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CONTRA EL SOBERANISMO

Una breve aproximación histórico-conceptual

Recientemente el Círculo de Empresarios Vascos, en un manifiesto titulado: "Crispación y violencia", decía que "el planteamiento de la cuestión soberanista, así como su utilización partidista, constituye ya un elemento de confusión que en nada beneficia, sino todo lo contrario a la actividad económica y, en definitiva, a las empresas vascas cuyo papel sigue siendo decisivo para la construcción de una sociedad moderna y justa. Pedimos, además, que se realice un análisis objetivo y serio, para el que nos brindamos, de la gran interdependencia que existe entre las empresas y la economía del País Vasco y la del resto del Estado, así como del coste económico y social de las posibles alternativas. Si en su día se planteó la cuestión del "coste de la no Europa", hoy también cabría plantear el coste de "la no España"

Por otro lado, ELA, en su X Congreso Confederal, se muestra partidario de la plena soberanía, haciendo a la sociedad protagonista del proceso soberanista y planteando un proceso en el que no haya "marcos constitucionales, ni medidas fácticas coercitivas que puedan neutralizar este proceso irreversible, en la medida en que el soberanismo alcance un nivel de compromiso y calado suficiente"

Sirvan estas citas de sujetos, pertenecientes al orden de lo económico, como un, a modo de disculpa y un referente paradigmático, para poner de manifiesto las divergencias que se están operando en el estéril debate soberanista y, recordar, de manera breve y sintética: los orígenes del concepto, su posterior evolución y las dificultades que se derivan de su aceptación, a los efectos de la elaboración de una adecuada estrategia política, a juicio del autor, que haga efectiva la recuperación de las libertades vascas.

Cuando Jean Bodin, en el siglo XVI, formalizaba el concepto de soberanía, como el punto de llegada de un largo camino que se había iniciado en la Alta Edad Media, para perfilar un poder absoluto y concentrado en manos de un monarca omnipotente, es seguro que no sospechaba, los problemas que iba a acarrear este concepto a la doctrina política. Bodin nos presentaba sus caracteres principales: un poder absoluto, incondicionado, irresistible, imprescriptible, indivisible y perpetuo. No obstante su tesis de la soberanía del estado, personificada en la persona de un monarca con la plenitudo potestatis, con capacidad legislativa y no vinculado por su propia producción normativa, venía todavía mitigada por las limitaciones que, en su doctrina surgían, del respeto a la ley de Dios y la de la naturaleza, las leges imperii y la propiedad privada. Venía a ser, por consiguiente, un absolutismo de transición, dirigido a robustecer la posición del monarca, como paso previo al real absolutismo monárquico. Una doctrina dirigida a fortalecer, en la persona del monarca, un poder total, con el objetivo de que Francia recuperara el prestigio perdido como consecuencia de las guerras de religión y se forjase la unidad de los franceses.

En efecto, en el paulatino proceso de configuración del estado monárquico a lo largo de la Baja Edad Media, el poder del Príncipe se fue consolidando en el enfrentamiento que mantuvo con los que le negaban su poder. En la Alta Edad Media, el rey no era más que una especie de "primun inter pares" que va a tener que enfrentarse a la Iglesia, a la idea de imperio y al poder feudal, en orden a consolidar su poder político.

Los señores feudales y las ciudades libres se colocaban frente al poder del rey, sin quedar sometidos a las órdenes del mismo, evitando, por otra parte, la relación directa de aquél con el pueblo. Mientras en Inglaterra se produce la subordinación de todo el pueblo a su dominio desde tiempos de Guillermo el normando, en Francia se siguió otro camino. La monarquía francesa propuso extender la dominación real hasta donde la fuera posible, en un proceso que comenzó en el s. XII con Luis VI. Con el aumento del dominio real aumenta también la fuerza del rey frente a los barones. El rey adquiere el poder supremo de justicia y asume, igualmente para sí, el poder legislativo y el de policía. A finales del s. XIII aparece, por primera vez, el principio de que el rey era soberano de todo el reino de los barones a quienes también se llamaba soberanos.

De esta forma la teoría, a través de la doctrina absolutista y la práctica, van a hacer al rey y, por tanto, al estado, puesto que rey y estado en el absolutismo monárquico se identifican, independiente del derecho de dominación de los señores.

