. No hay necesidad, por tanto, de hacer un punto y a parte, ni siquiera de un punto y seguido. En tercer lugar, una comisión de esa naturaleza sin la participación, cuando menos del PSOE, está condenada a la ineficacia y a plantear un escenario frentista, que interesa al PP y al que la incorporación de IU al Gobierno ayuda a quebrar, resultando, sin embargo, todavía insuficiente. Y finalmente, puestos a escenificar, resulta mucho más sugerente, en orden a avanzar en el cumplimiento estatutario, la propuesta realizada por el Gobierno en la negociación del Concierto, consensuada con las tres diputaciones, de las que una es de obediencia popular, dirigida a la formalización de las comisiones negociadoras y, singularmente, las juntas arbitrales en orden a evitar la judicialización de las divergencias políticas, sobre todo si tenemos en cuenta la composición del TC.

En el debate al que estamos haciendo referencia se ha incurrido, por otros, en el error conceptual consistente en reclamar el reconocimiento constitucional del derecho de autodeterminación como requisito previo para su ejercicio, con lo que se ha quebrado aquel principio, tan certeramente expuesto por EAJ-PNV, en la sesión que con el citado objeto se celebró en el Parlamento, consistente en sostener que formular esa solicitud, supone otorgar una legitimidad que no tienen las Cortes Generales para decidir sobre el futuro de nuestro pueblo. La autodeterminación es un derecho cuya titularidad corresponde al sujeto político que lo ejercita. Los vascos de Bizkaia, Araba y Guipúzcoa ejercitaron el derecho de autodeterminación en el referéndum estatutario, como lo ejercitan en cada proceso electoral, en la que manifiestan su voluntad de manera democráticamente expresada. Si en algún momento, entendemos que debemos avanzar hacia otras figuras, incluida la independencia con la constitución de un estado propio, la limitación de ese ejercicio por los poderes del estado será una acción de fuerza, pero no de derecho. Por tanto, solicitar la constitucionalización de la autodeterminación, no añade, sino que entorpece y perjudica el proyecto nacionalista, tanto desde una perspectiva ideológica como estratégica. Ningún estado tiene reconocida constitucionalmente la autodeterminación, sin que los casos de las extintas URSS y Yugoslavia puedan ser tomados como referencia. El reconocimiento constitucional de la autodeterminación supone atentar contra un elemento constitutivo del estado, cual es, el de la integridad territorial y, por tanto, por definición, el estado no está en condiciones de aceptar lo que pueda limitar su propia existencia. El estado es una forma política que no ha sido atemporal ni universal, sino que ha surgido en un tiempo, en torno al siglo XVI, y en un espacio, el occidental europeo. Lo que resulta más propio es avanzar hacia formas de desnaturalización del estado mediante la creación de figuras políticas más democráticas, más participativas, con mayores mecanismos de control político, que no enviar cargas de profundidad que atenten directamente contra su línea de flotación, lo que, en ningún caso van a aceptar, ni el español, ni el francés, ni cualquier otro. Por tanto, desde una perspectiva política, resultan más eficaces y posibilistas proyectos que lleven hacia una mayor presencia comunitaria en la Unión europea. La libertad de nuestro pueblo es una labor generacional en la que habrá que utilizar los instrumentos políticos, económicos y culturales que dispongamos en cada momento, para potenciar aquellos rasgos que nos dan una mayor identidad, prioritariamente el euskera; extender y desarrollar fórmulas jurídico-privadas y jurídico-públicas que nos diferencien; crear estructuras administrativas propias, que no supongan una mera copia de los sistemas de función pública del estado, y; sobre todo, formar a nuestra juventud, hacerla políglota, abrirla al mundo y que salga del país con conciencia de su identidad. La legislación básica de naturaleza reglamentista, con independencia de su ilegalidad, ciertamente nos limita, pero uno tiene la impresión de que no estamos sabiendo generar procedimientos, más allá de los cauces reglados. Se espera algo más de autocrítica y de imaginación, si fuera posible. En este sentido, me pregunto, por ejemplo, si estamos sabiendo recurrir a aquellos vascos con mayor proyección en el área económica, científica, y cultural, para conseguir, a su vez, un presencia más activa del Lehendakari, aunque fuera por cauces informales, en el escenario internacional, en orden a dar a conocer nuestra causa.

Debe tenerse también presente que el recurso a la voluntad popular no es populismo. Siempre que uno lee críticas en ese sentido, no puede evitar recordar posiciones, no tan lejanas, de quienes llevados por una concepción mesiánica del poder político, defendían el sufragio censitario. Frente a esa concepción platónica, afortunadamente la sociedad occidental ha asumido las tesis aristotélicas. Pero también es un error el entender que solo el referéndum es el instrumento para medir esa voluntad. Y lo que carece de sentido, como no sea para crear fuegos de artificio, que generan recelo y desconfianza y dificultan el entendimiento, es reclamar el derecho a formalizar esa consulta si no existe intención de proceder a su ejercicio ni se dan las condiciones para ello.

Finalmente, aprovecho estas líneas para mostrar mi divergencia sobre una tesis sostenida, que me ha llamado poderosamente la atención por la identidad de su mentor, muy próximo a posiciones de gobierno bajo el anterior Lehendakari. Estoy en absoluto desacuerdo con la interpretación de que los constitucionalistas llevan a cabo una defensa a ultranza de la ley y que el nacionalismo se atrinchera en el iusnaturalismo, en la existencia de unos derechos que se encuentren disponibles al margen de la historia y de la legalidad. Esta posición parte del prejuicio de entender que solo es jurídico lo positivo y que la interpretación de lo positivo y, por tanto de lo conforme a derecho, les corresponde en exclusiva a los constitucionalistas. Frente a la concepción que sitúa lo jurídico en el ámbito de lo coactivo y que es más propia de los privatistas, uno se posiciona en la de entender, a la manera aquiniana, que nunca puede ser jurídico lo que atenta contra los conceptos de libertad, igualdad y dignidad, que forman parte de nuestro acervo cultural y tienen su origen en la civilización judeo-cristiana. Para ello existe la noción de la legitimidad. Y lo que no se debe olvidar es que esta última precede a la legalidad, o dicho de otra manera que no hay una identidad de razón entre ambos conceptos, de manera que sólo lo legal es legítimo o incluso que la legalidad es el instrumento para medir la legitimidad, lo que nos lleva necesariamente a justificar la validez del estado autoritario. Por tanto, ni los constitucionalistas tienen el monopolio en la interpretación del derecho, ni su voluntad es la única legitimada. Y desde la perspectiva de lo legítimo, mientras hay argumentos, más que suficientes, para sostener que la constitución del 78, un buen texto por otra parte, fue contestada por nuestro país, lo que no cabe ninguna duda es de la legitimidad democrática de nuestro Estatuto.

Ciertamente estamos ante una cuestión de voluntad política en relación con el cumplimiento estatutario, pero el problema reside en definir una estrategia política propia, diferenciada, que no caiga en la polarización liderada por el PP y el MLNV y, esa estrategia ha de partir de un principio básico fundamental: el que en política la línea recta no es la distancia más corta entre dos puntos.

 

Kepa Bilbao Gaubeka