En relación con la iglesia, los papas del período, en su mayor parte libertinos, recurrieron para sostener su primacía, a la doctrina de la designación que Cristo hizo de San Pedro como su sucesor y que de éste pasaba a sus sucesores en el poder de la Iglesia, sin distinción en cuanto a la naturaleza del poder que se les legaba, si temporal o espiritual. Frente a esta idea de la primacía papal, el imperio –singularmente Justiniano- opuso justamente la tesis contraria: el hecho de que los emperadores recibieran su poder de Dios les daba autoridad para gobernar el imperio, no solo desde una perspectiva seglar, también religiosa. La monarquía en orden a afirmar su poder frente al emperador, va a elaborar, entre los siglos XIII y XIV, por influjo de los juristas, la fórmula consistente en que "rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator", esto es, que el rey no admitía en su reino un poder superior del emperador, al ser el suyo igual al de este último. Del mismo modo, su independencia respecto de ese poder temporal eclesiástico va a venir, de la separación de ambos órdenes, e, incluso, de la subordinación de lo espiritual a lo temporal, lo que se va a operar con especial intensidad en la doctrina política hobbesiana: "rex in temporalibus superiorem non recognoscens".

En efecto, Thomas Hobbes, va a liberar a la doctrina de la soberanía de las limitaciones a las que le había sometido Bodin, y nos va a presentar un Estado todopoderoso, irresistible, no sujeto a ningún principio de legitimidad, salvo el que resulta de garantizar la seguridad de los súbditos. Un "Leviathan" al que pertenece en exclusiva la soberanía, al que todos los individuos se subordinan, en un pacto de todos con todos, irrevocable e irresistible. No hay formas de estado, únicamente existen las formas de gobierno, en función de en quién se residencie la soberanía. Del mismo modo pierde sentido la distinción, de origen aristotélico, entre formas puras e impuras, según cómo se proceda al ejercicio del poder político. La soberanía, aparece de esta forma configurada con las notas características que Mortati sintetizó: la supremacía en el orden interno y la independencia en el externo.

De lo recogido, de manera extremadamente sintética, hasta ahora, pueden obtenerse cuatro conclusiones en torno a la soberanía:

1.- Que es una categoría histórica, desconocida para los clásicos que únicamente manejaron el concepto de autarquía

2.- Que surge con el estado monárquico absolutista, lo que supuso su asociación a un modelo centralista y centralizado del estado

3.- Que tiene naturaleza dogmático-formal, lo que la presenta como una verdad irrefutable no susceptible de ser sometida a prueba ni contradicción

4.- Que es una categoría abstracta: si existen limitaciones para el poder del estado, estas limitaciones son de orden material pero no de naturaleza conceptual

Además de la teoría de la indivisibilidad de la soberanía surgen dos consecuencias:

1.- que cualquier sujeto en quien resida, sea singular como el rey, sea plural como el pueblo, o colectivo como la nación puede ser tan absoluto como cualquier otro.

2.- que conduce necesariamente al unitarismo político.

El estado liberal que adopta la forma de estado-nación, únicamente nos cambia el sujeto en el que se residencia la soberanía. De una soberanía personificada en el monarca, se eleva el grado de abstracción para situarla en la nación, concepto entendido no como la suma de las voluntades individuales de una comunidad política, sino como una categoría abstracta que reúne en su seno a los que, por su formación o por sus rentas, son los llamados a personificar la voluntad nacional. La nación política, ese plebiscito de cada día, tal como la definió Renan, se olvida de los elementos que le dan identidad, singularmente la lengua, se construye a partir de una amnesia impuesta y se conforma como una doctrina dirigida a defender los intereses de la burguesía, que autollamada a ser la clase social que tiene en sus manos la salvación de la patria, es la única que puede interpretar correctamente su voluntad.

El revolucionarismo francés, que influyó de manera determinante en el liberalismo español, encontró, sin embargo, la más refinada expresión de un modelo despótico de organización del poder político, en el concepto de la soberanía popular, cuyo principal impulsor fue Rousseau. La tesis de este autor consistía en que, para constituir una auténtica comunidad, resultaba necesario que cada uno entregara todos sus derechos, sin exclusión, a esta última. La enajenación de los derechos tenía que ser total, porque, sólo de esta manera, se hacían posibles la igualdad y la seguridad entre los hombres. El hombre natural devenía en un ciudadano artificial. Además el asociado solo era libre si obedecía a la voluntad general, que resultaba ser distinta de la voluntad de cada individuo en particular y, también, distinta de la suma de las voluntades individuales. La voluntad general sólo surgía cuando los ciudadanos eran virtuosos o, cuando menos se dejaban guiar por el patriotismo. Por tanto, la libertad solo se hacía realidad cuando cada ser humano daba preferencia a la voluntad general sobre sus inclinaciones particulares. Frente a un concepto de libertad amoral propio del primer liberalismo, aparece la noción de la libertad entendida como la subordinación del interés particular al general, que era el que le daba sentido.

En el modelo de Rousseau la soberanía no era sino el ejercicio de la voluntad general. Nuevamente nos es presentada por este autor, siguiendo el modelo de Bodin, como inalienable, indivisible, absoluta e infalible. Por tanto el poder no tiene límites, no se puede dividir ni enajenar y, además no se equivoca. Dado que la voluntad general se expresaba necesariamente por la ley, el derecho se convierte en instrumento del titular del poder político, que es ejercido por el que tiene la función de legislador. Aquél que sea el titular legitimado para interpretar el interés general, para definir el bien común, es el que va a terminar detentando el poder político. De nuevo, la soberanía se convierte en la doctrina que justifica un modelo absolutista, concentrado y, en definitiva, despótico del poder político, caracterizándose, por la constitución francesa de 1791, como indivisible, inalienable e imprescriptible.

No es de extrañar que, en este contexto ideológico, los revolucionarios franceses, movidos por un afán igualitario y, empujados por una concepción mesiánica de su causa, cometieran un sinnumerable conjunto de actos de violencia imperialista contra las pequeñas nacionalidades: un único gobierno, una única administración, un único idioma, unas únicas leyes. Sólo existirán el pueblo francés y la lengua francesa. El proceso uniformizador culminará el 16 de Diciembre de 1792 fecha en la que la Convención decreta la muerte para todos los que atenten contra la unidad de la República francesa.

La Revolución Norteamericana y la Constitución resultante de la misma, aprobada por la Convención el 17 de septiembre de 1787, inauguran el estado constitucional y el estado federal, que producen la quiebra del concepto soberanista. No deja de ser llamativo que, ni en el texto constitucional, ni en la propia Declaración de Independencia de 4 de julio de 1776, se haga ni una sola apelación al concepto de soberanía, a pesar de que, gran parte de ésta última, está dirigida a poner de manifiesto la injusticias que el Rey de Gran Bretaña había cometido contra el Pueblo de los Estados Unidos.

La aparición del estado constitucional, con independencia de instaurar el principio de supremacía constitucional, lleva también a la realidad jurídica el principio de separación de poderes, lo que quiebra la idea de soberanía como poder absoluto y va a hacer necesaria una nueva redefinición dogmático-formal de este concepto.

La relectura de la noción de soberanía va a llevar a interpretarla como aquella capacidad que tiene el estado de limitarse jurídicamente. Si para el estado existen limitaciones serán de naturaleza material pero no de orden jurídico-formal. La soberanía, tal como la entiende, entre otros Jellinek, vendría a ser como la capacidad de autodeterminación jurídica de la voluntad estatal, que implica la posibilidad que tiene el estado de autoobligarse. Surge así la teoría del poder constituyente, de cuya elaboración seguimos siendo deudores de Carl Schmitt y que desde él nos ha llegado hasta nuestros días. El estado se configura como un sujeto político que precede al derecho, que no surge de éste último, el cual se revela como un arma de dominación y de poder que lo garantiza. El texto constitucional se convierte en el instrumento que da expresión jurídica a aquél que se designa a sí mismo como legitimado para definirse y limitarse jurídicamente. Lo que, sin duda, da expresión democrática a un estado uniforme, proporciona cobertura jurídica para el ejercicio del poder político mayoritario en un estado plural, compuesto por una diversidad de pueblos, con lo que puede convertirse en un instrumento de dominación, si no es aceptado, voluntariamente, por las minorías residentes en ese estado. Pero lo que importa subrayar es que, tanto en un caso como en otro, la definición del titular constituyente es una definición prejurídica, tiene naturaleza exclusivamente política, y, además, no cabe otra forma posible de formulación. De esta forma el estado corresponde al orden de lo fáctico, es una categoría de poder de naturaleza universal, pero también histórica, puesto que nace con el absolutismo monárquico y, la soberanía, aparece como el concepto que sirve para dar expresión de ese poder que se afirma hacia dentro, en la capacidad del propio estado de afirmarse jurídicamente y, hacia fuera, en la negación de otras voluntades jurídicas que puedan limitar la propia voluntad estatal.

Líneas arriba, sosteníamos, que el texto de 1787, inaugura también la forma jurídica del estado federal. La discusión sobre la naturaleza jurídica del estado federal ha sido, fundamentalmente, una discusión entorno al concepto de soberanía, de tal forma que, en orden a mantener la utilidad de su formulación, se van a construir varias teorías:

a.- La teoría de la doble soberanía (o cosoberanía), en virtud de la cual, dentro de la esfera de su competencia la federación es soberana del mismo modo que lo son los estados en las que no han transferido a la federación. Nos encontramos ante dos poderes iguales y coordinados. Es evidente que esta teoría entra en contradicción con el carácter absoluto e indivisible de la soberanía.

b.- Teoría que niega la realidad jurídica del estado federal y lo asimila a la confederación. Doctrina mantenida en América por John C. Calhoun, para defender la forma de vida de los estados del sur frente a los del Norte y, en Alemania, por Max Von Seydel para defender Baviera frente al Reich. La soberanía es única, dividirla es destruirla. Por tanto, o bien reside en el poder central o, en los estados. En el primer caso tenemos un estado unitario, en el segundo una confederación. La constitución federal no es ni por su contenido, ni por su origen, una ley, sino que es un pacto. El poder federal no es un poder supremo, sino un poder común a todos y cada uno de los estados.

c.- Teoría que afirma como único al estado federal. La soberanía es indivisible, aunque pueda limitarse su ejercicio internacional o constitucionalmente. Para Treitschke, sin soberanía no hay estado y lo que le caracteriza es el derecho a la fuerza armada.

d.- Teoría que afirma que la federación es el único al estado soberano pero que no niega a los miembros el carácter de estados. Teoría iniciada por Laband que consideraba la soberanía indivisible y la reconocía, únicamente, a la totalidad de los estados alemanes miembros, esto es, al estado federal, si bien reconocía la condición de estados a los estados federados, con lo que, implícitamente, estaba manifestando que la soberanía no era una condición necesaria, un atributo imprescindible, de la estatalidad. Otros autores como Jellinek, van a seguir esta misma concepción manteniendo que, los estados federados tienen esta naturaleza estatal cuando obran dentro de la esfera de su competencia.

e.- La teoría de las tres entidades estatales. Albert Hänel manifestó que la soberanía, en un estado federal, no residía en el conjunto de los Estados federados, ni en éstos, en sí mismos considerados, sino más bien en la totalidad de ambos. Otto von Gierke residenciaba la soberanía en la persona total compuesta de los Estados miembros del estado federal y de su conjunto. Finalmente es conocido que Kelsen identifica al estado como persona jurídica con el ordenamiento jurídico vigente . Desde esta concepción, para Kelsen, en la federación, los estados miembros no están subordinados sino coordinados en relación con el poder federal, surgiendo tres estructuras jurídicas:

- La constitución conjunta, única soberana, que comprende la constitución federal y los principios fundamentales de las constituciones de los estados miembros.

- El orden jurídico federal formado por las normas jurídicas de su competencia

- El orden jurídico de los estados miembros formado por las suyas

Las desventajas que se derivan de la utilización de concepto de soberanía son, de esta forma evidentes, en cuanto que lo soberano se define en oposición a otro sujeto, lo que, necesariamente, conduce a la confrontación; plantea una categorización absoluta del ejercicio del poder político frente a su democrática compartimentización; prescinde de las limitaciones materiales al ejercicio del poder y; se convierte en referente dogmático, para dar cobertura jurídica a un sistema político que ignora la voluntad de las minorías existentes en el estado, el cual, a su vez, es una categoría histórica y, por tanto, ni permanente ni inmutable, porque de todos es sabido que el estado es una obra, fundamentalmente de la modernidad, que se encuentra en claro declive. Incluso, tal y como hemos podido analizar, su propia definición conceptual, adolece de una mínima claridad, a los efectos de dotarla de un contenido comúnmente compartido.

De ahí que no hayan faltado autores que, tanto desde el socialismo utópico, como desde la democracia cristiana, hayan manifestado su oposición al mantenimiento de la soberanía como concepto político. Así Duguit que dice que la soberanía está en crisis y que la idea del estado soberano ha fenecido, sin que exista la posibilidad de explicar humanamente la existencia de una voluntad soberana o, Maritain, que identifica soberanía y absolutismo y mantiene que, puesto que ambos conceptos fueron fijados conjuntamente, ambos conceptos deben desaparecer.

Es imposible en este espacio reducido, -ya suficientemente agotado por haberse sobrepasado, en exceso, lo que es una extensión adecuada para un artículo político-presentar de una manera, mínimamente correcta, la idea de la soberanía. Creo que también resultaría ilustrativo poner de manifiesto, a qué concepto de soberanía aparece apegado el texto constitucional español. Resultaría excesivamente presuntuoso y, probablemente, más tedioso aún, el texto redactado. En cualquier caso, a la luz de esta exposición doctrinal, para el autor se derivan un conjunto de conclusiones extrapolables a la situación política en que se encuentra Euskal Herria:

Una primera consistente en que soberanizar la causa de la libertad de nuestro pueblo es un planteamiento político reaccionario, porque que nos conduce a un modelo político en claro retroceso, un modelo caduco, que tuvo su máximo apogeo en la segunda mitad del XIX y la primera del XX, pero que en la actualidad se encuentra con claras señales de decadencia.

En segundo lugar resulta inaceptable desde una perspectiva estratégica. Es, en sí mismo, antiabertzale, -permítaseme la rotundidad como licencia literaria-, porque nos lleva directamente al enfrentamiento, a la oposición, con un adversario política, económica, jurídica, social, mediática e incluso, armadamente, muy superior.

Y, finalmente, como planteamiento táctico, resulta antidemocrático, al ignorar la pluralidad y diversidad de los territorios y ciudadanos que componen nuestro País, en la actual coyúntura histórica. Frente a un proceso revolucionario a la francesa, el autor se encuentra mucho más cerca del modelo revolucionario-reformista anglosajón, que vaya integrando en el tiempo y en el espacio, a sucesivas generaciones de vascos, en lo que son sus principales señas de identidad, singularmente el euskera, sobre todo, teniendo, como tenemos, los instrumentos para llevar a cabo este objetivo.

Al principio de esta líneas poníamos, como referentes paradigmáticos, un par de textos, de agentes pertenecientes al ámbito de lo económico. Bodin, entre los atributos de la soberanía, establecía el de la acuñación de la moneda. Nos quedan escasos días para la entrada en vigor del euro. Tal como, recientemente, recordaba, el que fue presidente de la Comisión europea, Jacques Delors, en el diario El País, uno de los principales atributos de la soberanía desaparece. La política monetaria deja de ser competencia de los estados. Recientemente, también Bélgica, no sin revuelo en el propio estado, designaba para su representación, en una comisión económica que en estos momentos no estoy en condiciones de precisar, a un representante de una de las comunidades que la componen. Día a día estamos comprobando las dificultades que está teniendo nuestro gobierno, en la negociación con el gobierno español, en orden a que se acepte una presencia vasca en la Unión Europea, cuando se traten cuestiones que afecten al Concierto Económico. El camino es largo, abrupto y lleno de dificultades. Pero éste es el camino. El de la negociación permanente, el de la constancia y la perseverancia, el del posibilismo histórico, el de la confrontación democrática, el de la integración comunitaria. No el de la absolutización, la dogmatización, la imposición y la fuerza, en definitiva el de la soberanización.

Kepa Bilbao Gaubeka

 

1 CIRCULO DE EMPRESARIOS VASCOS, Crispación y violencia, El Correo, 15 de noviembre de 2001

2 ELA, X Congreso Confederal. Documentos, 5 Ámbitos y contenidos de nuestra propuesta, 05.220, pag. 79

3 En lo que hace referencia a la monarquía hispánica, los fundamentos de la soberanía se van a encontrar en la legislación bajomedieval, fundamentalmente en la castellana, que va a acudir incluso al teocratismo político presentando a los reyes, en Las Partidas de Alfonso X, como vicarios de Dios y a un iuscentrismo sosteniendo en la persona del monarca el monopolio en la producción legislativa y, justamente por la misma, su no vinculación a lo dispuesto en la ley. El rey lo va a ser por la gracia de Dios.

4 No deja de ser significativo que para este autor soberano es quien decide sobre el estado de excepción